Pobreza, ajuste libertario: ¿el espejo roto de las estadísticas?

AGUSTINA HAIMOVICH (economista, equipo de Coyunturas, IPyPP)

“A mí me parece que las cosas están caras, no entiendo sus estadísticas, sus teorías, sus… está todo caro, negro. Yo no sé de economía, todo bien, no sé de economía, pero está caro el arroz, negro, la leche está cara” le respondía Malena Pichot a Iván Schargrodsky en una entrevista a fines de Junio, ante lo cual el director de Cenital, luego de desarrollar una serie de argumentos “técnicos”, le planteaba a la entrevistada: “Se da la paradoja hoy en Argentina de que puede bajar la pobreza y a la vez empeorar la calidad de vida de la mayoría de la población”. Rápidamente Malena le cuestionaba “¿Entonces qué es lo que está bueno?”

Este breve intercambio sintetiza el desconcierto que han generado en los últimos meses las cifras de pobreza del INDEC en amplios sectores de la población, cuando la percepción de un deterioro generalizado en las condiciones de vida contrastaba con la evolución decreciente que registró este indicador desde el segundo semestre de 2024 en adelante. En los últimos meses, se han acumulado un conjunto de elementos técnicos para explicar por qué la pobreza llegó a reducirse 21 puntos porcentuales en el primer semestre de este año respecto al pico del 52,9% al que había llegado un año antes, producto de las primeras medidas económicas de la gestión libertaria. Ya se siente reiterativo señalar que la comparación con el salto que tuvo la pobreza luego del shock devaluatorio es un recurso discursivo del gobierno para atribuirse una baja exagerada del indicador, al comparar con el pico que la misma gestión libertaria generó. Sin embargo, la discusión se vuelve más interesante cuando se intenta explicar por qué la pobreza descendió también respecto a los años previos. O, mejor dicho,  el indicador de pobreza, que en Argentina se mide como el porcentaje de hogares o personas cuyos ingresos, relevados a través de la Encuesta Permanente de Hogares, son inferiores al valor de la Canasta Básica Total estimada por el INDEC.

El desconcierto ante la baja del indicador no solo ha surgido por la disociación con las percepciones particulares de buena parte de la población, sino también por la llamativa convivencia de este descenso en la pobreza con un conjunto de datos oficiales que reflejan el fuerte ajuste llevado adelante por la gestión libertaria. En primer lugar, el gobierno proyecta que el gasto primario del Sector Público Nacional este año se habrá reducido en 5,7 puntos del PBI respecto al año 2023, luego de haber hecho el grueso del recorte durante el 2024 y ubicándolo por lejos en el nivel más bajo de los últimos años. En efecto, en el 1er semestre 2025 el gasto total de la Administración Pública Nacional tuvo un recorte real del 31% respecto al  mismo período del 2023. La magnitud del ajuste vinculado a la obra pública, las transferencias a las provincias, los subsidios a las tarifas energéticas, el financiamiento de comedores y otras partidas del gasto social estuvo muy por encima del promedio. Las jubilaciones explicaron la mayor parte del ajuste en la primera etapa del experimento libertario. Los salarios de trabajadores y trabajadoras estatales, otro tanto. Por otra parte, las cifras oficiales vinculadas a la evolución en el consumo masivo, en particular las ventas en supermercados y autoservicios mayoristas, las ubican en mínimos históricos de los últimos años, al tiempo que se incrementó significativamente el uso de la tarjeta de crédito para estas compras. En ese marco, la mora en el pago de la tarjeta llegó en 2025 al nivel más alto en muchos años. En el plano laboral, en un contexto donde hay sectores intensivos en mano de obra que fueron especialmente perjudicados por el  modelo económico libertario, la destrucción de empleo formal fue uno de los rasgos sobresalientes.

En este marco, los argumentos que han esgrimido un conjunto de especialistas para explicar el descenso en el indicador de pobreza pueden dividirse en dos grandes ejes: 1) las características de la dinámica macroeconómica y 2) los aspectos que refieren a posibles distorsiones metodológicas en la medición. Ambos ejes no son excluyentes sino complementarios. En el primer caso, se destaca la desaceleración en el incremento del valor de las canastas básicas, que por su composición con fuerte peso de alimentos, aumentaron por debajo del nivel general de precios; el rebote de la actividad económica hacia el segundo semestre 2024, que en los últimos meses se detuvo; la recomposición de los salarios reales que acompañó el rebote de la economía, para luego frenarse en 2025. En el segundo caso, se considera en primer lugar que la fuerte mejora en los ingresos captados por la Encuesta Permanente de Hogares, relevamiento utilizado para la medición de la pobreza, presenta amplias diferencias respecto a otras fuentes disponibles; en segundo lugar, se señala la falta de actualización en la composición de las canastas básicas, que se basa en patrones de consumo del año 2004. Desde ese entonces, el peso del gasto en alimentos se ha reducido, mientras creció la importancia del gasto en vivienda y servicios básicos, transporte y comunicaciones. A raíz de ello, la demora en la actualización de las canastas subestima el indicador de pobreza. Nuevamente, subrayamos, estamos hablando de un indicador, ni más ni menos.

Los indicadores sociales constituyen mediaciones empíricas entre la realidad y los conceptos teóricos que la interpretan. Al mismo tiempo, funcionan como herramientas potentes para representar y transformar esa realidad. Su construcción y uso influyen en la forma en que los actores sociales se perciben a sí mismos y sus relaciones. En este sentido, las estadísticas sociales reflejan las formas dominantes de pensar y conceptualizar lo social. Respecto a la medición de la pobreza, una de las primeras dificultades surge al momento mismo de definir el fenómeno. Según Altimir (1979), el concepto de pobreza es esencialmente normativo, y su contenido concreto depende de la norma de necesidades básicas o de bienestar que se adopte como referencia. Se trata de una noción imprecisa, relativa, subjetiva, situacional y distributiva (Feres, 2012). De acuerdo a Messina (2017), remite a un estado de carencia o privación, a la ausencia de cualidades o de un “algo” socialmente valorado como positivo. Ese “algo” constituye el objeto de cuantificación necesario para reflexionar sobre la justicia de una distribución y los principios que la sustentan.

En Argentina, las primeras mediciones de pobreza se desarrollaron en el marco de la transición democrática y marcaron un cambio sustantivo en la forma de concebir la cuestión social. Como señalan Vommaro y Daniel (2013), el informe La pobreza en Argentina, publicado por el INDEC en 1984 a partir del Censo de 1980, representó el primer diagnóstico estatal sistemático del problema, desplazando el foco desde el empleo hacia la pobreza. Elaborado por un grupo de técnicos formados en los años sesenta y setenta, con vínculos con organismos internacionales como la CEPAL, el proyecto combinó objetivos de modernización estadística con un compromiso político de reparación social tras la dictadura. La pobreza se definió inicialmente mediante el método de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), y luego, con la creación del programa Investigación sobre la Pobreza en Argentina (IPA) en 1987, se incorporó el enfoque de línea de pobreza, con apoyo del Banco Mundial y el PNUD. Este proceso consolidó a la pobreza como un objeto técnico y político a la vez, transformándola en una categoría legítima para orientar la acción estatal en la nueva democracia (Vommaro y Daniel, 2013).

Desde ese entonces, la medición de pobreza monetaria se ha consolidado como el principal indicador para el seguimiento de la situación social en Argentina. Cada seis meses se publica un nuevo resultado, es replicado por todos los medios y un conjunto de especialistas se dedican a analizar su comportamiento. Asimismo, gran cantidad de trabajos académicos en el campo de las políticas sociales y económicas lo incorporan como un indicador clave. Este enfoque es ampliamente utilizado debido a que, efectivamente, los ingresos se encuentran  estrechamente correlacionados con la posibilidad de acceder a un conjunto de bienes y servicios, por lo que permite captar indirectamente varias de las dimensiones vinculadas al bienestar. Además, es una variable sensible a la coyuntura, por lo que facilita el monitoreo de cambios en el corto plazo (Feres, 2012). La tasa de pobreza monetaria ocupa así un lugar central en el discurso público, al ofrecer una interpretación intuitiva y fácilmente transmisible (Messina, 2017).

Sin embargo, la medición monetaria de la pobreza también posee una serie de limitaciones, de las cuales aquí destacaremos solo algunas. En primer lugar, el indicador no es sensible a políticas que impacten en ciertas dimensiones sin pasar por el ingreso de los hogares, como las políticas destinadas a la provisión de bienes y servicios públicos (educación, salud, infraestructura habitacional, entre otros). En ese marco, puede inducir a políticas que se circunscriban a las medidas con mayor impacto en el indicador. En segundo lugar, los ingresos de los hogares pueden destinarse a otros fines distintos a la adquisición de bienes y servicios básicos. Por mencionar algunos ejemplos vinculados a contextos de crisis, los hogares pueden destinar una parte significativa de sus ingresos a la devolución de créditos tomados en momentos de privación extrema, o pueden ayudar con dinero a familiares que se encuentren en peor situación. Por otra parte, la medición de pobreza por insuficiencia de ingresos no tiene en cuenta los cambios en la situación patrimonial de los hogares. Es decir, puede haber hogares que circunstancialmente hayan dejado de estar por debajo de la línea de pobreza, pero que ahora se encuentren más endeudados que antes, que cuenten con menos o ningún ahorro, o que hayan tenido que vender sus pocas pertenencias para poder subsistir. Por último, puede haber sesgos en los datos de ingresos captados por las encuestas a hogares. Asimismo, en períodos de alta inestabilidad y cambio de precios relativos como el que sufrió Argentina durante 2024, el indicador puede perder precisión.

                Parte de estas desventajas han sido señaladas por algunos organismos o especialistas para argumentar la necesidad de incorporar mediciones multidimensionales de la pobreza, que combinen un set de variables no monetarias de privación. Si bien el INDEC actualmente publica un conjunto amplio de indicadores de condiciones de vida- que se mantuvieron mayormente estables durante la gestión libertaria-, no elabora una medida sintética de pobreza multidimensional que identifique aquellos hogares que presentan privaciones en un umbral definido de dimensiones. Aunque esto podría constituir un avance para las estadísticas oficiales, tampoco se encuentra exento de limitaciones metodológicas. En primer lugar, la selección de las dimensiones, los umbrales y el peso de cada dimensión puede estar sujeta a criterios arbitrarios. Por otra parte, las variables que componen el indicador se encuentran fuertemente condicionadas por las fuentes de información disponibles. Por ejemplo, la EPH permite saber si las niñas y niños en edad escolar están asistiendo a la escuela, pero es insuficiente para conocer la calidad del aprendizaje obtenido. Podemos conocer si los hogares disponen de agua en el interior de la vivienda, pero no sabemos si es agua apta para su consumo.

                Por otra parte, el problema de la medición nos enfrenta a un dilema entre el objetivo de dar cuenta de la complejidad de los fenómenos sociales y la necesidad de disponer de indicadores sencillos para democratizar el debate público. En este sentido, la simplificación excesiva ha llevado a priorizar mediciones dicotómicas que, en el caso que nos convoca en esta nota, dividen a la población entre pobres y no pobres como si fueran conjuntos homogéneos. Al respecto, el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA) ofrece un aporte relevante al estratificar a la población distinguiendo a los no pobres en situación vulnerable, al sector medio “frágil”, al estrato medio asociado a la “clase media” y a los sectores acomodados. En este sentido, sería deseable que se avance con mediciones de este tipo a nivel nacional para dar cuenta del proceso de empobrecimiento de los sectores medios, proceso que queda por fuera de la tasa de pobreza.

En definitiva, las estadísticas sociales constituyen también un campo de disputa en el cual hay mucho por hacer. Desde avanzar en propuestas metodológicas superadoras, pasando por revisar la conceptualización misma de la pobreza, hasta discutir el foco que adquirió este fenómeno por sobre otras cuestiones centrales como la desigualdad en sus múltiples aristas. Estos contextos son una buena oportunidad para dar discusiones amplias respecto a los objetivos que pretendemos como sociedad y de qué forma podemos monitorear colectivamente los avances hacia ese horizonte. Por mencionar solo un ejemplo, no disponemos de mediciones oficiales sobre la desigualdad patrimonial que reflejen la distribución de activos como inmuebles, capitales productivos y financieros, vehículos, entre otros aspectos. Las estimaciones publicadas por la World Inequality Database indican que el 1% más rico del país posee el 25% de la riqueza nacional. En contraposición, la mitad más vulnerable de la población accede a tan solo el 4% de esa riqueza. En efecto, mientras discutimos incesantemente las cifras de pobreza, quienes poseen las grandes riquezas continúan acumulando fortunas que permanecen invisibilizadas. Sin embargo, cualquier desarrollo superador que nos propongamos en las mediciones difícilmente se lleve a cabo bajo una gestión que se propuso destrozar al Estado y llevar los salarios de los/as trabajadores estatales, incluyendo los del INDEC, a mínimos históricos.

Mientras Javier Milei recurre a imágenes absurdas señalando que “si la gente no llegara a fin de mes ustedes tendrían que caminar por la calle y tendría que estar llena de cadáveres” y enuncia que gracias a su gestión 12 millones de personas salieron de la pobreza y la inflación pasó del 17.000% al 30%, cifras completamente carentes de fundamento, gran parte de la población ve caer su poder adquisitivo y desenvuelve múltiples estrategias para poder subsistir, aumenta el peso de sus deudas, vende sus pocas pertenencias y se saturan los rebusques como el empleo a través de plataformas. Mientras llega a decir “parece que hubiéramos encontrado la máquina de la prosperidad”, su modelo económico cruje minuto a minuto. Un modelo económico que, a fuerza de haber dilapidado miles de millones de dólares de nuestras reservas, mantiene transitoriamente un dólar barato que contribuye a postergar en el corto plazo subas mayores en los precios de algunos bienes, pero que también induce a la destrucción del entramado productivo, la pérdida de empleos formales y el deterioro de los servicios públicos, procesos que, si bien más graduales y silenciosos, van erosionando el tejido social de un país que, creemos, aún está a tiempo de revertir este rumbo.

Referencias:

Altimir, Oscar (1979). La dimensión de la pobreza en América Latina. Cuadernos de la CEPAL. Santiago de Chile.

Feres, Juan Carlos (2012). Marco conceptual y metodológico para la medición de la pobreza. Taller sobre Armonización de las Estadísticas de Pobreza en América Latina y el Caribe. CEPAL.

Messina, Giuseppe M. (2017). La construcción social de los indicadores de pobreza: una aplicación al caso de Argentina. Athenea Digital, 17(3), 247-270. https://doi.org/10.5565/rev/athenea.2045

Vommaro, Gabriel y Claudia Daniel (2013). ¿Cuántos son los pobres? Contribuciones a la historia de su definición estadística en la Argentina de los años ochenta. Revista Voces en el Fénix.

Foto: Valerio Bispuri (libro Encerrados)