Entre las disputas del bloque dominante y la parálisis del campo popular

Por JAIME FARJI 

Política y economía:

Un reciente informe de coyuntura publicado por el IPYPP describe los efectos de la política económica del gobierno libertario y expone un hecho novedoso emergente de su implementación: la existencia de una disputa dentro del bloque de poder. Dada la claridad de su contenido, nos remitimos a ese informe en todo cuanto se refiere al análisis económico[1].

En estas líneas nos proponemos abordar algunas cuestiones políticas que nos parecen relevantes para entender el proceso que se está desarrollando desde el advenimiento de esta experiencia de gobierno y las probables consecuencias que cabe esperar en el sistema político y en la convivencia democrática, en los diferentes escenarios posibles de evolución de la disputa del bloque de poder.

El advenimiento del neoliberalismo autoritario y la indefensión del campo popular:

El fracaso de la última experiencia de gobierno peronista se saldó con una derrota de todo el campo popular. El deterioro de las condiciones de vida y la desilusión de la base social y electoral de Unión por la Patria proporcionó a Javier Milei un número de votos más que suficiente para llegar a la presidencia en la segunda vuelta de noviembre de 2023[2].

La otra cara de esa moneda es la debilidad en la que quedó la mayoría de las organizaciones populares, fruto de años de vivir subordinadas al gobierno, con estructuras dependientes de recursos que sólo fluyen cuando se tiene llegada al aparato estatal, y con dirigentes que perdieron, si alguna vez tuvieron, la capacidad de organizar a sus bases sin la cobertura material de un gobierno afín.

Perder elecciones y dejar el gobierno son eventos previsibles en democracia. En otras circunstancias, con capacidad crítica y organización autónoma, la derrota podría aprovecharse para aprender de los errores y organizar la actividad desde la sociedad civil, pero en este caso el campo popular quedó indefenso frente al despiadado ataque que sobrevino.

La revancha de las clases dominantes

Durante los primeros meses de la gestión Milei, el gobierno, abanderado de los diferentes sectores del capital que aparecieron unificados, puso en marcha el plan más agresivo de revancha contra los sectores populares a los que se había pretendido beneficiar durante los gobiernos peronistas de Néstor Kirchner, Cristina Fernández y Alberto Fernández.

La primera observación que cabe hacer de este hecho es que la revancha de las clases dominantes no responde a los “perjuicios” (reales o imaginarios) sufridos bajo esos gobiernos, que estuvieron lejos de ser “revolucionarios”, “expropiadores” y mucho menos “socialistas”. Por el contrario, durante los gobiernos peronistas de este siglo los diferentes grupos del capital concentrado que hoy sostienen a Javier Milei (los sectores financiero, minero, hidrocarburífero, energético, los concesionarios privados de servicios públicos como luz, gas, transporte, aeropuertos e incluso el complejo cerealero-oleaginoso a pesar de haber cedido una parte de su renta extraordinaria[3]) hicieron muy buenos negocios.

Lo que las clases dominantes no toleraron de los gobiernos peronistas fue su vocación de redistribución del ingreso (que de todos modos estuvo muy lejos de acercarse al concepto de “justicia social”), su preocupación por proteger a los sectores más vulnerables como la niñez (AUH) o la ancianidad (moratoria previsional), su política de justicia y derechos humanos (juicios a los genocidas), sus avances en nuevos derechos sociales como los de género (despenalización del aborto, identidad trans), o las políticas compensatorias de la pobreza extrema (plan Alimentar, plan Trabajar, etc.).

El DNU 70 y la “Ley Bases” aprobada con la colaboración del radicalismo, el PRO y una parte del peronismo, constituyeron el andamiaje “legal” para implementar el ajuste sobre las jubilaciones, los ingresos reales de los trabajadores, pequeños empresarios y cuentapropistas, la desregulación de la medicina prepaga, las tarifas de luz, gas, transporte, la eliminación de planes sociales, los despidos masivos en el estado, la eliminación de organismos públicos y la suspensión de la obra pública. Todo ello, sumado a una devaluación monumental, se tradujo en una inédita transferencia de ingresos de los sectores sociales de menores ingresos hacia los que están en la cima de la pirámide.

Los resultados insuficientes y la nueva disputa:

Más allá de haber utilizado el artilugio de postergar pagos que indefectiblemente tendrá que hacer, o de demorar decisiones sobre tarifas para que los índices de precios no exploten, el gobierno ha alcanzado el superávit primario y financiero de las cuentas públicas.

Eliminado el déficit, que para el gobierno es el único causante de la emisión monetaria, y al ser ésta la única causa de la inflación, deberían estar dadas las condiciones para una disminución progresiva y gradual de los índices de precios, lo que preservaría el apoyo de la clase media empobrecida que lo votó. Debe decirse que hasta ahora lo va consiguiendo.

Otros logros se expresan en el sobrecumplimiento de las metas acordadas por nuestro país con el FMI en el acuerdo de facilidades extendidas suscripto por el gobierno anterior, y cuyas revisiones trimestrales entre los técnicos del organismo y los funcionarios del actual gobierno han sido satisfactorias. Ello ha permitido el desembolso de los fondos pendientes por parte del Fondo, que nuestro país aplica como está previsto, a pagar los vencimientos de capital e intereses del mismo préstamo.

Resuelto (transitoriamente) el problema del déficit fiscal, el gobierno afrontó el déficit cuasi-fiscal instrumentando una transferencia de la deuda del BCRA al Tesoro que, con alguna resistencia, fue aceptada por el sector financiero. A cambio, el BCRA permitió a los bancos bajar significativamente los intereses que pagan a los ahorristas. Al ajuste sobre los ingresos de los trabajadores y jubilados se agregó de este modo la licuación de los ahorros de los particulares. Otra manifestación de la transferencia de ingresos estilo “Hood Robin” propia del gobierno.

Se regularizó, con nueva deuda pública (el “BOPREAL”), la deuda contraída por los importadores con sus proveedores, lo que permitió, según sus voceros, comenzar a normalizar el flujo del comercio exterior que estaba “trabado”. Esto fue favorecido, además, por una importante caída de las importaciones, acompañando a la caída de la actividad económica interna que es la fuente de su demanda.

Por último, aprobó un generoso régimen de incentivo a las grandes inversiones (RIGI) destinado a profundizar el modelo primario extractivista exportador ya iniciado bajo los gobiernos peronistas, y un más generoso aún blanqueo de capitales, destinado a que los ahorristas saquen sus dólares “del colchón”.

El pase de la deuda del BCRA al Tesoro, así como la emisión de bonos para cancelar las obligaciones de los importadores, son fuentes de nueva deuda pública que no se origina en el déficit fiscal, lo que contradice la doctrina del gobierno. Esta nueva deuda, además, implica un incremento del gasto público futuro por el pago de intereses. Estas incoherencias son soslayadas por los divulgadores oficialistas, pero generan dudas en los dueños del capital sobre la sostenibilidad de esta política.

Sin una resistencia social significativa, más allá de las protestas, aprobados los proyectos de ley requeridos, implementado el DNU 70, los resultados obtenidos no son del todo satisfactorios para un sector del capital dominante ni para el FMI.

Observan que, a pesar de la caída de los índices mensuales de inflación, éstos superan ampliamente a las tasas mensuales de devaluación, y que el ritmo de acumulación de reservas no parece asegurar el pago puntual de los futuros vencimientos de capital e intereses de la deuda. Ello hace aflorar una puja dentro del bloque de poder, a falta de otras amenazas como las que podrían provenir del descontento social organizado, que hoy está ausente.

Las dos posiciones en disputa coinciden en la necesidad de profundizar el ajuste fiscal y monetario. La diferencia es sobre si ese ajuste se va a orientar hacia el esquema tradicional ya conocido (y una vez más recomendado por el FMI), cuyo impulso sería una nueva devaluación, o si se va a orientar hacia una suerte de “dolarización endógena”, que procura sostener el ajuste en la disminución real del gasto público y la eliminación de las fuentes de emisión monetaria, pero continuando con las mini devaluaciones mensuales hasta que la convergencia entre las tasas de inflación y de devaluación permita levantar las restricciones (el cepo) a la demanda de moneda extranjera para todas las transacciones y para el ahorro de los particulares.

Los exportadores del complejo cerealero-oleaginoso demandan una devaluación inmediata para vender y liquidar los dólares de la cosecha. Su reticencia impide que el Banco Central pueda comprar y atesorar esas reservas internacionales. Sin ellas, peligra el pago en tiempo y forma de los vencimientos de capital e intereses de la deuda pública, lo que coloca a los acreedores, con el FMI a la cabeza, en el mismo polo de esta disputa.

Por el mismo motivo, los ingresos de derechos de exportación al tesoro son inferiores a los que esperaba el gobierno, lo que amenaza la sostenibilidad del superávit presupuestario. Además, la caída de la actividad económica afecta negativamente los ingresos públicos ligados a las transacciones internas, como IVA, créditos y débitos bancarios y otros que ponen en duda la perdurabilidad en el tiempo de esos resultados presupuestarios.

Las presiones devaluatorias de los acreedores y de los exportadores han sido respondidas con un discurso oficial que sostiene que las reservas del BCRA continuarán aumentando y que la circulación monetaria continuará disminuyendo, hasta que acabe el atraso cambiario y converjan los diferentes tipos de cambio vigentes en la actualidad. Ello permitirá levantar el cepo a un tipo de cambio “razonable” para los agentes económicos, sin necesidad de efectuar una nueva devaluación.

Por el lado de los sectores del capital ligados al mercado interno, que podrían estar interesados en sostener el dólar atrasado, no se observa en el bloque de poder una presión con influencia suficiente como para compensar esta presión devaluatoria, acompañando al gobierno. Tampoco lo hacen los sectores minero e hidrocarburífero.

Como bien señala el documento del IPYPP previamente citado, “este panorama, paradójicamente, coloca al gobierno enfrentado a parte del bloque de poder económico que lo sostiene, en nombre de una racionalidad que está por encima de los intereses de las clases y los sectores sociales que el mismo gobierno representa.  Una contradicción que lo obliga a ejercer el poder del mismo estado que quiere destruir, para disciplinar a los sectores del capital a favor de los cuales viene haciendo el trabajo sucio (ajuste de los ingresos, salarios y recorte de beneficios sociales)”.

“Lo cierto es que el gobierno tiene que aplicar una racionalidad diferente a la que le impone el propio bloque de poder con el cual comparte una visión de clase. Una nueva devaluación y espiral inflacionaria, si bien recompondría a corto plazo la rentabilidad de los exportadores y permitiría mejorar la acumulación de reservas al BCRA para satisfacer las demandas de los acreedores externos, comprometería las elecciones de medio término del año que viene” [4].

Cuatro escenarios alternativos (de los muchos imaginables):

Con las organizaciones del campo popular en el estado actual de letargo, la contradicción en el bloque de poder entre el gobierno y los capitales puede ser manejada por los actores en pugna mientras se siguen deteriorando las condiciones de vida de las mayorías. Con esa hipótesis, vemos los siguientes dos escenarios:

1. La refundación del sistema político en clave tradicional y con un peronismo débil: en el caso que el bloque devaluador le tuerza el brazo al gobierno, es probable que el experimento político de La Libertad Avanza no resulte muy prolongado en el tiempo, y que desde las elecciones de medio término de 2025 en adelante, el sistema político alumbre alguna opción en torno a alguna clase de convergencia de sectores de centro-derecha moderada como el Larretismo, el Massismo y el “Cordobesismo”. Ese sistema se completaría con los restos del peronismo (es una incógnita si el kirchnerismo estará dentro o fuera), y pequeños pero influyentes opciones a la izquierda y a la derecha de esas dos fuerzas “principales”. Sería una especie de “vuelta al sistema político tradicional” luego del trabajo sucio realizado.
2. El ascenso del neofascismo: si el RIGI y el blanqueo funcionan, y un eventual gobierno Trump en USA dispone el apoyo del FMI a Milei, éste podrá subordinar al “bloque devaluador”, colocándose por encima de los intereses de clase de sus sostenedores corporativos. Entonces el sistema político se reconfiguraría, probablemente, en torno a una opción de ultraderecha hegemónica cuyo eje sería La Libertad Avanza, que anularía o absorbería al PRO, a la derecha radical y, posiblemente, a una parte del peronismo. Sería el huevo de la serpiente de un régimen político neofascista al estilo de los ya conocidos en el siglo XXI, disciplinador del capital con recursos y resultados, y disuasor del descontento social con represión. No se puede anticipar mucho más de este escenario.

Si las organizaciones del campo popular superan su situación de parálisis actual y aprovechan las disputas en el bloque dominante para abrir otras posibilidades de intervención, los escenarios no sólo dependerán de cómo se resuelvan las contradicciones de ese bloque, sino también de la potencia y orientación de la reacción popular.

En este sentido, vale apreciar que cuanto mayor sea la potencia de la reacción popular, mayor será el incentivo del bloque dominante a dejar atrás sus propias diferencias.

En ese sentido, puede preverse que una reacción popular de baja potencia, independientemente de cuál sea su orientación, no lograría alterar significativamente los dos escenarios ya mencionados: el sector del bloque dominante que se imponga en su propia disputa la controlará, en un caso con más represión que en el otro.

En cambio, en el escenario de una reacción popular potente, la orientación que su dirigencia le imprima determinará el futuro político de nuestro país. En ese caso vemos los siguientes dos escenarios:

3. La recomposición del peronismo: una posibilidad es que se repita la enésima recomposición del peronismo. No puede descartarse que sus poderosos aparatos electoral y sindical, y su control político territorial en provincias y municipios, haga valer, a los ojos de los sectores populares, su capacidad de poner freno a los excesos del poder económico. Y a la vez, como “partido del orden”, le puede volver a ofrecer a ese mismo poder una razonable contención del descontento social a cambio de niveles de bienestar compatibles con sus negocios.
4. Una nueva síntesis del campo popular: otra posibilidad es que una reacción popular potente, ante la constatación de la imposibilidad de recuperar un pasado mejor, empuje a dirigentes que estén a la altura de las circunstancias, a formular la idea de un cambio hacia adelante, con un alto grado de incertidumbre, pero con la misma audacia que supo exhibir la derecha para conquistar el 55% del electorado. Ello implicaría alumbrar una expresión política novedosa, en la que podrían confluir sectores procedentes del peronismo, la izquierda y el amplio abanico de experiencias colectivas entre las que tendrían fuerte protagonismo el movimiento de mujeres y los nuevos movimientos sociales. Si este polo se constituye en un futuro cercano, es difícil de prever cómo se transformará el resto del sistema político, pero es el único escenario capaz de ilusionarnos.

[1]https://ipypp.org.ar/descargas/2024/Informe%20de%20Coyuntura%20IPyPP%20-%20Agosto%202024.pdf

[2] En un trabajo anterior propusimos algunos ejes de discusión sobre este proceso:

https://coyunturas.com.ar/radicalizar-el-pensamiento-democratico-disparadores-para-la-discusion/

[3] Empresas como Monsanto, Cargill, Dreyfuss, Barrick Gold, Chevron, IIRSA, Techint, Corporación América, Arcor, la banca privada nacional y extranjera, entre muchas otras, lejos de resultar perjudicadas por las gestiones de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, mantuvieron y engrosaron sus negocios en el país, dentro de un esquema de inserción de internacional subordinado al capitalismo global. Más allá de lo discursivo, esos gobiernos no desarrollaron un escenario de transformación estructural de la economía nacional ni de las relaciones internacionales.

[4] IPYPP. Informe de Coyuntura. Agosto 2024. Página 6

Imagen: Jacobin