Reforma laboral: un ataque a la familia trabajadora

Jimena Frankel (investigadora del IEF-CTA)

Quienes vivimos de nuestro trabajo necesitamos un salario que nos permita acceder a los bienes básicos, un lugar y tiempo para descansar, y disponibilidad para atender nuestra salud y cuidar a las personas de nuestra red. La reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional atenta contra todos estos pilares fundamentales de la existencia. No importa si se trata de un trabajador o una trabajadora con derechos formales, de quien realiza changas o trabaja sin protección en alguna de las aplicaciones digitales. De aprobarse este proyecto, absolutamente todos y todas verán amenazados su empleo, su salario, y su tiempo de trabajo y descanso.

Este ataque no solo desarma las formas de vida que, en muchos casos, ya se sostenían de manera precaria, sino que también busca debilitar los mecanismos de organización y defensa colectiva.

Socializar el costo del despido

Hasta hoy, un trabajador formal despedido sin causa tenía derecho a una indemnización a cargo de la empresa. El proyecto de reforma propone que ese costo sea financiado por el conjunto de la clase trabajadora. ¿Cómo? Reduciendo en un 3% los aportes patronales a la seguridad social (fondos vitales para jubilaciones, asignaciones familiares, AUH y planes sociales), para destinarlos a un fondo de inversión que cubra esas indemnizaciones.

En otras palabras, se trata de una AFJP de las indemnizaciones que facilita y abarata el despido para los empleadores en un contexto de caída del empleo formal y de la actividad económica. Mientras tanto, los trabajadores y trabajadoras sufriremos el desfinanciamiento de la seguridad social: menos recursos para mejorar las jubilaciones, una mayor erosión de las asignaciones familiares, y menos margen para aumentar la AUH o los planes sociales. Las familias trabajadoras pierden en seguridad social, y se benefician los empleadores.

Tiempo y salarios: la incertidumbre como norma

Lejos de promover una reducción de la jornada laboral acorde al avance tecnológico, este proyecto permite a las empresas imponer unilateralmente bancos de horas y regímenes de «flexibilidad» extrema. Para los y las trabajadoras, esto significa perder toda previsibilidad: ya no se sabrá qué días se trabajará ni cuántas horas.

Este desorden impuesto impacta directamente en la organización de la vida cotidiana, obstruye el tiempo para los cuidados y el autocuidado, y genera un deterioro en la salud producto del mayor desgaste físico y mental que esta incertidumbre permanente provoca.

Estas jornadas “flexibles” afectan especialmente a las mujeres, quienes ya se enfrentan a mayores barreras para acceder o mantenerse en un empleo formal debido a la sobrecarga de tareas no remuneradas en sus hogares. Este modelo no hace más que añadir un nuevo obstáculo, haciendo que la ya difícil conciliación de trabajo/cuidados sea casi imposible, y consolidando las desigualdades de género en el mercado de fuerza de trabajo.

Para las empresas, esta “flexibilidad” es, en realidad, un mecanismo de ahorro que elimina el pago de horas extras. Para lxs trabajadorxs, es una pérdida salarial directa. La remuneración mensual se vuelve una incógnita, sujeto a la discrecionalidad patronal sobre las horas trabajadas. En resumen, es un esquema que pone la explotación en el centro, desdibuja los límites de la jornada laboral y borra la noción de una remuneración estable.

Además, la reforma habilita el fraccionamiento de vacaciones en periodos mínimos de siete días, con posibilidad de otorgarse en cualquier momento del año (solo obliga a que se otorguen en verano una vez cada tres años). Esto impacta sobre la organización familiar, en tanto resultará prácticamente imposible compatibilizar vacaciones con lxs integrantes de las familias, mucho más en los casos donde haya niñxs en edad escolar. Pero también afecta a la salud, ya que los tiempos de reposición del desgaste físico y mental podrá ser otorgado en cuotas.

Derechos conquistados y organización sindical: el desmantelamiento

La negociación colectiva es la herramienta fundamental para regular las relaciones laborales en Argentina, actualizar derechos y adaptar el trabajo a los cambios tecnológicos. La reforma, sin embargo, lejos de potenciarla, busca desmantelarla.

Su objetivo es claro: fragmentar y empobrecer el mundo del trabajo. Para ello ataca la ultraactividad de los convenios (que mantiene vigentes los derechos hasta que se firma uno nuevo), habilita acuerdos «a la baja» que directamente empeoren condiciones e impulsa la negociación por empresa. El resultado será la destrucción de los pisos de derechos comunes para toda una rama de actividad, generando una mayor fragmentación, desigualdad y una carrera hacia la precarización al interior de cada sector.

El impacto será brutal sobre los derechos conquistados con décadas de discusión y lucha de las trabajadoras: ampliaciones de licencias por nacimiento, por cuidados familiares, por adopción, por violencias laboral y/o de géneros, entre muchos otros. Todos estos avances, claves para la conciliación de nuestra vida y de nuestras familias, quedan en la mira directa y a merced de una negociación degradada que los pone en riesgo.

Además, se restringe severamente el derecho a defenderse. Prácticamente se prohíbe la huelga, al exigir que se garantice entre el 50% y el 75% de la actividad laboral durante un conflicto. También se limita la organización sindical: se elimina la tutela sindical para cargos suplentes o congresales (clave para renovar dirigencias, especialmente afectando a las mujeres a quienes la doble jornada limita su trayectoria sindical), se exige autorización empresarial para realizar asambleas y se permite descontar el salario a quienes participen.

En conclusión, esta reforma no es una «modernización». Es un ataque contra los cimientos de la vida del pueblo trabajador, un retroceso histórico que mercantiliza aún más la vida y consolida el poder absoluto del empleador sobre el tiempo, la salud y el salario de la clase. Por eso también ataca las herramientas de organización y lucha que son fundamentales para resistir y avanzar en nuevos derechos.