Universalizar derechos o universalizar desprotección, esa es la cuestión
Ana Rameri (economista, coordinadora del IPyPP)
Si atendemos, aunque sea por un momento, la situación en la que vive el grueso de la gente, las condiciones en las que se trabaja, cuánto se trabaja y cuánto se paga ese trabajo, resulta difícil sostener que no se necesitan reformas.
Según los datos que venimos viendo, alrededor del 12% de quienes tienen trabajo son pluriempleados, es decir, necesitan más de un empleo para acercarse a un ingreso mínimamente acorde. Pero la sobreocupación es todavía más extendida. Cerca del 30% trabaja entre 9 y 11 horas por día y, dentro de ese universo, casi un millón llega a jornadas de 16 horas diarias. Más aún, estas magnitudes serían aún mayores ya que existe un 6% adicional de la población económicamente activa que desea trabajar más horas, pero no lo consigue, sin mencionar que otro 17% directamente demanda otro empleo porque no tiene una retribución satisfactoria. No se trata de una súbita vocación “workaholic”, sino de la compulsión por completar ingresos en un mercado laboral que paga y protege poco y exige mucho.
Además, solo el 44,8% de las personas ocupadas tiene un puesto asalariado registrado. El resto queda repartido entre relaciones laborales clandestinas, trabajo por cuenta propia, microemprendimientos, changas y modalidades híbridas que, demasiadas veces, encubren fraude laboral y traslado de riesgos. Es un universo amplio de proletarios a medias, en el sentido de que, aunque la forma salario no los abarque plenamente, dependen igual de una prestación laboral cotidiana para sostener su vida. En ese marco, el ingreso medio de los ocupados no alcanza el millón mientras la canasta total familiar, aun con mediciones subestimadas, lo supera desde finales del año pasado, y el resultado es elocuente. Casi un cuarto de los ocupados es pobre. Entre los jóvenes, la situación se agrava. Siete de cada diez están precarizados, ya sea porque perciben montos irrisorios o porque directamente carecen de amparo laboral y de protección social, y esa es la antesala de una vida laboral entera sin piso de derechos.
A ese cuadro se le suma el endeudamiento como forma de sostener la vida cotidiana. En el primer semestre de 2025, el 25,5% de los hogares solicitó algún préstamo y, en el estrato de ingresos bajos, lo hizo el 30,4%; además, cuando baja el ingreso, crece el peso del endeudamiento informal con familiares o amigos. En paralelo, la financiación del consumo se volvió masiva ya que comprar en cuotas o, fiado con tarjeta o libreta. llegó al 50,9% de los hogares. Y la tarjeta termina funcionando como un “salario complementario” caro, con 11,5 millones de personas endeudadas en julio de 2025 y un stock que subió con fuerza en términos reales respecto del año anterior.
El problema es que estamos en una encerrona. De un lado, quienes operan con mala fe empujan una flexibilización todavía mayor. Del otro, quienes se asumen bienintencionados terminan muchas veces corriendo detrás del libreto ajeno. Discuten como si el punto central de la reforma fuera la generación de empleo, aun sabiendo que esa promesa suele funcionar más como excusa que como diagnóstico real. En ese terreno, el debate se desordena y se repite que “es la economía”, que el crecimiento es lo que genera empleo protegido, y con eso se dice una verdad a medias.
Porque aun cuando el crecimiento, y más todavía un ciclo de impulso industrial, mejora el mercado de trabajo, no alcanza por sí solo para resolver de manera completa las necesidades de inserción laboral e ingresos del conjunto de la población. Esa omisión es clave. Permite que la agenda quede reducida a un falso dilema entre flexibilizar o esperar a que la economía crezca lo suficiente, cuando lo que falta es discutir qué reformas efectivamente elevan el piso de derechos.
Modernizar o actualizar leyes, instituciones y protecciones es, precisamente, lo que esta reforma no hace. Hace más bien lo contrario y basta un ejemplo para ilustrarlo: deroga la única norma reciente que intentó hacerse cargo, al menos parcialmente, de los dilemas que trajeron las tecnologías digitales. La ley de teletrabajo reconocía el derecho a la desconexión digital y establecía ciertos márgenes de soberanía personal sobre el reparto del tiempo de trabajo, especialmente para quienes tienen tareas de cuidado.
No moderniza, sino que, en lo sustantivo, propone un viaje al pasado sin escalas. Una vuelta al trabajo más mercantilizado, más individualizado y menos colectivo, con defensas debilitadas frente a una de las relaciones sociales más asimétricas que existen, la relación capital–trabajo. La promesa de actualización funciona como un rótulo amable para un movimiento que, en la práctica, desplaza riesgos hacia el trabajador, fragmenta la negociación colectiva y erosiona protecciones construidas justamente para equilibrar esa asimetría.
Marx lo formuló con una imagen difícil de superar. Cuando se desciende desde la esfera del intercambio hasta la esfera de la producción, el propietario del dinero avanza como capitalista y el poseedor de la fuerza de trabajo lo sigue como trabajador. “El uno”, escribe, “significativamente sonríe con ínfulas y avanza impetuoso; el otro lo hace con recelo, reluctante, como el que ha llevado al mercado su propio pellejo y no puede esperar sino una cosa, que se lo curtan”. Esa escena no es sólo una postal del siglo XIX sino el recordatorio de que, sin reglas e instituciones que pongan límites, la supuesta libertad contractual termina pareciéndose demasiado a un modelo de sometimiento sin alternativas.
Tenemos que hablar en serio de actualización, en ese sentido, lo primero es admitir que un régimen laboral no puede pensarse al margen de la relación capital–trabajo, porque esa relación no es un dato fijo ni una abstracción jurídica, sino una relación social históricamente situada, que se reorganiza con cada mutación del sistema económico, con cada cambio en la forma que adoptan los modelos de negocios y con cada giro en la manera en que se extrae la ganancia. Durante buena parte del siglo XX, esa matriz estuvo sostenida por una fase concreta del capitalismo que tenía en el centro la producción de manufacturas y la gran fábrica como escena típica de la explotación; en ese marco, la forma salario regulada y el derecho del trabajo surgieron como traducción política del movimiento obrero organizado frente a los abusos, y como una forma de limitar una asimetría estructural que, sin contrapesos, tiende a imponerse como “libertad contractual”.
Por eso la limitación de la jornada, el reconocimiento de derechos, la construcción de ciudadanía social y la instalación de protecciones no fueron únicamente conquistas defensivas de la clase trabajadora. También expresaron un pacto, siempre tenso e incompleto, en el que el capital industrial encontraba condiciones de reproducción que incluían, entre otras cosas, un mercado interno vigoroso. Allí había una lógica que conviene no olvidar: no se trataba solamente de fabricar mercancías, sino de producir también las condiciones sociales de su realización, es decir, consumidores con ingresos relativamente previsibles y con un umbral de seguridad que redujera la incertidumbre cotidiana, porque incluso la ganancia necesitaba apoyarse en esa regularidad.
La pregunta, entonces, no es si hacen falta reformas, sino qué tipo de reformas se pretenden y a qué mundo están respondiendo, porque el cambio de época se vuelve visible cuando invertimos el interrogante. ¿Qué pasa cuando lo que se produce, en términos sociales, no son trabajadores con derechos y salarios capaces de sostener demanda, sino hombres y mujeres precarizados, sobreendeudados y obligados a administrar la vida a través de cuotas, moras y urgencias? ¿Qué tipo de estabilidad puede ofrecer un sistema laboral cuando el consumo deja de descansar en el salario y se apoya cada vez más en el endeudamiento como tecnología de supervivencia? Y, sobre todo, cuando el propio centro de gravedad de la ganancia se desplaza, la inversión del empresario se diluye en la especulación del accionista y la rentabilidad deviene cada vez más renta que ganancia.
Por lo tanto, adaptar las instituciones protectorias del trabajo exige una comprensión fina del presente. Supone tomar en serio qué cambió en la forma de producir, en la forma de explotar y en la forma de capturar ganancias, si lo que se pretende es discutir protecciones a la altura del nuevo escenario y no apenas retocar normas para que encajen en un mercado de trabajo cada vez más fragmentado.
Porque mientras el capital expandió sus dispositivos de captura de valor hacia el conjunto de la sociedad, colonizando tiempos, territorios y relaciones que antes quedaban relativamente por fuera de la valorización, lo que sigue restringido a las figuras clásicas del empleo son, justamente, las instituciones del trabajo. Allí aparece un desfasaje decisivo. La expansión de las formas de trabajo precario, autónomo dependiente, por encargo o mediado por plataformas convive con un sistema de protección que, en lo esencial, continúa atado al contrato laboral típico. La universalidad, en cambio, sigue esperando su turno, como si pudiera postergarse indefinidamente. Pero esa espera es precisamente el núcleo del problema y también el punto de partida de la reforma que falta, porque la discusión decisiva es justamente qué forma concreta va a tomar la universalidad para convertirse en el criterio organizador de los derechos.
Esa es la discusión de fondo que debería ordenar cualquier agenda de reformas. No cómo universalizar la desprotección, sino cómo se universalizan derechos y seguridades sociales en un mundo en el que la producción de valor ya no se deja encerrar en la fábrica ni en la relación salarial estándar. La forma concreta de esa universalidad, qué derechos incluye, cómo se financia, qué instituciones la garantizan y cómo se vuelve exigible, es la verdadera reforma del futuro y el debate que hoy se está eludiendo.
Para abrir esa conversación, compartimos un documento que busca aportar insumos y preguntas para recorrer ese sendero y sostener una discusión plural y abierta. https://ipypp.org.ar/2025/11/17/diez-propuestas-de-politicas-publicas-para-un-nuevo-esquema-de-relaciones-laborales-con-ampliacion-de-derechos/
Para quienes quieran ampliar, invitamos a leer:
Imagen: Diario Perfil
