Huelgas contra la reforma jubilatoria y sindicalismo emergente en Francia.

Por FRANÇOIS-XAVIER HUTTEAU, desde París.[1]

Para entender la fase en la que se encuentra el actual movimiento contra la reforma jubilatoria en Francia, es necesario comprender el «movimiento social a la francesa» (mouvement social à la française), que ha sido el marco general de las movilizaciones durante más de 20 años. El arquetipo es el movimiento de 1995, contra el plan Juppé y, por tanto, contra un ataque a los derechos de los trabajadores del sector público, y en particular, a sus jubilaciones. El movimiento social a la francesa es una alianza entre diferentes sectores económicos y sindicatos contra las reformas neoliberales, por lo que siempre se trata de un contraataque. Este movimiento ha experimentado una doble crisis, que se manifestó primero durante el 2016 contra las leyes laborales, pero también con el movimiento de los “Chalecos Amarillos (Gilets Jaunes), que muchos interpretaron como el final de esta forma de movilización.

En primer lugar, 2016 fue un momento de radicalización de consignas y prácticas que tuvo lugar en el marco político del macronismo, ya que en aquel momento Macron aún era ministro de economía. Este movimiento iba en contra de una ley que pretendía restringir los derechos laborales y, en consecuencia, era de vital interés para los sindicatos, ya que la «loi travail» (ley laboral) restringía gravemente los derechos sindicales y las posibilidades de organización y negociación. Sin embargo, los sindicatos no llevaron el antagonismo más allá de las formas ritualizadas del conflicto social en Francia, como la manifestación de los martes o jueves, y la «huelga intermitente». Una de las cuestiones en juego en los próximos días es si las direcciones sindicales serán capaces o no de acompañar eficazmente una huelga continuada.

La segunda crisis, decíamos, fue la que tuvo como protagonistas a los Chalecos Amarillos. Su objetivo, en un principio, fue anti-impuestos, ya que el movimiento comenzó con el rechazo al aumento del precio de los combustibles provocado por un impuesto sobre las emisiones de CO2. Cabe señalar que esta reivindicación plantea fundamentalmente la cuestión que la ecología burguesa se niega a responder, a saber, quién paga el aumento de las emisiones de carbono en el marco de los mercados de combustibles fósiles establecidos por el Convenio de Kioto. El movimiento de los Gilets Jaunes que comenzó en 2018 atrajo solo a un número limitado de sindicalistas, probablemente debido a la reticencia de ambas partes. Sin embargo, donde sí ha habido una apuesta significativa de sindicalistas es en los casos en que se reunieron los Chalecos Amarillos y sindicalistas convertidos en Chalecos Amarillos, procedentes de sectores que siguen estando entre los más combativos.

En esta época, también se produjo una ampliación de las luchas desde el punto de vista territorial, que sin duda afectaba a los suburbios, pero que en la fase de los Gilets Juanes afectaba más particularmente a las ciudades medianas y a las zonas rurales, que en muchos casos están menos densamente pobladas en Francia. La forma típica de acción de los Gilets Jaunes tiene lugar en las rotondas que se encuentran por doquier en los suburbios franceses, símbolo del control del territorio por parte de los pequeños empresarios del cemento. Vemos en la composición espacial del movimiento actual como una continuidad con los Gilets Jaunes que han reinscrito lugares como las rotondas en el centro del conflicto social. No es casualidad que muchas de las acciones organizadas esta vez por los sindicatos hayan tenido lugar en las rotondas.

El movimiento de los Gilets Jaunes experimentó entonces una hibridación a finales de 2019, cuando Macron anunció una reforma jubilatoria. Esta reforma no era la misma que la propuesta actualmente, sino que era en muchos aspectos peor, ya que proponía el pasaje hacia un sistema mercantilizado frente al sistema actualmente basado en la solidaridad entre los trabajadores. De hecho, los fondos de pensiones en Francia están gestionados por los trabajadores desde la liberación y se basan en un sistema solidario. Este poderoso movimiento marcó un primer paso en la «gilet jaunisation» (tendencia en la dirección de los Chalecos Amarillos) de la huelga, de la que pueden señalarse tres características: un fuerte antagonismo con el gobierno, la proliferación de iniciativas locales y el uso de huelgas de bloqueo como único modo de acción que permitió lograr una victoria. En cierto sentido, este diagnóstico estratégico resultó acertado, porque es uno de los únicos movimientos de los últimos años en Francia que ha ganado algo. Hoy la radicalización del gobierno en sus posiciones hace visible incluso para los sindicatos más moderados que sólo este método es eficaz en el contexto del macronismo. Hay que decir que el movimiento se caracteriza por una ebullición militante, por la presencia de asambleas obreras o barriales en muchos lugares, y una intensa actividad política caracterizada por la participación de las de masas.

En 2019, la presencia de activistas ambientalistas fue crucial. Salíamos de una fase en la que XR (Extintion Rebellion: “Rebelión contra la extinción”) y, en particular, algunas de las corrientes más radicales y abiertamente anticapitalistas se organizaban en grupos, Gilets Jaunes, colectivos queer, etc. Salíamos de un momento de acciones internacionales de XR que habían conseguido federarse pero que, sin embargo, no habían logrado construir una fuerza social ofensiva en cuestiones de medio ambiente. Algunos compañeros ecologistas habían intervenido en esta ocasión con un texto que empezaba así: «La huelga contra la reforma de las jubilaciones no corresponde a lo que llamamos una lucha ecologista. Sin embargo, los ecologistas estamos en los piquetes, apoyamos las movilizaciones de los ferroviarios, de los Gilets Jaunes, de los profesores, de los sanitarios y de todos los que luchan contra la reforma». ¿Por qué los ecologistas apoyan la huelga? El argumento principal de este texto era que la reducción de la jornada laboral es un imperativo ecológico, ya que todo aumento de la jornada laboral global supone necesariamente un aumento de la cantidad de recursos biofísicos extraídos y un aumento de la cantidad de CO2 emitida. Esta convergencia y este discurso se encuentran ahora en muchas más manifestaciones de la ecología política actual, lo que constituye innegablemente una victoria para el frente del movimiento de 2019.

Aparte del marco específico del movimiento de 2019 tras los Gilets Jaunes, los movimientos en favor de las jubilaciones solidarias en Francia tienen un carácter más bien interclasista, dada la tradición reivindicativa de los sindicatos, sobre todo entre sus cuadros. El movimiento actual está liderado por la coalición más amplia posible de sindicatos dentro de lo que se denomina la Intersindical. La defensa de las jubilaciones ha sido un aspecto revulsivo del movimiento de cuadros sindicales franceses desde los años 30. Es, pues, el carácter interclasista el que explica tanto la inmensa popularidad de este movimiento en la población como su dificultad para superar sus límites en términos de antagonismo hasta hace poco.

Por lo tanto, es importante entender que ya no estamos en 2016, cuando la cuestión era la radicalización de un movimiento obrero que luchaba por ejercer su poder. No estamos en el contexto de un movimiento interclasista y los sindicatos más centristas, como la CFDT, son ahora capaces de reunir a la gente. Esto contrasta fuertemente con el movimiento de 2019, donde un vacío caracterizaba las procesiones sindicales mientras que el «cortège de tête» (procesión a la cabeza de la marcha) más radical y situado frente a las procesiones sindicales, estaba densamente poblado.

El 7 de marzo fue uno de esos días de intensa actividad militante en piquetes y bloqueos: escuelas, institutos e incluso estaciones de autobuses de la región parisina. De esta situación se desprende una apuesta política muy importante, que las federaciones de la energía han comprendido muy bien: es necesario dividir a la burguesía sobre la cuestión de las jubilaciones. Como de hecho ya está fracturada, ahora se trata de poner una palanca en esta apertura. Esta fractura parecía evidente hace un año, ya que el MEDEF (el sindicato patronal francés) había pedido a Macron que no hiciera su reforma. Pero la CGT Energie se dio cuenta de que los créditos fiscales y las exenciones de impuestos no son suficientes desde el punto de vista de los capitalistas para que acepten estar del lado de Macron a toda costa. Por eso son particularmente interesantes las acciones de cortes eléctricos en los almacenes de Amazon y en varios lugares estratégicos: aparentemente los créditos fiscales por sí solos no hacen posible el funcionamiento de una fábrica.

La reforma

Tras repetir durante meses que la edad legal para jubilarse se elevaría a 65 años en 2031, el gobierno propone finalmente un aumento a 64 años. Macron hizo de esta reforma uno de los temas de su reelección el año pasado. En efecto, la edad legal se elevará a 64 años, a razón de un cuarto más por año, a partir de septiembre de 2023 para la generación nacida en 1961. En realidad, la reforma es una prolongación de la reforma de Touraine votada bajo Hollande, con la diferencia de que acelera los ajustes paramétricos: en efecto, en lugar de alcanzar la edad de 43 años para una pensión completa en 2035, con esta reforma se llega en 2027. Por lo tanto, esta reforma es ante todo una prolongación de la jornada laboral de por vida.

La reforma es un ataque a los regímenes jubilatorios especiales que serán suprimidos; estos regímenes ya estuvieron en el centro de otras luchas anteriores, en particular la reforma de 2019 que finalmente no se llevó a cabo. En el centro de la reforma está también la batalla sobre la cuestión de las “tareas penosas” (penibilité); Macron dijo hace unos años que no le gusta la palabra pénibilité. Se trata de un verdadero problema de reconocimiento. Por ejemplo, el C2P (un fondo para los trabajadores expuestos a riesgos profesionales) fue utilizado por 10.000 personas, mientras que en Francia el 61% de los trabajadores están expuestos al menos a algún tipo de riesgo por su profesión o labor. La reforma de las jubilaciones continúa así con la idea de que el trabajo duro no existe. El senador macronista Patriat explicó en televisión que el trabajo duro ya no existe porque todos los trabajadores de la construcción y la logística tienen ahora exoesqueletos. ¡Esta reforma demuestra el odio de la burguesía macronista hacia los trabajadores! Una portavoz del partido de Macron, por ejemplo, se burló de Mouloud Sahraoui, trabajador de logística en Geodis y uno de los líderes de las luchas muy avanzadas y a menudo victoriosas en logística, porque exigía el derecho a la jubilación completa a los 50 años, cuando NUPES exige 60 en lugar de los 62 actuales.

Pero la reforma jubilatoria de este año es muy diferente de la presentada por Macron a finales de 2019, justo antes de la pandemia. Se trataba de una reforma estructural que no solo alargaría el tiempo de trabajo, sino que también transformaría el sistema de jubilaciones y pensiones en un sistema basado en puntos. Evidentemente, este cambio estructural preparaba la transición hacia un sistema de capitalización. El objetivo era crear con el tiempo un nuevo sector económico de fondos de pensiones a la francesa. Un poderoso movimiento en 2019 había puesto en apuros al gobierno, con importantes huelgas y un ambiente político en el que las prácticas de los Chalecos Amarillos desempeñaban un papel decisivo.

Posteriormente, el Gobierno moderó su reforma a principios de 2020. Sin embargo, la pandemia ha bloqueado por completo el proceso de polarización en torno a la reforma jubilatoria, tanto del lado del capital como de los trabajadores. El MEDEF, el sindicato patronal, se opuso a la reforma, precisamente por considerarla demasiado polarizadora tras el bloqueo. En cualquier caso, el capital estaba masivamente subvencionado en aquel momento. Por tanto, hay que insistir en que esta vez se ha pasado a una reforma paramétrica y no estructural. La reforma modifica un parámetro concreto del sistema, a saber, la edad legal de jubilación, pero no el sistema en sí. Por supuesto, este cambio llevará cada vez a más personas a invertir en pensiones complementarias privadas, puesto que ya no podrán jubilarse con buena salud con el sistema público de seguridad social… Sin embargo, el giro de Macron hacia una reforma paramétrica es un síntoma de la dificultad del bloque neoliberal francés para proponer un proyecto social tras la pandemia del COVID.

Para entender el vínculo con la reforma de 2010, es necesario darse cuenta de que con las reformas paramétricas de las jubilaciones y pensiones está en juego una cuestión epistemológica y política. La reforma de 2010 es esencialmente el mismo tipo de reforma que la actual, es decir, una reforma paramétrica que aumenta la duración de la vida laboral de 60 a 62 años. Sin embargo, la gestión obrera se ha complementado con una serie de organizaciones que pretenden integrar la gestión de la seguridad social en la perspectiva neoliberal del equilibrio presupuestario. Así pues, hay que señalar que lo que a menudo se invoca para justificar una reforma es un desequilibrio presupuestario. En este caso, es el COR (Conseil d’orientation des retraites) el que propone modelos tanto demográficos como macroeconómicos. En 2010, el COR anunció que el sistema de pensiones ya no estaba en equilibrio. La idea que siempre vuelve es la de un pánico financiero sobre la financiación de las jubilaciones. De hecho, las jubilaciones de los jubilados actuales las pagan los trabajadores actuales. Esto plantea el siguiente problema a la burguesía: cómo mantener el nivel de las jubilaciones cuando la proporción entre la población actual y los jubilados es cada vez menor. De hecho, hay que señalar que este cambio refleja plenamente los aumentos de la productividad del trabajo. También hay que mencionar que en los últimos años el Comité se ha equivocado casi siempre en los informes que motivaban las anteriores reformas jubilatorias.

Esta vez el informe propone cuatro escenarios, de los cuales sólo uno es desequilibrado. Por eso la izquierda política denuncia la reforma como una estafa. De hecho, la reforma no hace nada por equilibrar las cuentas de la seguridad social, sino que pretende la transición hacia un sistema privado de jubilaciones y pensiones. El sistema de seguridad social francés está siendo atacado una vez más por los capitalistas. Los objetivos de esta reforma son aumentar las horas de trabajo para incrementar las tasas de crecimiento y también crear nuevos mercados para las compañías de seguros. También marca un conflicto de interpretación en torno a la constitución social francesa. En la izquierda, la interpretación es que el sistema de seguridad social es propiedad de los trabajadores y debe ser gobernado por ellos, mientras que la derecha siempre ha interpretado, después de los años 50, que estos fondos deben ser gestionados por el Estado o por el capital.

De la crisis social a la crisis política

El elemento que hizo que el movimiento contra la reforma de las pensiones pasara de ser una crisis social a una crisis política más amplia fue, obviamente, la utilización por parte del gobierno del artículo 49.3 de la Constitución francesa. Este artículo permite al gobierno aprobar una ley sin que el parlamento la vote. La única manera de bloquear la aprobación de la ley es una moción de censura, que si se votara haría caer al gobierno. Este artículo de la Constitución se ha convertido desde 2016 en un símbolo de la forma neoliberal y autoritaria de gobernar Francia. El anuncio del uso de este artículo provocó manifestaciones en toda Francia desde la semana pasada. En París, el movimiento comenzó a reunirse frente a la Assemblée Nationale en la Place de la Concorde por la noche para protestar contra los métodos autoritarios del régimen macronista. Aunque un diputado centrista independiente propuso una moción de censura, le faltaron 9 votos en el Parlamento para derrocar al gobierno.

El fracaso de esta moción de censura dejó claro que la negociación por vía parlamentaria estaba bloqueada y, al mismo tiempo, el llamamiento de la Intersindical a negociar con el Gobierno se encontraba en un callejón sin salida. Hay que señalar que fueron los propios macronistas quienes quemaron todos los puentes que podrían haber regulado este conflicto social. Esto dio lugar a diversas acciones contra las oficinas de los diputados favorables a la reforma en toda Francia. La CGT comenzó, por ejemplo, a organizar el amurallamiento de las oficinas de algunos diputados o contra las oficinas locales del MEDEF.

El corolario de esta aguda crisis política es el uso sistemático de la brutalidad policial para impedir que se produzcan manifestaciones espontáneas. Tras el fracaso de la moción de censura, el 20 de marzo, todas las concentraciones cercanas a la Assemblée Nationale fueron acotadas y se cometieron diversas brutalidades policiales. La estrategia de represión del Estado nos hizo adoptar una estrategia más versátil basada en la proliferación de lugares de manifestación.

Pero el reciente salto cualitativo del movimiento está profundamente relacionado con algunos trabajadores muy avanzados de los sectores de la energía, el transporte y los residuos. La estrategia de estos sectores en huelga desde el 7 de marzo es el bloqueo. En el caso del sector de los residuos en París, la huelga se construyó tras un estudio en profundidad de la cadena logística de los residuos en París permitiendo huelgas en puntos de estrangulamiento como la incineradora de Ivry. La idea es que el bloqueo de puntos estratégicos de la cadena logística permite hacer prácticamente imposible el trabajo en otro punto, por ejemplo, manteniendo los camiones de basura a plena carga al final del día. De este modo, es posible dedicar tiempo al día siguiente para reunirse con los trabajadores que aún no están en huelga y discutir la sindicalización, las condiciones de trabajo y las jubilaciones. Estos bloqueos y huelgas son las condiciones de posibilidad de las manifestaciones de “gatos salvajes” que tienen lugar en París por la noche, ya que permiten que no se recoja la basura, dejando así a los manifestantes posibilidad de quemar algo en las calles.

En este contexto, el principal obstáculo para el movimiento son las requisas de los trabajadores. Desde la presidencia de Sarkozy es posible que el Estado utilice a la policía para obligar a los trabajadores en huelga a volver al trabajo si su acción bloquea algunos bienes estratégicos, como el abastecimiento táctico de combustible. Evidentemente, estas requisas se utilizan de forma distorsionada para obligar, por ejemplo, a repostar en los aeropuertos de París. La movilización de los trabajadores y de los estudiantes contra estas requisas es central para la continuidad del movimiento, para la preservación de los derechos de huelga y para mantener a raya a la policía.

El jueves pasado el movimiento dio un paso más hacia la generalización de la huelga, ya que el movimiento volvió a crecer con 3,5 millones de personas en las calles y buenas cifras en cuanto a las huelgas en diversos sectores. Esta jornada se caracterizó por la proliferación de acciones como el bloqueo del aeropuerto Charles-De-Gaulle de París organizado por la sección local de la CGT-Roissy. La manifestación de París también fue testigo de un aumento de la conflictividad que marcó el final de un movimiento que estaba muy tranquilo desde el principio. Esta novena jornada de huelga nacional es muy representativa del ritmo de las movilizaciones: bloqueos y acciones por la mañana, manifestaciones por la tarde y manifestaciones de “gatos salvajes” por la noche.

Este movimiento atestigua más que nunca la vivacidad de la huelga como modo de acción, contra todas las profecías de su superación. Por supuesto, no se trata sólo de la huelga en la gran fábrica, ya que la huelga, el motín y el bloqueo no corresponden tanto a esa fase del capitalismo como a una forma de conocer y actuar sobre la producción y la reproducción. Si el resultado del conflicto sigue siendo incierto, el reto a largo plazo del conflicto es ver si una nueva generación de sindicalistas de base es capaz de surgir de este movimiento, y la implicación masiva de la juventud en los últimos días parece ir en esta dirección.

[1] Máster en Filosofía Política y es estudiante de Sociología del Trabajo en Paris. Participó en la Plateforme d’enquêtes militantes.

Foto: Francesco Brancaccio, 7 de marzo de 2023

23 de marzo en Montluçon, Allier (Imagen de Louise Héritier) –
En esta ciudad del centro de Francia, el movimiento obrero había resurgido
con fuerza durante el movimiento, con dos manifestaciones
que reunieron a 10.000 personas para una población de 30.000 habitantes.

Sindicalistas de la CGT de Renault en Marsella, el 7 de marzo (imagen de Élodie Chédikian)

Gilets Jaunes en la manifestación sindical del 7 de marzo en Marsella (imagen de Élodie Chédikian)

Cartel «Fin del trabajo, vida mágica» en una manifestación en París (Imagen de Federico Puletti)

Un bloqueo con el recolector de basura en Romainville (imagen de CGT éduc’action 93/Twitter)

Gaz y ferroviarios bloquean la estación de Lyon en París (23 de marzo) (Imagen de Ulysse Jacquin)