La menemización del gobierno y la alternativa vacante.

Por CLAUDIO LOZANO (Presidente de Unidad Popular, ex diputado, ex director de Banco Nación y fundador del IPyPP). 

1.Massa y deuda: ajuste, exportaciones y sobreexplotación de la naturaleza.

Iniciando el 2023 la coyuntura política, económica y social de la Argentina exhibe un preocupante proceso de menemización de la gestión gubernamental. A partir de la hegemonía de Massa en la conducción del gobierno del Frente de Todos, éste se integra a la lógica conservadora y reproductora del actual sistema de negocios dominante. Lógica ya presente en la coalición de Juntos por el Cambio y vociferada de manera exacerbada por los autodenominados libertarios. Los principales rasgos son: la ratificación de los lineamientos estructurales de un modelo pagador de deuda, el respeto de la valorización financiera contra la deuda pública, un perfil extractivista y promotor de desigualdades, políticas regresivas que impactan sobre salarios, jubilaciones, transferencias a las provincias (según surgen de los datos del ajuste del segundo semestre del 2022) y, por supuesto, el efecto lógico en términos de desaceleración de la actividad económica. Esto es lo que explica el doble comportamiento de los mercados financieros y cambiarios que, por un lado, saludan el promisorio futuro de los negocios con la suba de las acciones de las empresas argentinas, tanto a nivel local como en Wall Street, la suba de los bonos y el descenso del riesgo país, al tiempo que mantienen una presión sobre el mercado cambiario forzando la profundización del ajuste en la coyuntura.

El ministro Massa respondió en una reciente entrevista en El Cohete a la Luna que la deuda a afrontar (cerca de 20.000 millones de dólares al año a partir del 2025) es un problema resuelto. El modo es el de siempre: la reprimarización de la economía al palo. La exportación de gas a Brasil vía el nuevo gasoducto que, en su tramo 2, permitirá entrar en Río Grande do Sul, y la Reversal del Norte que permitirá entrar por el Mato Grosso vía Bolivia. También menciona el incremento de la exportación de petróleo vía el oleoducto a Chile a través de la ampliación del oleoducto del valle y la planificación de obras de YPF, tanto en oleoductos como también con un gasoducto en el Sur de Vaca Muerta. Es decir, sobreexplotar la naturaleza para afrontar pagos de una deuda ilegítima que debiera investigarse, y en ese marco, consolidar la reprimarización de las exportaciones argentinas. Pero el ministro no dice que una orientación de este tipo acorta el horizonte de autoabastecimiento energético del país. Omite la discusión central: la urgencia de una profunda diversificación. Y, por supuesto, se desentiende del monstruoso pasivo ambiental presente y futuro que hay por detrás de una política de esta naturaleza. Este frenesí exportador, cuyo único objetivo es pagar una deuda ilegítima, es presentado como la carta de salvación para la economía argentina. Pero los datos de los últimos 50 años contradicen categóricamente tal posibilidad: si comparamos el año 1974 con el año 2021, la suba exponencial de las exportaciones coinciden con el desplome monumental del salario. (al final compartimos un elocuente “cuadro 1” al respecto)* Mientras las exportaciones crecieron a valores corrientes un 1882%, en valores constantes un 260,8% y el porcentaje de exportaciones sobre el PBI aumento un 194,7; el salario real se desplomó un 69,3%. Y si sumamos más variables, el trabajo asalariado no registrado se incrementó un 233% y la pobreza aumentó un 850%. Es decir, el salto exportador coexistió con el hundimiento de las condiciones de vida de la mayor parte de la población. Es decir, que no existe relación de carácter lineal entre el incremento de las exportaciones y mejores perspectivas para el conjunto social.

Se trata de una cuestión estructural que requiere de otro marco de política y regulación general de la economía donde la captura de las rentas (ventajas) que nuestro país tiene por su formidable dotación de recursos naturales, se transformen en palancas (fuentes de financiamiento) para un desarrollo integral social y productivo. Pero el planteo del ministro de economía coincide con la propuesta histórica de los alfiles del establishment dominante, que en lugar de pensar en cómo terminar con una deuda ilegítima, pretenden lograr que la Argentina estabilice políticas de pago permanente de intereses y endeudamiento sistemático para la amortización y renovación del capital adeudado cristalizando así la trampa del endeudamiento perpetuo. De hecho, le critica a Guzmán no haberse comprometido a pagar antes y mejor. La decisión de sobrecumplir las ya restrictivas metas con el FMI, no hace otra cosa que deprimir aún más la demanda interna. Lego, defiende bajo el engañoso título de “programas de incremento exportador” lo que en la práctica fue un verdadero chantaje expresado en las transferencias monumentales de ingresos a los exportadores efectuadas a través del llamado dólar soja I y el 2 (más de 600.000 millones de pesos a los dueños de la soja), y el seguramente dólar Soja 3 que tendremos próximamente.

2.Massa y la inflación: retracción del mercado interno y recesión

La profundización del ajuste fiscal durante el segundo semestre evidencia que al cerrar diciembre la recaudación creció un 92% mientras el gasto solo lo hizo en un 54,8%. Este ajuste se concentró sobre las transferencias a provincias, las jubilaciones y las prestaciones sociales, al tiempo que los compromisos con el FMI materializados en el Presupuesto aprobado en el 2023 indican que el gasto público se encontrará este año 1,3 p.p. del PBI por debajo del último año del macrismo (20,1% en el 2019 y 18,8% en el 2023). El ministro pretende demostrar también que el ajuste no lesiona el nivel de actividad económica planteando una estimación, aún no comprobada, de que el PBI del 2022 cerrará con un incremento del 5,5%. Esa aseveración que compara el promedio del año 2022 con el del 2021 desconoce el importante arrastre estadístico resultante del crecimiento del 2021. Si observamos el cuadro 2 (al final del texto*) y despejamos el efecto del arrastre, el crecimiento del PBI en el 2022 es de apenas 2,3% en términos trimestrales y de apenas un 1% si el arrastre se computa contra el último mes del año. En concreto, la verdadera terapia antiinflacionaria que resulta del acuerdo con el FMI es la desaceleración de la actividad económica que, vía enfriamiento, impacta desacelerando la evolución de los precios.

En este sentido, el shock inflacionario que el acuerdo fondomonetarista impulsa en un inicio vía devaluación, aumento de tarifas y suba sistemática de la tasa de interés produce, a través de la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y del ajuste general del gasto público, la retracción de la demanda interna, la tendencia al estancamiento y a través de ella, la desaceleración de los precios. Más precisamente, la caída real del salario, medido a través del RIPTE, acumuló durante el año 2022 una retracción del -2,9% siendo que la mayor incidencia de esa pérdida se concentra desde la gestión Massa (diciembre vs junio reporta una caída del -3,9%). A ello se suma el deterioro de las jubilaciones (pérdida del – 6,9% en el segundo semestre), de la Asignación Universal por Hijo (- 12,8%) y el ajuste del Gasto Público Primario (del – 9,7%). Es decir, que en la lógica de la gestión Massa-FMI nuestro país, que transitó un proceso en el que contrastó recuperación de la actividad con ampliación de la desigualdad distributiva por efecto de los niveles inflacionarios, pasaría a transitar una etapa de desaceleración de los precios en base a la caída de la actividad. Proceso este que daría por tierra con el argumento tramposo que el ministro utiliza diciendo que, si bien los ingresos de quienes trabajan no aumentaron, sí se logró mantener e incrementar el empleo a diferencia de lo ocurrido en otras economías.

Pero la verdad es que la evolución favorable de la tasa de empleo (de la que tanto se ufanan y propagandizan) es resultado del crecimiento dominante de los asalariados no registrados en primer lugar, sumado al incesante ritmo de expansión del cuentapropismo de subsistencia. Cuando se habla de crecimiento del empleo, la informalidad y el empleo precario dominan la escena., sin mencionar que se computa como registrado el aumento de los trabajadores independientes del régimen de monotributo y monotributo social, lo que en la práctica es la formalización del cuentapropismo y de las prácticas de encubrimiento y precarización de las relaciones asalariadas.

Completando el cuadro, la participación de la masas salarial en el ingreso sigue estando en su última medición por debajo de la vigente al final de la gestión de Cambiemos (43,6% vs 45,7%). De modo que la “terapia recesiva” como antídoto frente a la inflación supone también debilitar el proceso de generación de empleo. Por cierto, la estrategia antiinflacionaria de la gestión Massa-FMI tiene también un límite en sus propios términos: el efecto que la brecha cambiaria entre el dólar oficial y los paralelos tiene sobre la formación de los precios. Efectivamente, el mantenimiento de una brecha cambiaria que hoy supera el 100% alienta las expectativas de devaluación y, por tanto, incide en las decisiones de remarcación de los principales agentes económicos. En síntesis, la recesión como modo de desacelerar los precios en un país con el 40% de la población en situación de pobreza es un mal remedio para la enfermedad inflacionaria. El resultado es, una vez más, recesión con inflación.

3.La necesidad de una nueva alternativa popular

En suma, la hegemonía de Massa en la conducción del gobierno del Frente de Todos (con el apoyo explícito de sus conducciones principales) consolida un proceso de menemización donde el tan cuestionado populismo, en lugar de defender los intereses populares, se transforma en vehículo del ajuste pagador, extractivista y promotor de desigualdades en base a la caída de los salarios, las jubilaciones, las prestaciones sociales y las transferencias a las provincias. La menemización incluye también la condonación de deudas millonarias a las distribuidoras eléctricas, los aplausos de Paolo Rocca, el respaldo de Kristalina Georgieva y del enviado de Joe Biden a la CELAC, e incluso la inentendible decisión de nombrar como jefe de asesores del presidente al ex Ceo de Syngenta, Antonio Aracre.

Pero lo paradójico es que esta situación no necesariamente le está quitando competitividad electoral al Frente de Todos. En un contexto de FIN DE CICLO, donde las dos coaliciones que disputaron el gobierno de la Argentina en los últimos dos períodos exhiben, de distinta manera, un rotundo fracaso, el deterioro de la gestión del Frente de Todos no es capitalizado necesariamente por Juntos x el Cambio. De hecho, la conducción de Massa y el PJ tradicional que siempre han demostrado eficacia para el control social transforman al Frente de Todos en una opción válida para fracciones importantes del capital concentrado. Por eso, no es la cuestión electoral inmediata lo que está en el centro de nuestras preocupaciones, ya que cada vez menos se trata de ganar o perder… El problema es que transformar esta gestión gubernamental en la expresión político-electoral del Frente de Todos supone abandonar definitivamente el mandato del 2019 y contribuir a configurar un escenario electoral de orfandad para los intereses populares. Es decir, ¿ganar para qué?

En este contexto de FIN DE CICLO y donde está en crisis una forma de hacer política que en gran medida es cuestionada por parte importante de la sociedad, son muchos los votantes que han abandonado a las principales coaliciones, ambas hoy por debajo de sus anteriores resultados electorales. La creación electoral del Frente de Todos, que hizo posible el triunfo popular que desplazó a Mauricio Macri del control del Estado, tendría un triste destino si termina contribuyendo a un escenario electoral donde compitan propuestas similares con distintos envases. El Frente de Todos no necesita una mesa electoral para zurcir una nueva unidad vacía de definiciones políticas y solidaria con el mantenimiento del régimen de negocios dominante en la Argentina. Necesita una mesa política integrada por todos los partidos que lo conforman y por todas aquellas expresiones de las organizaciones sociales y populares que se han referenciado en el Frente de Todos. Esa mesa política debe decidir si va a seguir sosteniendo un rumbo que convalida un ajuste pagador, extractivista, reprimarizador, y promotor de desigualdades o si, sobre la base de una autocrítica profunda, será posible gestar una alternativa popular frente a la histórica estrategia de la desigualdad que siguen impulsando los sectores dominantes.

Se tratará de refundar la institucionalidad incorporando a la comunidad en las decisiones; dejar de situar a los poderes fácticos en los lugares de decisión y de convalidar sus comportamientos a través de las políticas públicas. Democratizar las decisiones, disciplinar al poder del capital concentrado, discutir de otra manera con los acreedores, desmonopolizar y democratizar el panorama de los medios de comunicación y asumir la calidad institucional… todos pasos que suponen asociar la participación de la comunidad con la decisión.

En el fondo se trata de combatir el desvío potencial que todo sistema de representación encierra, su tendencia a conformar una “oligarquía” de representantes institucionales que deciden parados sobre la ausencia de los representados. En este plano, aunque no de manera excluyente, se inscribe la necesidad de cuestionar incluso mediante el juicio político la actual Corte Suprema de Justicia y avanzar en la democratización del Poder Judicial. El pueblo argentino necesita una nueva alternativa popular en sintonía con las luchas de los pueblos latinoamericanos. Los triunfos de Petro, Lula y Boric, la lucha del pueblo peruano o incluso la victoria del correísmo en las intermedias en Ecuador, así lo indican. En esa tarea, y para esa tarea trabaja, en el seno del Frente de Todos, Unidad Popular.

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