Todo lo que hay que saber sobre la última dictadura, a 50 años del golpe: números, documentos, falacias, negacionismo, luchas, organismos de DDHH.
Juan Chazarreta (politólogo, militante del MOCASE, autor de Operación Chacabuco. Peronismo ortodoxo, dictadura, insultos)[1]
- La dictadura de la desaparición de personas
El discurso de los perpetradores
“No fueron 30.000 los desaparecidos. En los 70 hubo una guerra”, dijo Javier Milei en el debate presidencial en la ciudad de Santiago del Estero en octubre de 2023. Se notaba ese día que Milei estaba repitiendo algo que había aprendido de memoria y que, de a momentos, relojeaba sus anotaciones para no confundirse. La experta en ese espacio político en el tema es Victoria Villarruel, quien, familiar directa de represores, pertenece desde muy joven a los sectores que reivindican los crímenes de la dictadura escudados en la engañosa idea de “Justicia Completa”. Escondidos en un pedido de justicia por las víctimas de la guerrilla ponen en cuestión la cantidad de desaparecidos y reflotan la idea de que no hubo un genocidio, sino que las Fuerzas Armadas tuvieron que hacerse cargo del gobierno para poner orden y frenar a la guerrilla. Para estas posturas negacionistas las fuerzas represivas no cometieron delitos de Lesa Humanidad ni tampoco existió el Terrorismo de Estado, sino que el gobierno de Isabel Martínez de Perón (gobierno constitucional derrocado por las Fuerzas Armadas) encomendó una represión en la cual se cometieron excesos. Con esto último, minimizan el golpe de Estado y niegan el plan sistemático de exterminio que implementaron las Fuerzas Armadas y de Seguridad apoyados por ciertos sectores de la sociedad (económicos, eclesiásticos, judiciales) a partir del 24 de marzo de 1976. Es el mismo argumento que usan los represores para defenderse en los juicios de Lesa Humanidad. Una de las estrategias más utilizadas por los negacionistas es poner en duda que las víctimas del Terrorismo de Estado fueron 30.000. Comencemos por ahí para desmontar, punto por punto, cada uno de los argumentos de los discursos negacionistas que ponen en peligro los valores democráticos del presente, porque en su carácter negador esconden la reivindicación del genocidio.
El pacto de sangre
Para desentrañar esta discusión de la cifra es menester concentrarnos en aquellas víctimas directas de la represión, es decir en aquellas personas que fueron asesinadas por su filiación política y aquellas que fueron secuestradas y desaparecidas, independientemente de si al poco tiempo recuperaron su libertad en dictadura o si sus cuerpos fueron encontrados ya en periodo democrático. La desaparición forzada fue un método empleado por los perpetradores del Terrorismo de Estado (fuerzas armadas, de seguridad y civiles) que consistía en la eliminación de los opositores políticos al régimen cívico militar corporativo (con apoyo de la Iglesia Católica) mediante el secuestro y trasladados a Centros Clandestinos de Detención Tortura y Exterminio (CCDTyE) donde eran torturados con el fin de extraerles información que serviría para otros secuestros. Luego esa persona era asesinada, liberada o su detención podía ser “legalizada” –es decir, conducida a una cárcel– “a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN)”. Los cuerpos de los asesinados podían aparecer mediante un procedimiento fraguado que simulaba un “enfrentamiento” o un accidente. Sin embargo, en la mayoría de los casos eran enterrados como NN en cementerios, incinerados o arrojados, aun estando vivos, a algún río o al mar argentino. Sus hijos, que eran secuestrados con ellos o bien nacidos en cautiverio durante el secuestro de su madre, eran sustraídos de su identidad para ser entregados a familias allegadas al entorno militar o policial.
El primer punto que hay que aclarar es que la represión fue clandestina y el Estado, que es el que debería publicar una cifra de desaparecidos no puede hacerlo porque los perpetradores se encargaron de eliminar cualquier registro oficial de las víctimas del Terrorismo de Estado.[2] Como parte de su pacto de silencio, las Fuerzas Armadas siempre negaron tener información de los desaparecidos y suelen decir que la documentación sobre la “lucha contra la subversión” fue incinerada por orden de Cristino Nicolaides cuando transcurrían los últimos años de la dictadura. Sin embargo, las Fuerzas Armadas cuentan con documentación que tuve la oportunidad de analizar, tanto en sus archivos generales como los que guardan los cuarteles en los diferentes puntos del país. Con el Equipo de Investigación de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa de la Nación (2010-2015), del cual formé parte, pudimos acceder solo a información administrativa, nada referido al destino de las víctimas del terror de Estado. Sin embargo, análisis de esa documentación administrativa no fue menor, porque con ella se reconstruyeron estructuras militares que sirvieron a los fines de comprender cómo se organizó la represión, material que fue fundamental en procesos judiciales de Lesa Humanidad.
Además de la destrucción de esos registros o de su ocultamiento los represores no aportaron ningún dato desde el retorno de la democracia que pudiera contribuir al hallazgo de los desaparecidos, un verdadero pacto de sangre. Estas son las dos primeras dificultades: la naturaleza clandestina de la represión y la negativa de los genocidas a entregar información.
El cálculo de los organismos de derechos humanos
Hoy no contamos con una cifra precisa de asesinatos ni desapariciones forzadas y mucho menos podía conocerse en aquellos los años. A pesar de eso y antes del primer intento de registro estatal de las víctimas, como lo fue el informe que elaboró la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP) podemos encontrar estimaciones a una cifra que ayudan a cuantificar los alcances del Terrorismo de Estado.
Durante los años de la dictadura los familiares de desaparecidos fueron cobrando dimensión de los alcances de la represión, encontrándose en iglesias, ministerios u organismos de Derechos Humanos con el fin de denunciar las desapariciones y emprender una lucha conjunta. En agosto de 1976, Rodolfo Walsh denunció a través de la Agencia de Noticias Clandestinas (ANCLA) que eran “15 mil los detenidos políticos e incontables los muertos y desaparecidos” y luego en 1977 en la reconocida “Carta Abierta de un escritor a la Junta Militar” afirmó el numero de 15.000 desapariciones. En noviembre de 1976 Amnistía Internacional, mediante la recepción de cientos de denuncias calculaba entre 3 mil y 30 mil las desapariciones aproximándose al número que para ese entonces arrojaban los organismos de Derechos Humanos. La Comisión Argentina de Abogados (CADHU) en 1977 elaboró un informe llamado “Argentina: proceso al genocidio” donde afirmaba la cuenta de 20.000 desaparecidos hasta ese entonces. Para 1979 la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Liga por los Derechos del Hombre, los Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos registraron 5.580 desaparecidos. Según estos organismos, teniendo en cuenta el muestreo de las ciudades pequeñas y otras fuentes, esa cifra podría multiplicarse por tres acercándose a la cifra de 20.000 y hasta podría llegar a 30.000. Los sobrevivientes de algunos centros de detención y exterminio también arrojaron una cifra como lo hicieron público Ana Marti, María Milla de Piles y Sara Solarz de Osatinsky. Ellas tres, sobrevivientes de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), en octubre de 1979 dijeron haber visto registros de ese centro clandestino por 4.726 personas. Durante la dictadura los denunciantes han elaborado varias cifras de desaparecidos, desde organismos nacionales hasta internacionales. Sólo mencionamos algunas fuentes y seguramente existan otros conteos, de hecho, sobre este tema el sociólogo Emilio Crenzel publicó un artículo en “Latin American Research Review” donde realiza un minucioso trabajo de reconstrucción cronológica sobre la cifra de las víctimas del Terrorismo de Estado. Los organismos de Derechos Humanos fueron haciendo un cálculo, en base a estos trabajos y redondearon en la cifra de 30.000. Obviamente que no es un número exacto y, de hecho, los mismos organismos reconocen que es un número aproximado por el simple hecho de haber sido calculado en el mismo momento en que trascurrían los crímenes y era absolutamente imposible llegar a un número preciso.
¿En 1978 ya eran 22.000 los muertos y desaparecidos?
Los negacioncitas tildan de tendenciosas las fuentes antes mencionadas diciendo que los números “fueron inflados” o que son números “politizados”, pero las que describo a continuación son de los mismos perpetradores del terror de Estado o de sus propios círculos ideológicos. Por eso me interesa poner el énfasis en las cifras que pueden rastrearse en los propios genocidas o en instituciones, medios de comunicación y personalidades cercanas a ellos.
Como explicamos en el libro Operación Chacabuco. Peronismo ortodoxo, dictadura, indultos, el Terrorismo de Estado no se inició un 24 de marzo de 1976 con el golpe de Estado, sino que fue configurándose unos años antes. Los asesinatos de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), comandada por López Rega como Ministro de Bienestar Social de la Nación (1973-1975) fueron la antesala de un Estado a dispuesto a aniquilar personas que enarbolaban un proyecto de país más justo. El Operativo Independencia fue el ensayo más cercano a lo que vino después del 76, un proyecto de aniquilamiento perpetrado en la provincia de Tucumán con el supuesto objetivo de aniquilar la guerrilla rural del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). El Operativo fue aprobado por María Estela Martínez de Perón en febrero de 1975 para intervenir militarmente Tucumán llevando adelante secuestros, desapariciones y torturas de manera sistemática. El general Acdel Vilas comandó el Operativo Independencia hasta diciembre de 1975 y dejó un escrito donde relata sus vivencias de la represión en Tucumán.[3] Acdel Vilas cuenta que se montó en Famaillá un Lugar de Reunión de Detenidos (LRD), que en la jerga militar es donde se le “extrae” información a los sospechados de participar o colaborar con la “subversión”, que hoy conocemos como Centro de Detención, Tortura y Exterminio. En sus manuscritos dice que desde el 10 de febrero al 18 de diciembre de 1975 pasaron por ahí 1507 personas. Primero y principal, y tal como lo decía Vilas, el objetivo no era solo militar si no cultural, implantar el miedo a la participación política. Los números que arrojó Vilas demuestran esto: durante el Operativo Independencia se secuestraron 1507 personas en diez meses y en una sola provincia. En octubre de 1975, se extiende a todo el territorio nacional la intervención militar mediante los decretos 2770, 2771 y 2772. Ese mismo mes el Consejo de Defensa emitió la Directiva 1/75 que disponía el “aniquilamiento de los elementos constitutivos de las organizaciones subversivas” y “eliminar y desalentar el apoyo que personas u organizaciones de distintos tipos puedan brindar a la subversión”.[4]
El 24 de marzo del 2006, el periodista Hugo Alconada Mon escribió, en una nota del diario La Nación, que el Ejército Argentino reconoció haber asesinado y desaparecido a 22.000 personas entre 1975 y 1978.[5] Alconada Mon relataba que, dicho medio periodístico, había accedido a copias del Archivo de Seguridad Nacional de la Georgetown University donde se encontraba esta información, la cual había llegado al archivo estadounidense, a través de Enrique Arancibia Clavel, agente de la Dirección de Inteligencia chilena (DINA) en Buenos Aires. Arancibia Clavel, tenía la misión de informarle a su país lo que ocurría en Argentina y de coordinar secuestros de ciudadanos chilenos en nuestro territorio. De hecho, en 2004 fue juzgado por la justicia argentina y condenado a prisión perpetua por el asesinato en 1974 del general chileno Carlos Prats y su pareja, en el marco del Plan Cóndor. En julio de 1978, Clavel envió un cable a sus superiores de la DINA en Chile con nombres de víctimas y precisando que sus pares del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército Argentino, “han computado 22.000 entre muertos y desaparecidos· desde 1975 hasta el presente” (1978).
En 1977 llegó a la Embajada de Estados Unidos en Argentina, Allen “Tex” Harris, enviado por la Casa Blanca con el objetivo de monitorear el plan de la dictadura de Videla. Harris comenzó a recibir denuncias en la misma embajada y, luego de dos años, escribió un informe con las conclusiones de su investigación.[6] En noviembre de 1977 Videla viajó a Estados Unidos y el Secretario de Estado, Cyrus Vance, le entregó un listado de 7.500 desaparecidos. Ese listado había sido elaborado por Harris y era producto de su investigación que aún seguía en curso. Luego de hacer conocer su informe, Harris fue expulsado de la Argentina. Molestaba tanto su presencia, que uno de los más cruentos genocidas, el general Guillermo Suarez Mason[7], organizó un brindis por haber logrado su expulsión del país. Harris informó al gobierno de EEUU que en la dictadura argentina “había una clara intención de exterminar” a los opositores del régimen militar. El gobierno argentino pedía que no se divulgara el número de víctimas. Harris dijo que en Argentina “estaban matando entre 15.000 y 25.000 de sus propios ciudadanos, casi el 0,1% de la población argentina estaba siendo ejecutada sin juicio”. Años más tarde dijo en una entrevista que: “era una matanza de la que no se tenía proporciones, sobre todo con el tratamiento de la figura del desaparecido, haciendo desaparecer los cuerpos. Este tipo de procedimientos fue adoptado por los militares argentinos de su adiestramiento de la lucha contra el terrorismo urbano que los franceses utilizaron en Argelia y en varias colonias, que consistía en raptar las personas rápidamente, torturarlas hasta sacarles información y luego exterminarlas y desaparecer sus cuerpos”.
Harris afirmó en dicha entrevista que el número 30.000 es un número “político”, pero no por eso deja de ser una cifra bastante aproximada de la magnitud del genocidio en Argentina. Además, se animó a decir que el número en términos reales puede llegar a ascender a 50.000 y afirmó que no fue gente asesinada por poner bombas, sino por sus ideas. En 2014 dijo que “lo que ocurrió en Argentina fue una campaña de exterminación”. Más allá de que Harris tenía una posición crítica de la dictadura, no deja de ser un hombre que con el aval de la embajada estadounidense investigó los alcances del terrorismo de Estado en Argentina y dio cuenta de la magnitud del genocidio.
Para el año 1983, el general Ramón Camps, jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires durante la dictadura confesó “haber hecho desaparecer a 5.000 subversivos” en una entrevista publicada en la revista Bimestre político y Económico 2, en febrero de ese año. Camps no está arrojando una cifra del alcance total de la política represiva, sino que se hace cargo de sus propias víctimas. Es decir, de los Centros Clandestinos que tenía a su cargo, conocidos como el “Circuito Camps” entre los que se encontraba la Comisaria 5 de La Plata, El Pozo de Arana, La Brigada de Investigaciones de La Plata, etc. Cinco mil personas fueron víctimas solo de los Centros que se encontraban entre La Plata y la zona sur del conurbano bonaerense.
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[1] Extracto y adaptación del prólogo a la reedición de Operación Chacabuco. Peronismo ortodoxo, dictadura, indultos. Red Editorial, 2026.
[2] Gracias al testimonio de sobrevivientes se conoce que las Fuerzas, llevaban registros de las personas detenidas desaparecidas y de su destino. Juan Carlos Clemente, alias “El Perro”, presentó un documento en 2010 al tribunal mientras declaraba como testigo en el juicio oral por los crímenes de Lesa Humanidad cometidos en Tucumán. Se trataba de un listado confeccionado en el Centro Clandestino conocido como “Jefatura”, en el cual figuran nombre, alias y “observaciones”, entre estas últimas se registraba “Libertad”, “Dis. Pen” (a disposición del PEN) o “DF”, que significaba Disposición Final, un eufemismo para registrar a los asesinados cuyos cadáveres eran desaparecidos.
[3] Luego de cumplir sus tareas en Tucumán, Vilas fue trasladado a Bahía Blanca donde escribió un manuscrito sobre su paso como Jefe del Operativo Independencia, pero el Comando en Jefe del Ejército prohibió su publicación en 1977. En 1986 la revista “El Periodista” publicó extractos del manuscrito y luego fue publicado en varios libros de investigación histórica como los que fueron consultados para este libro como: La dictadura militar 1976/1983, del golpe de estado a la restauración democrática de Marcos Novaro y Vicente Palermo (Ed. Paidos) o Memoria Deb(v)ida de José Luis D’Andrea Mohr (Ed. Colihue).
[4] Uno de los ministros firmantes fue el hoy libertario Carlos Ruckauf (por entonces Ministro de Trabajo).
[5] https://www.lanacion.com.ar/politica/el-ejercito-admitió-22000-crimenes-nid791532/ Fecha de consulta: 05/04/2025
[6] Todos los extractos citados de Harris se encuentran en: https: //www.perfil.com/noticias/sociedad/murio-tex-harris-el-diplomatico-que-denuncio-los-horrores-de-la-dictadura-argentina.phtml. Fecha de consulta: 20/06/2025
[7] Fue comandante del I Cuerpo de Ejército, con base en el Cuartel Palermo, en la ciudad de Buenos Aires. Bajo su jurisdicción funcionaron los centros de tortura de Automotores Orletti, el Pozo de Banfield, La Cacha y El Olimpo, y era el mando directo de Ramón Camps, el jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
Fuente imagen: El País
