Motosierra, desregulación y captura del estado: el desarme de las políticas de integridad en el gobierno de Javier Milei

NATALIA TORRES (politóloga especializada en políticas de integridad y derechos humanos), Franco Serra (abogado). Ambos son integrantes del Instituto Argentina Grande.

Diagnóstico

Hace unos días presentamos el informe ¨La Oficina Anticorrupción de Milei, entre la motosierra y la captura¨, que desarrollamos de manera conjunta el Instituto Argentina Grande y la Fundación de Desarrollo Humano Integral. En el informe, argumentamos que la actual gestión de la OA debilitó las políticas preventivas y las funciones de control del organismo habilitando situaciones de conflictos de intereses, puerta giratoria y captura del Estado por parte de intereses privados. El resultado de estas acciones se refleja en la creciente sospecha sobre la probidad en la gestión gubernamental actual.

Antes de analizar los principales hallazgos del documento, vale recordar el lugar crucial que ocupa la Oficina Anticorrupción. La OA es el organismo creado por el Decreto 102/99 en el marco de la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, con la misión de prevenir e investigar de la corrupción y la promoción de políticas de integridad y transparencia dentro de la Administración Pública Nacional.

A lo largo del informe dimos cuenta del debilitamiento de las capacidades institucionales de la OA, en sintonía y como consecuencia del ajuste que caracteriza la gestión de Javier Milei. La OA vio degradada su jerarquía y sufrió una merma significativa en sus recursos humanos y en su ejecución presupuestaria. La motosierra, sin embargo, no pasó solo en el gasto del organismo sino también en las políticas del organismo. A lo largo de estos casi dos años de gestión libertaria, muchas de las políticas de integridad fueron desarticuladas, en algunos casos en forma completa y en otros, de manera tal de que sus objetivos primigenios quedaron desvirtuados.

Las políticas preventivas son el corazón de una estrategia anticorrupción. No sólo porque éstas permiten llegar antes de que ocurra un caso de corrupción sino también porque el trabajo preventivo contribuye a generar una cultura de integridad, a identificar riesgos y a responder a ellos de manera oportuna. Frente a estas virtudes, la Oficina Anticorrupción de Milei optó por desarticular políticas que tenían un camino consolidado y reconocimiento internacional.

Veamos algunos de los espacios y políticas desarmados. La Mesa Nacional de Integridad y Transparencia, por ejemplo, un espacio conformado por la OA, la SIGEN y la AAIP para la coordinación de políticas estratégicas en la materia, discontinuó sus reuniones. Solo con ver la cantidad de casos en los que se sospecha la existencia de irregularidades y desvíos resulta evidente la relevancia que podría tener este espacio para prevenirlos. 

La Estrategia Nacional de Integridad es, desde su origen, una iniciativa de carácter preventivo que apunta a generar políticas y promover prácticas que operen como una barrera a la corrupción. Se desarrolló durante la gestión de Fernández a partir de una primera experiencia de planificación estratégica impulsada en el gobierno de Macri. A través de la ENI, los organismos del Poder Ejecutivo se comprometen a desarrollar políticas de integridad, transparencia y gobierno abierto en su órbita. En 2023 la ENI contaba con 51 organismos activos y comprometidos. De acuerdo al micrositio de la iniciativa, en 2025 solo una empresa con participación estatal actualizó sus avances. De 51 organismos activos con agendas de integridad a una sola empresa activa. El desarme es contundente.

Otro hallazgo es el retroceso que se observa en materia de instrucciones preventivas. El organismo dejó de realizar un análisis exhaustivo de la situación de cada funcionario o funcionaria para alertarlos acerca de las situaciones dilemáticas en función de sus antecedentes y declaraciones juradas de intereses. Las instrucciones preventivas fueron una contribución de gran relevancia para prevenir conflictos de intereses. En lugar de esto, pasaron a concentrarse en la mera difusión del texto legal vigente sobre ética pública. Cuando se analizan las situaciones de conflictos de interés que le tocó resolver a la actual gestión de la OA, vale la pena preguntarse si la continuidad de las instrucciones preventivas no hubieran restringido las chances de que ocurrieran dichas situaciones.

Tomemos, por ejemplo, el caso de Gabriel Oriolo, quien se desempeñó como Superintendente de Servicios de Salud de la Nación. En la Resolución 16/2024, la OA analizó si Oriolo se hallaba en situación de incompatibilidad y conflicto de intereses por su previa actuación en empresas reguladas por el organismo que tenía a cargo: la prepaga OSDE y la empresa ROSAFE S.A.U. Para despejar la situación de puerta giratoria y captura del estado, Oriolo aclara que había firmado un convenio de desvinculación con OSDE, por la que recibió una gratificación extraordinaria y el beneficio de cobertura de obra social de por vida para el nombrado y su grupo familiar. ¿Puede caber dudas de que a la prepaga le resultaba conveniente que Oriolo fuera Superintendente de Servicios de Salud de la Nación? ¿Quién puede pensar que el hecho de que Oriolo se encuentre al frente del organismo que regula a las prepagas no genera una oportunidad extraordinaria para OSDE? Bueno, la respuesta es sencilla: la OA. De acuerdo a la OA, cuando el Superintendente obra como Superintendente y toma decisiones que afectan a todo el universo de empresas de salud no debe abstenerse, solo debe hacerlo cuando afecta de manera particular y exclusiva a las empresas mencionadas. Como puede verse, la actitud del organismo es, al menos, tolerante y condescendiente con los conflictos de intereses.

La Oficina Anticorrupción de Javier Milei ha eludido la tarea de señalar y prevenir distintas infracciones a la ley de ética pública en casos que involucran millones de pesos y con repercusiones internacionales. Este es el caso de su actuación en el caso $Libra, donde la Oficina Anticorrupción afirma que la difusión del proyecto en X fue una actividad personal realizada por Milei como ciudadano y no como presidente, en ejercicio de su libertad de expresión. Otra vez, la OA muestra que su posición frente a las infracciones a la ley de ética pública es de tolerancia. Estas situaciones generan un daño en la credibilidad del organismo y el rol que desempeña para prevenir y sancionar la corrupción. Junto al debilitamiento de las capacidades estatales, el gobierno de Milei ha asestado un golpe certero al presente del organismo.

Hacia una nueva agenda de integridad pública

Los hallazgos del informe dejan en evidencia un escenario preocupante: el debilitamiento de la OA, a través de la desarticulación de la política anticorrupción, trajo como consecuencia la captura del Estado por intereses privados y particulares.

Frente a este panorama, la tarea que tenemos por delante nos obliga a pensar en el día después. Y en esa agenda, la reconstrucción democrática y la integridad pública deben tener un rol central. Las políticas anticorrupción no pueden entenderse como un mero ejercicio técnico o administrativo, ni tampoco una agenda de gobiernos de derecha. Desde el campo popular, tener una política nacional de integridad contribuye a que las decisiones y recursos públicos se orienten a los intereses comunes. Para eso, necesitamos contar con organismos de control capaces de prevenir y sancionar la corrupción. Con políticas de integridad y transparencia que promuevan un desarrollo integral justo.

Llegado a este punto hace falta aclarar: menos Estado no es menos corrupción. Muy por el contrario, las instituciones importan, y requieren recursos humanos y presupuestarios suficientes para desarrollar sus funciones con eficacia. Ante esto proponemos apostar por la conformación de un Sistema Nacional de Integridad que no solo recupere las capacidades perdidas, sino que responda a los desafíos presentes. Esta agenda tiene como objetivo una reforma integral, que abarque tanto el andamiaje jurídico como el institucional sobre el que se sustenta hoy la integridad pública. El objetivo es recomponer la capacidad de la gestión pública para asegurar que los recursos públicos lleguen a quienes tienen que llegar y respondan a las necesidades del conjunto, no a los privilegios de unos pocos.

Esta agenda comprende diversas acciones. El primer paso debe ser la creación de un sistema nacional de integridad y ética pública que abarque a todo el Sector Público Nacional, abarcando Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Este sistema tiene como pilar la creación de oficinas de integridad en cada uno de los poderes. Para eso resulta indispensable impulsar una reforma a la Ley de Ética en el ejercicio de la Función Pública 25.188 que actualice el marco jurídico vigente y lo adecue a las nuevas formas que adopta la corrupción. Existen antecedentes valiosos para orientarnos en esta tarea, como el proyecto elaborado en 2022 mediante el proceso de elaboración participativa de normas que contó con las sugerencias y aportes de amplios sectores de la sociedad civil, del ámbito académico y del sector empresarial.

Algunas herramientas deben actualizarse, como por ejemplo el régimen de declaraciones juradas patrimoniales. Las actuales herramientas de control son insuficientes frente a los mecanismos financieros sobre los cuales la corrupción se retroalimenta. Para eso, es necesario avanzar hacia un nuevo régimen de declaraciones juradas patrimoniales capaz de prevenir incompatibilidades ante la sofisticación de las estructuras de inversión, las sociedades offshore, las criptofinanzas y los beneficiarios finales (ocultos) de empresas que dificultan la supervisión tradicional. También debe considerarse avanzar sobre un marco integral de prevención de conflicto de intereses, con medidas concretas y sostenibles, que actúen antes de que los conflictos se materialicen. En ese contexto, resulta fundamental el fortalecimiento de la política de integridad en las relaciones entre Sector Público y Sector Privado, que permita dotar de reglas claras, previsibles y transparentes a todas las interacciones entre funcionarios y empresas. Otro aspecto que es necesario blindar para proteger a beneficiarios y beneficiarias de todo ajuste y desvío de fondos, es el desarrollo de políticas de integridad en las políticas sociales. 

Estas medidas no solo apuntarían a mejorar la trazabilidad de los recursos públicos, sino que también tenderían a restaurar la confianza ciudadana en el Estado y sus instituciones, promoviendo una política social más justa, eficiente y ética.