Dictadura y colaboracionismo en Democracia

Bruno Napoli (historiador, investigador en DDHH y delito económico, docente de la UNPAZ)

Durante la dictadura militar jugó un papel central la CAL-Comisión de Asesoramiento Legislativo- órgano conformado por miembros de las tres FFAA que reemplazó al Congreso de la Nación. Allí concurrían representantes de organizaciones patronales económicas, para debatir con estos militares-legisladores las ventajas de modificaciones legales o la redacción de nuevas normativas, siempre que favorecieran un mercado financiero libre de la intervención estatal, para esquemas especulativos y no productivos. Esto requirió mucho trabajo legal y técnico de la CAL y algunos rechazos también, pues las propuestas aperturistas por momentos chocaban con las expectativas más tradicionales (de carácter nacionalista) de un sector de las FFAA; algo que quedó reflejado en la crisis política de 1978 con la renuncia de varios militares de alto rango al gobierno de facto. Pero el apoyo decidido del dictador Videla y un sector importante del ejército a soluciones liberales, contra lo que consideraban ideas de redistribución populistas que debían desterrarse, resolvió las internas. La solución fue ocupar puestos centrales del Estado en materia económica, y los elegidos no serían militares sino civiles, con amplia experiencia en dictaduras anteriores, y con poder de decisión e injerencia directa en la política monetaria, el mercado de capitales y la estructura agro exportadora. A estos funcionarios civiles se les encargó la administración de los bienes y el ahorro público, y fueron los responsables de redactar en la CAL varias normativas aun vigentes. Veamos los nombres para entender la relación entre corporaciones financieras, proyecto económico y amplios sectores de la dictadura militar, que tuvieron además su continuidad política y normativa en Democracia.  

El CEA-Consejo Empresario Argentino- fundado en 1967, que apoyó la gestión liberal de Celestino Rodrigo en 1975 y colaboró activamente con el golpe militar de 1976, estaba dirigido por José Alfredo Martínez de Hoz, quien a su vez era presidente de Acindar S.A. Este economista fue designado Ministro de Economía y contaba con experiencia de gestión pública en las dictaduras de 1955 y 1962. Guillermo Walter Klein, dirigente de la CAC-Cámara Argentina de Comercio- y representante de la BCBA-Bolsa de Comercio de Buenos Aires- fue nombrado Secretario de Programación y Coordinación Económica de la Nación; Klein, mano derecha de Martínez de Hoz, también fue funcionario del dictador Onganía entre 1968-70. Roberto Alemann fue Ministro de Economía entre 1981-82 con el dictador Galtieri, cargo que ya había ocupado en el gobierno de Frondizi, y luego fungió de embajador de la dictadura que derrocó a este último. Su hermano Juan Alemann fue designado Secretario de Hacienda; también fue funcionario de los gobiernos de facto en 1962 y 1966. Ya en democracia sus declaraciones públicas a favor de la dictadura y su férrea defensa de las políticas de Carlos Menem en los 90 lo pusieron otra vez en foco. En 2008 fue querellado (junto a Klein y Martínez de Hoz) por la desaparición y asesinato de Juan Carlos Casariego de Bel[1]. Juan Alemann además fue llevado a juicio luego de reconocer que en 1979 visitó el centro de torturas de la ex ESMA, donde los secuestrados allí lo identificaron asistiendo al suplicio y tormento de Orlando Ruiz.

El economista Ricardo Zinn, también del CEA, ex funcionario de los dictadores Levingston y Lanusse, fue designado asesor de Martínez de Hoz; había cumplido la misma función con el autor del desastre económico de 1975, Celestino Rodrigo. Ya en democracia, Ricardo Zinn fue funcionario de Carlos Menen y asesor de María Julia Alsogaray en el proceso de privatización de empresas públicas. Luego fue director de los bancos Italia y Río de la Plata, y presidente de Sevel del Grupo Macri (entidades beneficiadas con la estatización de deuda de 1982). Manuel Solanet, ex funcionario del dictador Onganía, fue nombrado titular del Instituto Nacional de Planificación Económica por Videla, y desde 1981 fue Secretario de Hacienda y jefe de Ricardo López Murphy, otro funcionario de carrera en dictadura. La dupla volvió a la función pública en democracia: López Murphy como Ministro de Economía con el gobierno radical de Fernando de la Rúa (2001) y su amigo Solanet como Secretario de Reforma Administrativa, con el plan de echar a cerca de 100 mil trabajadores de la administración nacional y recortar gastos en educación y salud. Duraron 15 días en sus cargos ante la reacción social.

La presidencia del BCRA-Banco Central de la República Argentina- fue para Adolfo Diz, quien había sido Director Ejecutivo del FMI, y durante las dictaduras de Onganía-Levingston-Lanusse actuó como representante económico de nuestro país ante Europa. La vicepresidencia del BCRA quedó en manos de Christian J. Zimmermann, del directorio de la empresa Longvie.[2] Ya en democracia fue un alto ejecutivo de American Express y continuó activo en diferentes compañías financieras. El economista Alejandro Reynal fue nombrado director del BCRA. Su primo, William Reynal, era presidente de Austral Líneas Aéreas, que al borde de la quiebra fue estatizada por la dictadura. Ya en democracia, Alejandro Reynal fue nombrado por Mauricio Macri (cuando era Intendente de la ciudad de Buenos Aires) titular de ArteBA, pero su pasado dictatorial no fue bien recibido en el ámbito artístico y debió renunciar al cargo en poco tiempo. El BNA-Banco de la Nación Argentina- quedó en manos de Juan María Ocampo, representante de los bancos privados y de la elite agraria, además de accionista principal del Banco Ganadero, dirigido a su vez por su hijo, Narciso Ocampo; este último fue presidente de la organización patronal ADEBA –Asociación de Bancos Argentinos- entre 1974 y 1980.

En lo que respecta a las patronales del agro, Mario Cadenas Madariaga, presidente de la Comisión Coordinadora de Entidades Agropecuarias, asumió como Secretario de Agricultura y Ganadería de la Nación. Jorge Zorreguieta, empresario azucarero, dirigente de la SRA-Sociedad Rural Argentina- y padre de la actual Reina de Holanda, asumió como Subsecretario de la misma cartera; luego sería titular del área de Agricultura entre 1979-1981. En este sector estuvo acompañado por Alejandro Estrada, otro ex funcionario de Onganía, y por Alberto Mihura, dirigente de la SRA de Entre Ríos. Estrada se reciclaría en los 90 durante el menemismo pero en Fundaciones privadas junto a Martín Redrado y Domingo Cavallo. Cabe recordar que Martín Redrado, además de su función en el sector privado, fue presidente de la CNV-Comisión Nacional de Valores con Carlos Menem, acompañando la política aperturista, las privatizaciones y el plan de convertibilidad de su amigo Domingo Cavallo. Y en 2004, Redrado fue designado presidente del BCRA por Néstor Kirchner

En este punto no podemos dejar de hacer una mención especial a Domingo Felipe Cavallo, uno de los más insistentes (hasta la actualidad) en dar “cátedra” de economía a quien quiera escucharlo (o pague el espacio mediático) luego de un derrotero que dejó al país varias veces en zonas de quebranto. Este economista cordobés con larga experiencia en dictaduras, es quizás quien más se recicló en democracia de todos los nombrados (seguido muy de cerca por el radical Ricardo López Murphy, que siempre está en campaña). Cavallo fue funcionario de su provincia natal en las dictaduras de Onganía (1969-70) y Lanusse (1971-72). Luego saltó a la administración nacional como Subsecretario del Ministerio del Interior del dictador Roberto Viola en 1981 y Presidente del BCRA con el dictador Reynaldo Bignone en 1982. Durante esta última gestión benefició a empresas endeudadas en pesos, que con los “seguros de cambio” y el tope que el mismo Cavallo puso a las tasas de interés, lograron licuar esas obligaciones. Además, estas empresas podían exportar y acumular divisas, pero tenían deudas en dólares que no pensaban liquidar: esta situación la solucionó el sucesor de Cavallo en el BCRA, Julio González del Solar, emitiendo la circular A251 (17/11/82) que estatizó esas obligaciones externas privadas. Ese año la inflación anual fue del 343 %. Para 1983, Cavallo ya era asesor del peronista José Manuel de la Sota (que sería dos veces gobernador de Córdoba) y llegó a diputado nacional por el Partido Justicialista en 1987. Con la presidencia de Carlos Menem fue Canciller (1989-91) y Ministro de Economía (1991-96). Al terminar esta nueva gestión aumentó la deuda externa, promovió el ajuste extremo del Estado, la privatización de empresas, recortó partidas de dinero a las provincias, aumentó el IVA al 21%, y dejó una desocupación record del 18%.

En 1997 Domingo Cavallo junto a Federico Sturzenegger y Guillermo Francos fundaron “Acción por la República”. En la provincia de Buenos Aires, Sturzenegger dirigió ese partido político en alianza con otras agrupaciones menores, entre ellas el PNC-Partido Nacionalista Constitucional. Este último (el PNC) acusado de negacionista y neonazi, estaba dirigido por Alberto Asseff, quien en 1995 propuso al ex dictador Juan Carlos Onganía como candidato a presidente de la nación; para desgracia de Asseff, Onganía murió ese mismo año. En 1999 Cavallo fue candidato a presidente de la nación, obteniendo casi dos millones de votos. En 2000, junto a Gustavo Veliz[3] fue candidato a Intendente de la Ciudad de Buenos Aires. Perdió y acusó al gobierno de fraude y de violar las garantías democráticas y constitucionales (ya se había vuelto un demócrata ferviente). En esa elección Domingo Cavallo estuvo acompañado por Alberto Fernández[4], quien resultó electo diputado pero renunció en 2003 para reciclarse en la campaña de Néstor Kirchner; la diputada suplente de A. Fernández en la legislatura porteña fue Elena Cruz, una férrea defensora de Videla y la dictadura. Recordemos al paso que Fernández comenzó su militancia política radical en 1983 justamente en el PNC-Partido Nacionalista Constitucional, junto a Assef. Por su parte, Domingo Cavallo volvió a la función pública en 2001, otra vez como Ministro de Economía en el fallido gobierno de la Alianza (Fernando De la Rua) sucediendo a López Murphy. Durante esta nueva gestión, junto a otros dos funcionarios de la misma, Patricia Bullrrich (Ministra de Trabajo) y Federico Sturzenegger (Secretario de Política Económica de la Nación) lanzaron el plan “Deficit Cero”: recorte del gasto público en la Nación y las provincias, rebaja de salarios a trabajadores y a jubilados del 13%, e impuesto a actividades culturales y recreativas. También elaboró el llamado “Megacanje” junto a Sturzenegger: un diferimiento de pagos de la deuda externa que aumentó su monto e intereses y dejó a la Argentina al borde del default. Además, instrumentó el famoso “corralito”, una confiscación del dinero de los ahorristas a favor de los bancos. Cavallo renunció el 19 de diciembre de 2001 dejando 21% de desocupación y una crisis sin precedentes en el país. Luego de este derrotero, intentó volver a la Cámara de Diputados en 2013 junto al peronista de San Luis, Alberto Rodríguez Saa, pero apenas sacó el 1%. Una constante de Cavallo que merece mención: luego de cada fracaso siempre culpó a sus colegas de gestión y a sus sucesores por no “continuar y completar” sus ideas. A la fecha, sigue dando consejos de economía a quien quiera oírlo.  

Como hemos visto, la dictadura militar de 1976-83 contó con dirección civil en áreas económicas clave de gestión estatal: Ministerio de economía, BCRA, BNA, CVN, entre otras. Tecnócratas, financistas, representantes de elites agro exportadoras y directivos de empresas conformaron un grupo nada homogéneo que compartieron e hicieron doctrina de los “postulados de la re-organización nacional”, que implicó además la eliminación sistemática de ciudadanos. Esta última cuestión –la matanza perpetrada- mantiene lazos complejos que unen a estos hombres de negocios con los fines criminales del régimen. Pero la última palabra decisoria siempre fue castrense, por eso hablamos de dictadura militar a secas, algo que no solivianta en absoluto la participación y responsabilidad pública y privada que prestaron. Pero tal vez sea necesario pensar nuevas categorías, pues dictadura “cívico-militar” no le hace justicia a la trama implícita en esa relación. Hasta donde sabemos, fue una dictadura militar con amplios consensos en una sociedad compleja al momento del golpe. Y con grupos cuya responsabilidad directa en decisiones económicas aún perduran, al igual que las consecuencias de la masacre perpetrada. Pero sobre todo porque lograron su cometido y cada vez que pueden, estos tecnócratas pasan del sector privado al público sin problemas, en cada gobierno desde 1983 a la fecha, anudados a un Poder Judicial que avala el esquema heredado, sin rendir cuentas de sus beneficios económicos, espurios por secretismo, o viceversa. Liberales extraños que odian al Estado pero han vivido de éste por años.

[1] Casariego de Bel fue un prestigioso funcionario de carrera del Ministerio de Economía que se opuso al negociado bochornoso con la empresa Ítalo. La última información que se tiene de él es que debía reunirse con Walter Klein y luego de esto fue secuestrado y aun continúa desaparecido.

[2] En un reportaje concedido en 2018, el nuevo CEO de Longvie, Eduardo Zimmermann, ante la consulta de la relación de su histórica empresa con los sucesivos gobiernos, declaró: “Como empresa somos apolíticos. Nunca hemos tenido un relacionamiento profundo con el gobierno de turno (…) No debemos nada a ningún gobierno (…) la clave es participar de la relación gobierno-empresa de una manera sana y transparente”.

[3] Ministro del Interior de la Nación con Carlos Menem; Ministro de Justicia y DDHH de la Nación con Néstor Kirchner;  Secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación con Alberto Fernández.

[4] Ex Presidente de la Nación entre 2019-2023.