El presupuesto de Guatepeor
Por ANA RAMERI (coordinadora del IPyPP, economista, pertenece al IDEP ATE)
- Introducción
El presupuesto 2025 presentado por el gobierno de Javier Milei al Parlamento no es más que una reedición del manejo discrecional que ya caracterizó su administración durante 2024. Lejos de representar una propuesta seria y coherente, el proyecto refleja una serie de profundas inconsistencias macroeconómicas y políticas que deberían llevar a Diputados y Senadores a rechazarlo. La única opción razonable es devolver este proyecto al Poder Ejecutivo para que lo rehaga y presente algo que realmente merezca ser discutido.
El problema no se limita solo a las proyecciones irrealizables de crecimiento económico e inflación, sino a la consolidación de un modelo de ajuste perpetuo que impacta de manera devastadora en áreas clave como la salud, la educación y la seguridad social. Los sectores más vulnerables de la población serán los más perjudicados por los recortes, mientras que el gobierno sigue priorizando el pago de la deuda.
Además, el presupuesto establece una Regla Fiscal que subordina todo el gasto público a la necesidad de generar un superávit para pagar la deuda. Milei ha sido claro solo en una cosa: cualquier falta de ingresos deberá compensarse con recortes, lo que garantiza una reducción constante del gasto público como porcentaje del PBI. Este mecanismo no es más que una fórmula para sostener lo insostenible: un ciclo de ajuste y endeudamiento que solo beneficia a los acreedores, mientras la población sigue sufriendo las consecuencias de la recesión, la inflación y la falta de inversión en sectores esenciales.
Este presupuesto es una herramienta para que el Ejecutivo mantenga el control absoluto sobre el gasto público, tal como lo ha hecho en 2024. Los legisladores que realmente quieran cumplir con su deber no deberían aprobar esta propuesta que consagra la discrecionalidad del gobierno.
- Presupuesto 2025: Un Compromiso con la Deuda, No con la Gente
El Proyecto de Ley de Presupuesto 2025 presentado por el gobierno de Javier Milei deja en claro que la prioridad número uno es cumplir con los acreedores internacionales, aunque esto signifique desmantelar las políticas sociales y sacrificar el bienestar de las mayorías. El primer artículo de la ley establece una regla fiscal que obliga al gobierno a mantener un resultado financiero equilibrado o superavitario lo cual implica que cualquier desvío en los ingresos proyectados deberá ser compensado con recortes automáticos en las partidas no protegidas por ley, como las de educación, salud y políticas sociales.
El proyecto suspende las leyes que garantizan mínimos de inversión en educación, ciencia, tecnología, educación técnica, y defensa, así como la movilidad de las asignaciones familiares, incluyendo la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la asignación por embarazo. Para agravar la situación, el Ejecutivo se libera de las limitaciones de la Ley de Administración Financiera, permitiendo reestructurar la deuda sin pasar por el Congreso.
Por ejemplo, se suspende la obligatoriedad de destinar el 6% del PBI a la educación, dejando este sector esencial gravemente desfinanciado. En 2024, la inversión en educación representó apenas el 0,9% del PBI, y para 2025 se prevé que mantenga este nivel, que está muy por debajo de lo necesario para garantizar una educación de calidad.
Sin embargo, pese al ajuste desmesurado que se realizó el Gobierno durante este año, la cuenta financiera tiene serios problemas para hacer frente al pago de los compromisos de deuda en el próximo año. Por eso, el presupuesto proyecta una toma de deuda en moneda extranjera por 10.000 millones de dólares. Es decir, a pesar del ajuste fiscal extremo, que incluye recortes masivos en áreas sociales, no se logra reunir los recursos necesarios, lo que pone en evidencia la inviabilidad de este modelo económico basado en la austeridad perpetua.
- Inconsistencias Macroeconómicas: Promesas Imposibles
El proyecto de presupuesto 2025 se basa en proyecciones macroeconómicas extremadamente optimistas y, en muchos casos, imposibles de cumplir. El gobierno estima que la inflación, que se espera cierre 2024 con un 104,4%, caerá drásticamente al 18,3% en 2025. Esto implicaría una reducción mensual de la inflación a un promedio del 1,4%, algo muy difícil de cumplimentar ya que descuenta un éxito hasta ahora no conseguido repitiendo la misma fórmula de equilibrio fiscal y ancla cambiaria que apenas logró llevar la tasa al 4% y estancarla en ese nivel desde mayo. Además, estas proyecciones ignoran el impacto de aumentos en tarifas y combustibles, que inevitablemente empujarán los precios al alza.
El crecimiento del PBI también es otra de las promesas imposibles. El gobierno proyecta un aumento del 5% en 2025, impulsado por un crecimiento del 4,5% en el consumo privado y un 9,9% en la inversión. Sin embargo, el contexto actual no respalda estas cifras. Durante 2024, el consumo masivo ha experimentado caídas significativas, con una contracción del 17% interanual en agosto. La actividad económica también continúa en recesión, y no hay señales de que esto cambie en el corto plazo sin un repunte de los ingresos de la población.
Por otro lado, la previsión de un superávit comercial de USD 20.748 millones para 2025 también es extremadamente optimista ya que está basada en un comportamiento de las importaciones no compatible con la recomposición mercado internista de la actividad como la que subyace al planteo fiscal presentado. Por otra parte, el esquema de liquidación de exportaciones denominado blend permite una fuga del 20% de las divisas hacia los mercados financieros del dólar en una magnitud equivalente al saldo comercial.
En definitiva, a pesar de la implementación de estrictas políticas de ajuste y austeridad, el gobierno no tiene los dólares suficientes para cumplir con los compromisos externos, lo que obliga a recurrir nuevamente al endeudamiento externo por USD 10.000 millones. Esta situación evidencia que el ajuste fiscal no será suficiente para hacer frente a los pagos de deuda, lo que agrava aún más la crisis financiera.
- La Realidad del Recorte Social
El presupuesto 2025 augura la continuidad del deterioro de la calidad de vida de millones. En términos reales, el presupuesto del Ministerio de Salud se reducirá un 16,7%, lo que impactará gravemente en la prestación de servicios esenciales.
En el área de seguridad social y asistencia social, a pesar de que el gobierno proyecta un aumento real para el próximo año del 7,4% y 8,1%, respectivamente, estos resultan insuficientes para compensar las pérdidas del año en curso. Los programas que atienden la promoción social quedarían entonces un 53% por debajo de los valores del 2023 mientras la seguridad social en su conjunto, un -9%. Además, el presupuesto contempla la suspensión de la movilidad para las asignaciones familiares, lo que significa que estas prestaciones no se ajustarán automáticamente de acuerdo con la inflación, afectando a millones de familias que dependen de estos ingresos para sobrevivir.
En cuanto a los programas sociales, el recorte es brutal. El programa Potenciar Trabajo, que es clave para millones de personas en situación de vulnerabilidad, será reemplazado por iniciativas con un presupuesto muy inferior, lo que implica una reducción del 68% en términos reales. Además, las becas Progresar, que son fundamentales para que los jóvenes de bajos recursos puedan acceder a la educación, sufrirán una reducción real del 63%. Estos recortes no solo perpetúan la pobreza y la exclusión social, sino que también ponen en riesgo el futuro de millones de jóvenes.
El análisis de la política social de esta gestión permite identificar un patrón de ajuste global en el gasto, con una redistribución de los recursos que prioriza las transferencias de ingresos destinadas a los hogares con niños y niñas (como gesto de un mínimo de gobernabilidad que contempla sectores populares), mientras se recortan otras partidas. En este sentido, prevalece el desfinanciamiento de otras políticas con impacto en NNA (principalmente vinculadas con infraestructura educativa, conectividad, programas del área de salud, entre otros) así como también un fuerte recorte en programas de transferencia destinados a la población en edad de trabajar, en un contexto recesivo con aumento del desempleo y derrumbe de los ingresos laborales. Si bien los alarmantes niveles que alcanzó la pobreza infantil durante 2024 fundamentan el refuerzo de políticas como la AUH y Alimentar, tales refuerzos no resultan suficientes debido a la magnitud de la crisis en curso, al tiempo que la retirada del Estado de otras políticas sociales claves profundiza la desintegración del tejido social y agrava las perspectivas futuras.
- Ficción en la Recaudación Tributaria: Expectativas Infladas
El optimismo del gobierno en cuanto a la recaudación tributaria es otro de los aspectos que genera serias dudas sobre la viabilidad del presupuesto. Se proyecta un aumento de la presión tributaria del 22,37% del PBI en 2024 al 22,92% en 2025, basado en un crecimiento del 69,4% en los derechos de exportación. Sin embargo, no hay evidencia que respalde esta proyección ya que las exportaciones agrícolas se pronostican superiores en apenas un 9% y tampoco se prevén aumentos de alícuotas, ni devaluación para el 2025 -en los propios términos del documento oficial- que expliquen una mayor recaudación de este concepto. Más aún, la tendencia en el mediano plazo a partir de la vigencia del RIGI es declinante.
Además, el gobierno prevé un aumento del 29,5% en la recaudación del impuesto a las ganancias basado en una supuesta recuperación del empleo y los salarios. Sin embargo, en el contexto actual caracterizado por el ajuste fiscal y la recesión es probable que el desempleo y la precarización laboral aumenten, lo que socavará cualquier intento de aumentar la recaudación. Peor aún, el programa económico contiene una reforma laboral desreguladora, la eliminación de multas por informalidad laboral a empleadores así como el impulso hacia la monotributización de las relaciones de trabajo que con la excusa de la formalización (precaria) del empleo extienden y legitiman el fraude laboral.
También se proyecta un incremento del 115,7% en la recaudación por impuestos a los combustibles que afectará directamente el costo de vida de los ciudadanos. Este aumento en los precios de los combustibles tendrá un efecto inflacionario, que se verá reflejado en los precios de bienes y servicios, reduciendo aún más el poder adquisitivo de los hogares y afectando el consumo interno.
- Tarifas energéticas más altas para el 2025
El presupuesto 2025 profundiza de manera considerable los ajustes en el área energética, continuando con la política de reducción de subsidios que el gobierno implementó desde principios de 2024. Durante los primeros meses del año, se observó una disminución del 40% en los subsidios energéticos en términos reales interanuales y un 34% en los destinados al transporte. Este proceso de ajuste, que ya ha impactado severamente en las tarifas de servicios públicos, se acelerará en 2025 con una proyección de reducción adicional del 25,2% en los subsidios para el sector energético, afectando de manera directa los costos que deberán asumir los usuarios.
El objetivo central de esta política es que el costo mayorista de la generación de energía sea cubierto casi en su totalidad por las tarifas pagadas por los usuarios finales. De hecho, el presupuesto 2025 proyecta que para ese año, el porcentaje de cobertura del costo de generación eléctrica por medio de la tarifa alcanzará el 84,83%, un aumento de 20 puntos porcentuales respecto al 64,78% estimado para el final de 2024. Esto significa que los consumidores deberán afrontar nuevos y significativos aumentos en sus facturas de electricidad.
Si bien los sectores más afectados serán los usuarios de ingresos medios y altos, lo cierto es que la segmentación tarifaria implementada por el gobierno ha sido ineficiente, lo que ha generado que muchos usuarios sean clasificados erróneamente como de mayores ingresos, obligándolos a pagar tarifas más altas de las que les corresponderían. Esta situación, sumada a los aumentos en los cargos fijos y la imposición de topes de consumo, ha resultado en aumentos tarifarios superiores al 300% en algunos casos, afectando severamente a los consumidores
En cuanto al sector gasífero, la política de ajuste también es evidente. Aunque el precio mayorista del gas natural se sitúa en promedio en 3,3 dólares por millón de BTU en septiembre de 2024, los costos de producción en Vaca Muerta oscilan entre 1,8 y 2 dólares por millón de BTU, lo que indica que una parte significativa de esta diferencia se traduce en renta para las empresas del sector. A pesar de esta rentabilidad, el presupuesto 2025 proyecta una reducción significativa en los subsidios para la oferta de gas natural, lo que impactará en los consumidores a través de tarifas más altas y menor cobertura en los programas de asistencia. En este sentido, el programa Hogar, que subsidia el gas envasado para unos 4,3 millones de hogares, ha visto cómo la cobertura del subsidio se ha reducido en 2024 y es probable que continúe disminuyendo en 2025.
Informe del IPyPP sobre el presupuesto
Imagen: Codigobaires
