¡Cuánto nos cuesta mantener a los ricos!

Por Claudio Lozano (economista, ex diputado, presidente de Unidad Popular) y Ana Rameri (economista, coordinadora del IPyPP)

1. La motosierra visible y la deuda invisible

Desde que asumió Milei, el ajuste fiscal fue presentado como la prueba central del ordenamiento de las cuentas públicas. Sin embargo, los datos de ejecución presupuestaria muestran una dinámica mucho más problemática. El Gobierno logra exhibir superávit sobre la base de un recorte muy profundo del gasto primario, pero al mismo tiempo acumula intereses capitalizados que no aparecen como gasto pagado y que incrementan silenciosamente el stock de deuda pública. Durante el primer trimestre de 2026, el Sector Público Nacional informó un superávit financiero de $1,7 billones, equivalente al 0,2% del PBI. Pero si se consideran los intereses devengados y capitalizados de instrumentos como LECAP, BONCAP y LEFI, que superaron los $12 billones en apenas tres meses, ese resultado cambia de signo. En lugar de un superávit financiero efectivo, aparece un déficit superior a los $10 billones, oculto detrás de una contabilidad de caja que no registra como gasto aquello que se transforma en nueva deuda.

En el mismo período, el gasto primario (previo al pago de los intereses) volvió a caer en términos reales, con una baja interanual del 5,1%. Pero esa comparación contra 2025 ya parte de una base muy deteriorada, por lo cual, si se toma como referencia el primer trimestre de 2023, el cuadro es mucho más grave: el gasto primario se ubica 31,3% por debajo en términos reales. Es decir, la motosierra, no solo fue el gesto inaugural sino una nueva forma de funcionamiento del Estado.

El recorte acumulado atraviesa prácticamente todas las funciones públicas. Los programas sociales cayeron 30,6% real interanual y 61,4% respecto de 2023; los salarios públicos retrocedieron 8,2% interanual y 29,1% contra 2023; las asignaciones familiares perdieron 9,6% en el año y 22,7% frente a 2023; las pensiones no contributivas disminuyeron 3,1% interanual y 21,8% respecto de 2023; los subsidios al transporte cayeron 31,5% en el año y 48,9% contra 2023; los gastos de capital se redujeron 25,9% interanual y 86,6% frente a 2023, configurando en los hechos la virtual desaparición de la obra pública nacional. A ello se suman los recortes en otros gastos de funcionamiento, que perdieron 22,9% en el año y 46,4% contra 2023, y en las transferencias corrientes a provincias, que retrocedieron 38,4% interanual y 66,2% respecto de 2023.

Incluso las partidas que muestran alguna mejora interanual continúan muy por debajo del nivel previo al cambio de gobierno. Las jubilaciones y pensiones contributivas crecen 2,2% real contra el primer trimestre de 2025, pero permanecen 10,7% por debajo de 2023, en parte porque la fórmula de movilidad recompone parcialmente el haber, pero no alcanza del mismo modo al bono complementario. Las transferencias a universidades suben 32,6% interanual, empujadas por una base de comparación extraordinariamente baja, pero siguen 20,6% por debajo de 2023. Los subsidios a la energía también muestran un rebote interanual, asociado al pago de deudas acumuladas hacia fines de 2025, aunque permanecen 58,1% por debajo del nivel de 2023.

Estas cifras no son solo contabilidad pública. El recorte de subsidios al transporte y la energía se tradujo en aumentos de boletos y tarifas que alteraron de manera directa el presupuesto de los hogares. Según el Observatorio de Tarifas y Subsidios IIEP, en el AMBA, hacia mayo de 2026, una familia necesitaba casi $250.000 mensuales para cubrir luz, gas, agua y transporte público; desde diciembre de 2023, la canasta de servicios públicos acumulaba una suba cercana al 800%, muy por encima del aumento general de precios. El ajuste del gasto también aparece en la vida cotidiana como deterioro de prestaciones para personas con discapacidad, crisis de financiamiento en universidades, pulverización del salario docente, menor cobertura de medicamentos, tensiones en el PAMI y pérdida real de ingresos para jubilados. En otros términos, lo que en la planilla fiscal figura como “ahorro” se expresa socialmente como encarecimiento de la vida, pérdida de derechos y deterioro de servicios públicos esenciales.

2. El ajuste se muerde la cola

El programa económico de Milei encierra una trampa fiscal porque mientras promete ordenar las cuentas públicas, debilita las bases materiales que sostienen la recaudación. La recesión, la apertura comercial, la desindustrialización, la apreciación cambiaria, el deterioro salarial y la depresión del consumo interno erosionan los ingresos tributarios del Estado. El ajuste del gasto público no opera por fuera de esa dinámica, sino que la refuerza ya que, al recortar jubilaciones, salarios estatales, obra pública, transferencias, programas sociales y subsidios, reduce todavía más la demanda y profundiza el enfriamiento de la actividad.

Esta dinámica golpea con especial fuerza porque la estructura tributaria argentina descansa en buena medida sobre impuestos ligados al consumo y a los ingresos laborales. El IVA, los aportes y contribuciones a la Seguridad Social y Ganancias tienen un peso mucho mayor que los impuestos patrimoniales. Por eso, cuando caen el consumo, la actividad, la masa salarial y el empleo formal, la recaudación se resiente de manera directa. Esto indica que el sistema tributario, además de regresivo, es procíclico porque recauda menos precisamente cuando la economía se contrae.

Los datos de 2026 muestran que, entre enero y mayo, los recursos tributarios nacionales cayeron 4,7% real interanual. La comparación con 2023 confirma que no se trata de una oscilación puntual, ya que en mayo de 2026 la recaudación total se ubicó 6% por debajo de mayo de 2023 en términos reales. La caída fue particularmente fuerte en Bienes Personales (-63,4%), Derechos de Exportación (-55,6%), Ganancias Aduanero (-55%), IVA Aduanero (-46,3%), Impuestos Internos Coparticipados (-43,3%), IVA total (-26,7%) y Seguridad Social (-2,9%).

Esta dinámica indica que, además del impacto negativo de la recesión sobre las bases tributarias, el cuadro fiscal se agrava por la decisión oficial de resignar recursos sobre sectores de alta capacidad contributiva, aliviando a exportadores, grandes patrimonios y grandes negocios.

3. Los ricos cuestan caro

Mientras el Gobierno presenta el ajuste como una obligación inevitable, adopta decisiones que reducen la carga tributaria sobre patrimonios altos, sectores exportadores, consumos de lujo y grandes proyectos de inversión.

El caso de Bienes Personales es uno de los más claros. La Ley 27.743 redujo gradualmente las alícuotas del principal impuesto nacional sobre el patrimonio, llevando la alícuota máxima de 1,50% en 2023 a 1,25% en 2024, 1% en 2025 y 0,75% en 2026, para confluir finalmente en una alícuota única y plana de apenas 0,25% a partir de 2027. A esto se suma el beneficio para “contribuyentes cumplidores”, consistente en una reducción de 0,50 puntos porcentuales en la alícuota respectiva para los períodos 2023, 2024 y 2025. La pérdida de recaudación estimada alcanza el 0,3% del PBI. Además, el Régimen Especial de Ingreso de Bienes Personales (REIBP) permite adelantar el pago de varios períodos y otorga estabilidad fiscal hasta 2038 frente a Bienes Personales y cualquier otro tributo nacional que grave el patrimonio.

La misma orientación aparece en los derechos de exportación y en los impuestos internos. Durante 2025, el Gobierno avanzó con rebajas transitorias, reducciones permanentes y esquemas de retenciones cero para distintos complejos exportadores. El costo fiscal de la eliminación transitoria de retenciones para acelerar liquidaciones fue estimado en USD 1.500 millones, equivalente a 0,22% del PBI, mientras que la reducción permanente de alícuotas para los principales complejos agropecuarios implica un costo estimado de 0,27% del PBI. A ello se sumó la baja de impuestos internos a autos y bienes suntuarios, mediante la elevación del mínimo exento y la reducción o suspensión de alícuotas, con una pérdida de recaudación estimada en 0,07% del PBI.

El paquete se completa con blanqueos, moratorias, eliminación de tributación sobre ciertas operaciones patrimoniales y el debilitamiento de herramientas de fiscalización. La regularización de activos ofreció condiciones favorables para exteriorizar patrimonios no declarados; la moratoria tributaria, aduanera y previsional permitió regularizar deudas vencidas con beneficios; y las reformas en materia penal-tributaria (asociadas coloquialmente a la búsqueda de una «inocencia fiscal») redujeron controles, elevaron montos mínimos para la configuración de delitos tributarios, acortaron plazos de prescripción para contribuyentes cumplidores y limitaron requerimientos de información patrimonial por parte de la nueva ARCA.

Otro caso paradigmático es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) completa esta arquitectura de privilegios. El RIGI otorga beneficios impositivos, aduaneros, cambiarios y jurídicos a grandes proyectos de inversión, con estabilidad fiscal por 30 años. Su costo fiscal anual fue estimado en USD 1.800 millones, equivalente a 0,27% del PBI. Además, habilita una lógica de enclave caracterizada por grandes proyectos con reglas tributarias, cambiarias y jurídicas excepcionales, distintas a las que rigen para el resto del entramado productivo. Más aún, el proyecto de ley del “Súper RIGI” profundiza esa orientación y muestra la intención de extender la lógica de los enclaves fiscales hacia nuevas industrias, infraestructura digital estratégica, inteligencia artificial, datacenters y tecnologías de frontera.

4. La creatividad del FMI: que paguen los de siempre

La propuesta tributaria del FMI completa el círculo abierto por el ajuste del gasto, la caída de la recaudación y los alivios fiscales otorgados a patrimonios, exportadores y grandes inversiones. El organismo recomienda avanzar en una nueva fase de reforma orientada a reducir o reemplazar impuestos que considera “distorsivos” para los grandes negocios, al mismo tiempo que propone recomponer recursos mediante bases imponibles más amplias, más fáciles de fiscalizar y socialmente más regresivas. El paquete incluye la eliminación de exenciones en IVA y regímenes especiales, la ampliación de Ganancias de personas físicas, la reforma del monotributo, la actualización de impuestos internos y el fortalecimiento del impuesto inmobiliario provincial (la única iniciativa progresiva). Según la estimación presentada, el potencial recaudatorio total alcanzaría 3,3% del PBI.

En Ganancias, el FMI propone que al menos el 20% de los trabajadores formales vuelva a tributar el impuesto. Para alcanzar ese objetivo, el piso debería reducirse hasta un salario bruto mensual cercano a $2,4 millones, equivalente a un ingreso neto aproximado de $1,9 millones. Ese monto se ubica apenas 30% por encima de la Canasta Básica Total, lo que muestra que la medida no apuntaría exclusivamente a los ingresos más altos, sino que ampliaría el impuesto hacia franjas medias de trabajadores registrados cuyos salarios difícilmente puedan ser considerados privilegios.

El caso del monotributo es todavía más sensible. El FMI propone “alinear” tasas efectivas y contribuciones sociales con el régimen general, lo que en la práctica significa encarecerlo. La magnitud del objetivo fiscal permite dimensionar el alcance de la medida, ya que el organismo estima una recaudación potencial de 1% del PBI, cuando el régimen recauda apenas 0,14% del PBI. Se trata de un rendimiento equivalente a casi siete veces la recaudación anual actual del monotributo, por lo que difícilmente una reforma de ese tamaño pueda concentrarse solo en las categorías superiores. Las categorías A, B, C y D reúnen el 78,4% de los aportantes y el 76,1% de la masa de aportes, de modo que el aumento de la presión fiscal podría alcanzar también a trabajadores independientes de bajos ingresos, cuentapropistas y relaciones laborales encubiertas bajo formas monotributistas.

Además, el diagnóstico del FMI omite la función concreta que el monotributo cumple en el mercado de trabajo argentino. En muchos casos no expresa una formalización virtuosa del “emprendedurismo”, sino una modalidad de deslaborización en la que trabajadores que facturan como independientes mantienen dependencia económica, continuidad del vínculo, prestación personal y formas de subordinación operativa. Encarecer el régimen sin recomponer derechos ni perseguir el fraude laboral implicaría trasladar sobre esos trabajadores el costo fiscal de una precarización alentada, además, por la reciente reforma laboral.

La orientación regresiva también aparece en IVA, combustibles e impuestos internos. El FMI plantea reducir exenciones del IVA, avanzar hacia una eventual unificación de alícuotas y fortalecer los tributos sobre combustibles y tabaco, con una recaudación estimada de 0,5% del PBI. En combustibles, el impacto resulta particularmente delicado porque se trata de un precio clave para el transporte, la logística y la estructura general de costos de la economía.

Hay, además, un problema inmediato en el modo en que el FMI propone atravesar las tensiones fiscales de 2026 mientras prepara la reforma tributaria de fondo para la etapa siguiente. El propio organismo identifica presiones fiscales por 0,50% del PBI, explicadas por el mayor gasto universitario, las pensiones por discapacidad y la Ley de Modernización Laboral, a la que le asigna un costo de 0,15% del PBI. Para ello, propone avanzar en una mayor focalización del gasto social y de subsidios energéticos, reducción de salarios públicos, priorización del gasto de capital y racionalización del gasto discrecional. El sesgo de clase es evidente porque admite que el costo fiscal de una reforma orientada a reducir el costo laboral a favor de la rentabilidad empresaria termina compensándose con nuevos recortes sobre partidas sociales, salarios estatales, subsidios y obra pública.

5. La política fiscal del Hood Robin

El camino fiscal elegido por el Gobierno resulta tan regresivo como irracional. En un país atravesado por una fuerte concentración del ingreso y una desigualdad patrimonial todavía más profunda, la política oficial decide aliviar precisamente a quienes más capacidad tienen para contribuir. En 2024, el 50% inferior de la población argentina participaba con apenas el 12,21% de la renta nacional antes de impuestos y con solo el 4,48% de la riqueza neta, mientras el 10% superior concentraba el 45,11% del ingreso y el 60,04% de la riqueza. Aun así, el sistema tributario no compensa esa desigualdad, ya que el 50% inferior paga el 37% de sus ingresos en impuestos, el 40% medio paga el 29% y el 10% más rico apenas el 25%. Quienes menos tienen destinan proporcionalmente una parte mayor de sus ingresos al pago de impuestos que quienes concentran la riqueza.

El contraste con la agenda internacional es evidente. Mientras en el mundo crece la discusión sobre cómo gravar mejor a los individuos de muy alto patrimonio, reducir la evasión offshore y establecer pisos mínimos de tributación sobre la riqueza extrema, la Argentina avanza en sentido inverso. Reduce Bienes Personales, baja o promete bajar retenciones, blinda patrimonios, otorga estabilidad fiscal por décadas a grandes inversiones y prepara una reforma que amplía la presión sobre Ganancias personales, monotributo, IVA e impuestos internos. Ese es el verdadero Hood Robin de la política fiscal argentina. El Gobierno presenta la escasez fiscal como una fatalidad, pero al mismo tiempo la produce. Recorta gasto social, salarios públicos, obra pública y transferencias; resigna recursos sobre patrimonios, exportadores y grandes negocios; y luego busca recomponer la caja sobre trabajadores formales, pequeños contribuyentes y consumidores.

Por eso, también hay que desmontar la idea de que el FMI propone reformas distintas y separadas. La reforma laboral, la previsional y la tributaria forman parte de una misma orientación: maximizar la rentabilidad de los principales capitales, bajar el precio del trabajo, reducir la tributación sobre rentas y patrimonios, y achicar al mínimo posible el costo del Estado para esos sectores. Para eso se recorta en salud, educación, seguridad social, salarios públicos, obra pública y programas sociales. Nos quieren hacer creer que en la Argentina son caros los jubilados, los trabajadores y el Estado, cuando el problema está en otro lado. Pero lo verdaderamente costoso es el predominio de los multimillonarios y los grandes grupos económicos que combinan endeudamiento, valorización financiera, fuga, desinversión, demanda permanente de subsidios, retaceo impositivo y presión sobre las cuentas externas y fiscales. Esa es la verdadera carga que pesa sobre la sociedad argentina.