Del odio como política. A un año del gobierno de Milei
Por MARIA CAPURRO ROBLES (abogada especializada en derechos humanos, libertad de expresión y comunicación audiovisual)
NATALIA TORRES (politóloga especializada en políticas públicas de integridad y género)
Hace más de un año y en ocasión de la campaña electoral señalamos nuestra preocupación frente a un debate público signado por expresiones discriminatorias y de odio que conformaron una conversación tóxica y lejana de cualquier discusión sensata sobre el destino de nuestra patria o el contenido que deben adoptar las políticas públicas.
Vale decir que el clima de hostilidad no era exclusivo del debate electoral: nuestro país —al igual que la región y el mundo— atraviesa un período de creciente circulación de discursos de odio, entendiendo a estos, según Naciones Unidas, como “cualquier forma de comunicación de palabra, por escrito o a través del comportamiento, que sea un ataque o utilice lenguaje peyorativo o discriminatorio en relación con una persona o un grupo sobre la base de quiénes son o, en otras palabras, en razón de su religión, origen étnico, nacionalidad, raza, color, ascendencia, género u otro factor de identidad”. Si enunciamos entonces la preocupación sobre su utilización en la contienda electoral lo hicimos convencidas en que su uso traería aparejadas algunas amenazas.
El aumento de la circulación de los discursos de odio en nuestro país tiene ya algunos años[1]. La novedad de la última campaña fue su incorporación en el discurso político por parte de candidatos como propuestas de clivajes, intentos de generación de controversias y de división del campo popular. La utilización de las expresiones de odio con esta finalidad contribuyó a un nuevo desplazamiento de lo decible, es decir, sobre lo que resulta habilitado decir en la conversación pública, multiplicando en consecuencia la proliferación de los discursos de odio.
Esto ocurre porque no todas las voces tienen el mismo alcance ni provocan los mismos efectos en el espacio público: algunas tienen responsabilidades mayores en la búsqueda de una conversación libre y plural. O, dicho de otro modo: la peligrosidad de un discurso puede ser evaluada en función de diferentes características. Una de las más relevantes para determinar si una expresión de odio puede resultar peligrosa se vincula a la persona que la enuncia. El Plan de Acción de Rabat de Naciones Unidas, un plan integral para identificar los discursos de odio y evaluar su peligrosidad en la incitación a la violencia, brinda una buena orientación sobre este tema. El plan establece que la posición, estatus o reputación de quien habla debe considerarse especialmente a la hora de analizar el eventual efecto de su discurso, al igual que sopesar el alcance de la expresión, su contexto, su naturaleza pública, los medios empleados, la posibilidad de que sea repetido, el tamaño de su audiencia y su accesibilidad al público general.
Las y los candidatos a ocupar cargos públicos, advertimos entonces, hablan en un contexto y condiciones privilegiadas en términos de su estatus y alcance; su palabra representa a sus espacios y tienen seguidores y votantes, es decir, ¨hablan¨ a otros y otras; se dirigen a una audiencia muy amplia, generalmente a través de medios de comunicación masivos y redes sociales y es habitual que sus expresiones se repitan o repliquen en otros ámbitos.
Escribimos ahora desde el futuro, desde este diciembre de 2024, y vemos hoy a esos candidatos y candidatas que utilizaron con frecuencia expresiones de hostigamiento o discriminación consagrados como ganadores y, en consecuencia, ejerciendo la función pública. La potencial peligrosidad de sus expresiones se ve incluso incrementada en tanto éstas pueden convertirse en el contenido de políticas públicas. Y eso es lo que nos interesa repasar en este artículo: describir el primer año del gobierno de Milei en relación al uso de discursos de odio y su impacto en políticas públicas.
El rechazo a las personas LGBTIQ+ y la homofobia en las políticas de Estado
En este primer año de gobierno, la homofobia y la violencia contra las diversidades sexuales y de género han sido elementos centrales en el discurso del presidente, de funcionarios y funcionarias de distinto rango y de ideólogos e influencers libertarios (muchos de ellos con participación formal en las políticas de comunicación estatal).
Expresiones como “Mandriles, ensobrados, les cerramos el orto” o «…quisieron llevar [el dólar] a $1.800 y les dejamos el culo como a un mandril», entre muchos dichos similares que cuesta reproducir aquí[2], formaron parte de discursos presidenciales ante audiencias variadas que incluyeron desde militantes enfervorizados hasta empresarios que suscribieron con aplausos y periodistas que omitieron cualquier señalamiento o re-pregunta. Esto se completó con una profusa actividad en redes sociales, en particular en X, donde el presidente y sus seguidores compartieron contenidos violentos de este tenor. La violencia se instaló en el discurso político sin que sonaran las alarmas que, en otro contexto, hubieran aparecido por considerar inadmisibles este tipo de expresiones en boca de las máximas autoridades del Estado.
Ejemplos, lamentablemente, sobran. En una entrevista, Nicolás Márquez, biógrafo y amigo del presidente, calificó a las personas homosexuales como “insanos, invertidos, con tendencia a la destrucción”, constituyendo un dicho de extrema homofobia y discriminación. La celebración de los triunfos políticos o de otra índole como victorias sobre el ano ajeno evocan violencia, humillación y sojuzgamiento y son por tanto profundamente homofóbicas. Vale recordar que nuestro presidente recibió un premio por tener el “ano cerrado”, cuestión que festejó junto a la Secretaria General de la Presidencia en un claro gesto de la institucionalización de la homofobia.
De la misma manera, las operaciones discursivas de animalización e inferiorización. Por ejemplo, las proferidas por la ex Canciller Diana Mondino quien consultada por su postura sobre el matrimonio igualitario respondió: ¨si vos preferís no bañarte y estar lleno de piojos y es tu elección, después no te quejes si a alguien no le gusta que tengas piojos¨. El propio Milei aludió a una metáfora deshumanizante para referirse a la diversidad. En una entrevista con Jaime Bayley expresó: ¨“Si querés estar con un elefante… Si tenés el consentimiento del elefante es problema tuyo y del elefante”.
Todas estas expresiones condensan sentidos lesivos hacia la diversidad. A lo largo de estos meses, escuchamos argumentos exculpatorios que pretendieron excusarlas en supuestos modos coloquiales, campechanos o incluso en chistes o fanfarronerías.
Sin embargo, a finales de agosto, durante una presentación en la Cámara de Diputados de la Nación, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona dejó claro que esta violencia discursiva contra la diversidad sexual y de género es parte de una política de Estado. Dijo en aquella oportunidad el ministro: “Nosotros rechazamos la diversidad de identidades sexuales que no se alinean con la biología. (…) son inventos subjetivos¨. Consultado sobre el contenido que estaba presentando aclaró a un colaborador que el propio Milei se había expresado en estos términos con anterioridad.
Estas afirmaciones, además de revelar el desconocimiento de la normativa vigente, son biologicistas y, más grave aún, resultan negacionistas de las identidades diversas y rechazan y niegan su existencia. Y si “no existen”, el Estado (incluso en su versión reducida a la mínima expresión) no estará para ellas, se desmantelarán las políticas y los presupuestos, no se escucharán las demandas ni se preverán dispositivos institucionales contra la discriminación ni se reconocerán las formas de violencia por motivos de género.
Hace pocos días, nuevas expresiones de odio contra las diversidades se hicieron escuchar desde el sur del sur. Jairo Henoch es Presidente de La Libertad Avanza en Santa Cruz y funcionario del gobierno nacional en la provincia. Henoch publicó en su cuenta en Instagram una imagen de la bandera del orgullo prendida fuego con el texto ¨En Argentina solo la celeste y blanca¨. Es una expresión discriminatoria que busca excluir a un colectivo de la vida pública y anular la diversidad. Siguiendo lo que se afirma en Taricco y Torres[3], los discursos de odio articulan temores históricamente constituidos y conforman una voluntad política unificadora que busca anular todo lo que ponga en cuestión su forma de entender y habitar el mundo. Operan bajo un dominio no hegemonista sobre la otredad -similar a los discursos religiosos- en oposición a lo que hace la dominación hegemónica que incorpora la diferencia.
Estas posiciones tuvieron su correlato en el desmantelamiento de las políticas destinadas a promover la diversidad y erradicar la discriminación sobre estos colectivos. Una de ellas es la eliminación de agencias estatales. Por un lado, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, que entre otras acciones brindaba apoyo a mujeres y personas LGTBIQ+ a través del Programa Acompañar que asiste hoy a un 98.6 % menos de personas que hace un año. La Línea 144 que ofrece información, contención y asesoramiento en casos de violencia de género tuvo una reducción de 38% de su personal y se encuentra en situación de subejecución presupuestaria.
Este escenario de desprotección de las mujeres y personas LGTBIQ+ en situación de violencia resulta más acuciante cuando se advierte que, además del desmantelamiento de las políticas, lo que está en juego es un cuestionamiento a la especificidad de la violencia por motivos de género, e incluso su existencia misma. En efecto, interpelado por el desmantelamiento de la Línea, el vocero Manuel Adorni respondió: “No se desfinanció y está a disposición de todos los que la necesiten y sientan algún tipo de violencia”. Unos meses después, este rechazo se materializaba en una decisión política contundente: Argentina fue el único país de las Naciones Unidas que votó en contra de la Resolución de la Asamblea General sobre la prevención y eliminación de todas las formas de violencia contra mujeres y niñas.
Asimismo, en los primeros meses de gobierno el Ejecutivo dispuso el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), el organismo destinado a recibir denuncias contra la discriminación. Las áreas de Género y Diversidad de ese organismo fueron desmanteladas y muchas de las personas despedidas eran parte del cupo travesti trans o el de discapacidad.
Apoyado en una ¨batalla cultural contra la ideología de género¨, el gobierno avanzó además en la eliminación del lenguaje inclusivo de la gestión. El primer paso lo dio el Ministerio de Defensa mediante la Resolución 160/2024 que dispone que en su ámbito de competencia deberá emplearse el idioma castellano bajo los términos y reglas fijados por la Real Academia Española y prohíbe la utilización del lenguaje inclusivo. Adorni anunció que el gobierno nacional prohibiría el lenguaje inclusivo y la perspectiva de género. No se encontraron, sin embargo, documentos que vayan en esa línea.
Otro indicador de cómo estos discursos colonizaron el gobierno nacional es el retroceso en la contratación de personas travestis, trans y no binaries en la administración pública. Según un estudio realizado por el Observatorio Zaguán TranSindical y el Observatorio Sindical de Géneros y Relaciones Laborales de la Secretaría de Género y Diversidad de ATE Nacional, el gobierno despidió a 93 personas travestis, trans y no binaries . Gran parte de ellas habían ingresado gracias a la Ley N° 27.636 de Promoción del Acceso al Empleo Formal “Diana Sacayán-Lohana Berkins”.
A lo largo de estos meses, el Gobierno también puso explícitamente en cuestión la Ley de Identidad de Género 26.743 por lo que se anunciaron y se están elaborando distintas iniciativas para su reforma. La discusión más reciente puso el foco en las cárceles. En un contexto de hacinamiento, superpoblación y violencia -problemas de larga data-, las personas trans no cuentan con lugares seguros para su alojamiento. En lugar de trabajar para proveer estas condiciones desde una perspectiva de inclusión y respeto y no de exclusión y segregación, se anunció la prohibición de los traslados por cuestiones de género. Horadar la ley 26.743, poner en cuestión los derechos que reconoce es, en realidad, el objetivo último de esta decisión que tendrá nuevos capítulos ya que existen iniciativas para derogar el DNI no binario o eliminar la obligación del sistema de salud de brindar las prestaciones asociadas a la autopercepción de género y de los proyectos de ley que buscan, por ejemplo, prohibir el cambio de género de las personas menores de edad.
La homofobia y la violencia discursiva contra las identidades diversas tuvieron su correlato en crímenes de odio. Como los discursos, estas formas de violencia no son nuevas en nuestra sociedad: la novedad es la legitimación de la discriminación de género desde las máximas autoridades del Estado. Luego del triple lesbicidio de Pamela, Mercedes y Andrea en el barrio de Barracas de la Ciudad de Buenos Aires, Adorni evitó calificar como lesbicidio este crimen basado en odio de género. El transfemicidio de Damaris en la Ciudad de Buenos Aires, el de Ana Paula en Jujuy, así como otros ataques de odio profundizaron un escenario de violencia en ascenso documentado por el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+.
La violencia y la amenaza a la vida democrática
El antagonismo, la disputa, el disenso son todos aspectos constitutivos de la vida democrática. La diferencia explica el juego democrático y lo organiza. Explica la conformación de sujetos e identidades políticas y es un componente vital de la discusión argumentativa sobre la dirección de las políticas públicas.
María Esperanza Casullo[4] describe al populismo como un discurso performativo que genera identificación entre el líder y sus seguidores a partir de un mito, una narración que explica el mundo y los problemas que viene a resolver. Esta narrativa constituye un nosotros y un ellos e identifica a quienes han sido los responsables de los problemas que enfrenta la sociedad. La palabra, dice Casullo, tiene un rol constitutivo de ese liderazgo: denuncia, promete, explica cómo reparará el daño infringido por el ¨villano¨identificado.
En una entrevista reciente, Casullo describe: ¨En el caso de Milei, quién es el adversario es muy claro. (…) Los adversarios son los empleados públicos, los privilegiados, la casta política, que es toda la clase política, y los empleados públicos de todo tipo. (…) Milei busca decir que las instituciones públicas están mal moralmente, entiende que sería mejor que no existieran. Entonces, el villano es el Estado y todos los que trabajan para el Estado, «la casta política». También hay otros malvados que son todos aquellos que se niegan a aceptar las incertidumbres del mercado. Si sos cualquier tipo de actor social que busca algún tipo de protección con respecto a esta especie de incertidumbre ontológica que ofrece el mercado, automáticamente defendés un privilegio. Y no importa quién sea: puede ser una cooperativa, un grupo de cartoneros, los empresarios de la pesca; automáticamente pasan a ser designados enemigos». En todo caso, la crueldad desatada frente a estos actores -y frente a otros que aquí no se mencionan como jubilados y jubiladas- fue la marca de esta gestión.
Ahora bien, ¿qué formas adopta esa narrativa? ¿de qué manera enuncia la diferencia política? Analizamos en la sección anterior cómo se institucionalizó en el Estado nacional el discurso discriminatorio y de odio frente a las mujeres y diversidades. Esto ocurrió en una búsqueda de La Libertad Avanza de retrotraer los avances de derechos; es un discurso nostálgico ¨con poca apelación futurista; no hay una promesa de un futuro de prosperidad, de modernidad¨, dice Casullo en la entrevista.
¿Cómo es el discurso mileista frente a otros actores políticos? En este año de gobierno presenciamos la violencia simbólica, los prejuicios, la descalificación, la estigmatización, la deshumanización y el insulto -alimentadas todas por la desinformación- como formas de enunciación frente a actores políticos y sociales y periodistas con cuestionamientos a las decisiones de gobierno.
Los ejemplos abundan. En el marco de la disputa por los fondos de la coparticipación, el presidente Javier Milei arremetió contra el gobernador de Chubut, Ignacio Torres. En esta oportunidad lo hizo dando un ¨me gusta¨ en la red social X a un posteo donde se ve una foto del gobernador modificada mediante inteligencia artificial y se lo muestra con facciones asimilables a las de quienes poseen síndrome de down. Así, utiliza la discapacidad como forma de agredir al gobernador, lo cual no hace más que aludir a las personas con discapacidad de manera estigmatizante y discriminatoria. Ya en 2019 Milei se había referido al economista Roberto Cachanosky en términos similares: “Ese mismo boludito lo que empezó a hacer es decir la batalla cultural, la batalla cultural. A ver pedazo de mogólico, imbécil, tarado. La batalla cultural tampoco se puede dar, porque hay algo llamado censura.”. La Asociación Síndrome de Down de la República Argentina emitió un comunicado frente al hecho: «Estas palabras, especialmente cuando provienen de una figura de tan alta responsabilidad, refuerzan miradas obsoletas y excluyentes que perpetúan el estigma y la exclusión hacia personas con discapacidad, sujetos de derechos que merecen un trato digno y respetuoso».
“Zurdos de mierda”, “lacras”, “ratas”, “orcos”, “zombies”, “hijos de mil puta”, “ensobrados” y expresiones similares signaron sistemáticamente un debate público expresamente desinteresado por la construcción de diálogos o la admisión de la relevancia del disenso en la vida democrática. Presentes sin reparos en el discurso presidencial, estas expresiones tuvieron multiplicadores en funcionarios de menor rango, que en ocasiones reforzaron la violencia —«los zurdos de mierda son una lacra y merecen ser señalados», amenazó la concejala Estefanía Albasetti en una entrevista sobre los ataques a la asamblea de estudiantes de la Universidad Nacional de Quilmes— y sin lugar a dudas fueron exacerbadas por quienes son hoy formalmente responsables de la comunicación institucional del Gobierno.
En este marco, el canal de streaming Carajo tiene una emisión a la que denominan ¨Misa¨ (con anterioridad mencionamos la similitud entre este tipo de discursos y los discursos religiosos). Uno de los jingles que oficia de cortina del programa dice: ¨Me chupan la pija la opinión de los kukas, hubieran ganado las elecciones, abrazo, es exactamente lo que voté¨. Como decíamos con anterioridad, la referencia a imágenes sexuales de dominación es generalmente utilizada en la discusión con actores y actrices de la oposición. Del mismo modo, la imagen de la doma hace referencia a un modo de relacionamiento en el antagonismo en donde someter al otro es el fin. No se va al encuentro del otro, la vinculación es instrumental, viene solo a verificar la potencia, la virilidad. En una de las últimas emisiones de la Misa participó el presidente y expresó: ¨Lo vi pasar a uno de estos mandriles resentidos que necesitan redoble de adermicina¨. La persona aludida había cuestionado la calificación de mejor gobierno de la historia.
Representante clave del espacio político, Agustín Laje apareció en diferentes ocasiones como armador de discurso. Una de las expresiones destacadas se dio cuando celebró la represión frente a la movilización en el Congreso Nacional que rechazaba la Ley Bases: ¨Celebramos a la policía, los felicitamos, cada balazo bien puesto en cada zurdo ha sido para todos nosotros un momento de regocijo. Cada imagen de cada zurdo lloriqueando por el gas pimienta en su cara ha sido para nosotros un momento muy placentero de ver. Ha sido un momento donde nos ponemos de pie y aplaudimos a nuestras fuerzas de seguridad y los apoyamos porque en nuestro país debe regir la ley¨.
En otra intervención, Laje se refiere a las Madres de Plaza de Mayo en estos términos: «estas viejas de mierda son unas viejas hijas de puta, que criaron chicos para matar y cuando a esos chicos los mataron fueron a llorar, las viejas hijas de puta (…) Criaron a chicos para matar, para poner bombas, para secuestrar, para torturar, y con toda justicia les mataron a sus hijos con toda justicia, porque el mejor terrorista es el terrorista muerto».
Los y las periodistas, en particular quienes formularon críticas a las iniciativas oficiales, formaron parte central de la narrativa como villanos a los cuales enfrentar. En el acto de La Libertad Avanza en Plaza Lezama, esa confrontación violenta quedó escenificada. El presidente arengó a sus seguidores que coreaban “hijos de puta, hijos de puta” como reacción a una sección de su discurso que decía “pedazos de soretes (…) periodistas corruptos, ensobrados”. La intención de la exhortación es explícita: el presidente mueve la cabeza en señal de asentimiento, bate los brazos para que el auditorio grite con más fuerza y remata: «Escuchen periodistas ensobrados. Esto es lo que siente la gente por ustedes».
Esta escena como otros ataques permanentes del Ejecutivo y sus seguidores —algunos de ellos dirigidos a profesionales en particular— se encuentran documentados en el informe “Libertad de expresión en Argentina 2024” elaborado por la Federación de Trabajadores de Prensa (FATPREN), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, con el respaldo de la Federación Internacional de Periodistas (FIP). La gravedad institucional y democrática de estos hechos carece aún de centralidad en el debate público. Vale destacar en este escenario, las voces de periodistas que buscaron señalar los discursos de odio y repreguntar para deconstruir los prejuicios que sostienen estas expresiones, haciendo un aporte valioso para no normalizar el desplazamiento de lo decible.
Como podrá observarse, este tipo de discursos se alejan de todo tipo de pretensión hegemonista. No buscan antagonizar sino que incitan a la violencia o aluden de manera directa a la eliminación de la disidencia. Esta forma de enunciación no solo opera en el desplazamiento de lo decible, o en la habilitación del hostigamiento y la discriminación. Estas formas de enunciación despiertan (o deberían despertar) alarmas por su vinculación directa con la represión y/o la incitación a la violencia.
A esto se suma que interactúan con otros fenómenos como la desinformación y la posverdad. Para construir un otro peligroso, para estigmatizar un grupo político, para desacreditar el trabajo periodístico se manipula la información o se crean fake news primero y se la pone luego a rodar en el ejército militante en redes. La verdad, afuera. La discusión pública, también.
Arrancamos la nota haciendo referencia a la peligrosidad del uso de discursos hostigadores, discriminatorios y de odio por parte de candidatos y candidatas. Recorrimos el salto que supone la enunciación de este tipo de discursos por parte de quienes ejercen ahora la función pública, el impacto de estas expresiones, la dimensión del daño. Vale destacar que en este repaso solo tomamos algunas expresiones, hay muchas otras y con otros colectivos como víctimas, tal es el caso de las personas migrantes o los pueblos y comunidades indígenas.
Pero queremos detenernos sobre el hecho de que gran parte de los enunciadores de los discursos de odio de la Libertad Avanza ejercen la función pública. Esto supone incorporar no solo las precauciones enunciadas por el Plan de Acción de Rabat. Sino que quienes ejercen la función pública se encuentran alcanzados por la Ley de Ética en la Función Pública y el Código de Ética de la Función Pública. Este último establece la obligación de manejarse con respeto y corrección, de observar una conducta digna y decorosa, actuando con sobriedad y moderación. También dispone que debe conocer y cumplir la Constitución Nacional, las leyes y los reglamentos que regulan su actividad. En relación a esto último, un funcionario o una funcionaria pública no puede desconocer todo el marco normativo que exige el respeto de derechos humanos, de la diversidad, de las personas con discapacidad. Hay un borde en el que estas expresiones se mueven que nos obliga a pensar si resultan respetuosas de las conductas esperables de quienes ejercen la función pública.
Más allá de las enunciaciones, las posiciones institucionales o la eliminación de políticas que repasamos a lo largo de este documento, el gobierno ha sido categórico en relación al lugar que desempeña el trabajo para contrarrestar narrativas que buscan hostigar, discriminar o incitar a la violencia. En el marco de las deliberaciones frente a la declaración final de la cumbre del G20 que se desarrolló en Brasil, el presidente Javier Milei posteó en X su posicionamiento. Allí expresó que la Argentina acompañaba la declaración pero que deseaba enfatizar su desacuerdo sobre diferentes aspectos entre los cuales se encuentra el posicionamiento sobre libertad de expresión y los daños en línea: ¨La Argentina propone eliminar las expresiones “desinformación, información falsa, discursos de odio y otros daños en línea”, con el fin de preservar las libertades de pensamiento y de expresión. La Constitución argentina prohíbe que el poder político limite la libertad de expresión. Resulta de singular importancia la libre manifestación de ideas a través de la prensa y las plataformas digitales que ya han sido censuradas por diversos Estados. Cualquier calificación formal de la información podría constituir censura, salvo que se trate de un delito, en cuyo caso deben ser jueces independientes quienes lo determinen¨.
A lo largo de este artículo dimos cuenta de cómo las expresiones de odio silencian voces, recortan el carácter plural de la discusión pública y lesionan derechos de personas y colectivos. La posición argentina en el G20 no viene a proteger la libertad de expresión. Viene a consagrar el odio como política, una forma de conversación que anula la disidencia y busca acallar, perseguir, segregar, discriminar a quienes piensan distinto. Viene a ratificar una discusión pública que examina la dignidad ciudadana de los interlocutores para negarle el estatus de pertenencia de personas, colectivos o minorías en nuestra comunidad y su legitimidad para participar en ella. Lejos de promover una conversación plural y vibrante, esta operación política de exclusión que comenzó a dominar nuestro espacio público ha creado un clima de intolerancia y violencia del que nuestra democracia necesita salir.
Vivimos un presente abrumador. La construcción de acciones y narrativas para contrarrestar discursos de odio requiere de esfuerzos estratégicos, articulados, multidisciplinarios, transversales, desde la sociedad civil, con el sector privado, con la academia y la dirigencia, con diversidad y protagonistas de todas las edades, en cada rincón del país. Los problemas de la democracia se solucionan con más democracia. Las dominaciones que se apoyan en criterios anti hegemónicos llevan el germen de su propia destrucción.
Democracia, adentro. Derechos humanos para siempre.
[1] Sobre el aumento de la circulación de discursos de odio puede consultarse los informes del Laboratorio de estudios sobre Democracia y Autoritarismo https://www.unsam.edu.ar/leda/publicaciones.php
[2] Decidimos transcribir las expresiones tal como fueron formuladas. Consideramos que hacerlo de este modo permite dar cuenta de su gramática y dejar un registro de ella.
[3] Taricco, Víctor y Torres, Natalia, ¨El discurso de odio como amenaza a los derechos humanos¨, en Abramovich, V., Capurro Robles, M., y Guembe, M.J., 2021, El límite democrático de las expresiones de odio, Editorial Teseo/UNLA, disponible https://www.editorialteseo.com/archivos/20023/el-limite-democratico-de-las-expresiones-de-odio/
[4] Casullo, María Esperanza, ¿Por qué funciona el populismo?, Siglo XXI, 2019.
