La democracia en disputa. Balance 2022 y desafíos 2023.

Por CLAUDIO LOZANO (Presidente de Unidad Popular, ex diputado, ex director de Banco Nación y fundador del IPyPP). 

Estamos en presencia de una configuración del poder que se aleja de los términos más elementales que definen al paradigma democrático y republicano.  El aumento de la pobreza y el hambre durante los últimos 40 años de vida institucional han transformado en letra muerta aquel discurso de los albores democráticos que afirmaba que “con la democracia se come, se educa y se cura “. Esta evidencia, que por cierto cotidianamente alimenta los discursos hipócritas y autoritarios de la antipolítica, convive con la violación sistemática de condiciones fundamentales para la vida democrática.

La concentración en el terreno de la información y la comunicación han transformado en casi nulo el pluralismo informativo. Las técnicas de manipulación masiva de la población están a la orden del día, al tiempo que un Poder Judicial cuasi monárquico actúa al servicio del poder mediático y empresarial, llegando al punto de poder privar a las personas de su libertad y de sus derechos sin pruebas que lo justifiquen. Situación ésta que configura un cuadro donde ganar elecciones se no garantiza la posibilidad de gobernar en favor de las mayorías populares. El año 2022 termina habiendo demostrado la capacidad de esta configuración del poder de imponerle al Frente de Todos, prácticamente la resignación de la gestión de gobierno.

El enfoque fracasado y lamentablemente reiterado de renunciar a confrontar con los factores de poder, ha llevado al gobierno a tener que poner la cara, asumir y validar con explicaciones inconsistentes un estado de situación que en concreto está determinado por la capacidad que los poderes económicos locales y trasnacionales tienen para ejercer el dominio sobre los precios, el valor del dólar, el comercio exterior, las cuentas públicas y las finanzas. Es en este marco, donde la democracia ha sido secuestrada y encadenada a las mazmorras del poder, para vaciarla de todo contenido popular, donde creemos que hay que ubicar el sentido que tiene la decisión de la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, de responder al intento de proscripción política de la condena judicial corriéndose del escenario electoral y renunciando a cualquier candidatura. La trama mafiosa revelada en el affaire de Lago Escondido ha terminado de poner en evidencia el modo en que se sujetan las decisiones institucionales por la vía de estrategias ocultas y paralelas que degradan la democracia, al tiempo que pone ante nuestros ojos las características del poder que tenemos enfrente.

Una interpretación posible de la decisión tomada por la Vicepresidenta  podría ser que la degradación social e institucional de nuestro país no se va a resolver con una candidatura. De nuestra parte, creemos imprescindible abrirle la puerta a un proceso de movilización, debate, concientización y organización popular. La democracia está en disputa y la pelea exige pasar por encima de formalismos y cuestiones superficiales, requiere poner el foco en cuestiones estratégicas y obliga a abandonar esos discursos y esas argumentaciones que parecen pretender simular que no existen los enemigos de los intereses populares.

En tanto la institucionalidad vigente está atada y condicionada por una configuración del poder que la vacía de contenido popular, la disputa por los espacios institucionales debe inscribirse en una estrategia de poder integral que articule diversos actores. Hay que revisar nuestras prácticas políticas y entender que es tiempo de abandonar la idea de que la democracia es simplemente un régimen de gobierno cristalizado y estático. Es tiempo de reemplazar la mirada de la democracia como régimen de gobierno por la idea de la democratización como proceso que permite transformar la política en construcción de poder en manos de la comunidad. No podemos permitir que la idea de la política consista en gestionar el sistema de desigualdades vigentes. La tarea es subvertir las actuales relaciones de dominación. El poder en manos de la comunidad se inscribe en el paradigma de la democratización entendida no como un sistema ya predefinido e instituido, sino como un proceso de permanente profundización, con creación de herramientas que permitan al pueblo tomar en sus manos la tarea de organizar la convivencia. Es hora de abolir la definición que aún mantiene nuestra Constitución Nacional de que “el Pueblo delibera y gobierna a través de sus representantes”.

La democratización no termina en el sistema de representaciones que instituye la democracia liberal, a la cual, por supuesto no renunciamos, pero que debe ser desbordada por los mecanismos de participación directa y semidirecta de la población en las decisiones. Es el único modo de romper las ataduras que encadenan la institucionalidad al régimen de dominación social vigente. Por lo tanto, en la disputa por la democracia hay que posicionarse necesariamente en el territorio de la defensa de la vida y de la potenciación de la participación de la comunidad. En términos estrictos el lugar desde el cual posicionarse es el de priorizar las políticas que garanticen la reproducción social mejorando las condiciones de vida de la mayoría de la población. En ningún caso una política popular puede situar como prioridad políticas que perfeccionen las condiciones actuales de reproducción de los capitales dominantes.

Es desde el lugar de la prioridad de los intereses comunes que debemos denunciar el virus de la antipolítica. No sirve ya rechazar la antipolítica desde la defensa cerrada de un Estado que en el marco del proceso de desguace privatizador y desregulatorio fue expulsando de su seno la cuestión del interés público y comunitario. El actual Estado se ha transformado, al mismo tiempo, en parte del problema y de la solución. Se trata de resituar el interés del común y lo público en la institucionalidad estatal y para esto es clave el ejercicio pleno de la soberanía popular. Es en el marco de la participación de la comunidad en las decisiones que podemos recuperar la capacidad de decisión estatal con nuevos mecanismos de intervención en la producción y de regulación en las distintas esferas de la sociedad.

Tenemos que ser capaces de vincular la democracia con la economía asumiendo que la extensión de la precariedad y la informalidad ha roto el contrato clásico del Estado de Bienestar y que la superación de esta situación no se resuelve con los criterios del pasado sino con la creación de espacios, plataformas e instituciones que doten de espalda al precariado, a quienes no tienen protección de ningún tipo. Se necesita de una nueva institucionalidad del Bienestar de la Comunidad que base su legitimidad en las necesidades y los deseos ciudadanos.

No podemos permitirnos que la decisión de la Vicepresidenta de renunciar a toda candidatura se traduzca en desánimo y decepción. La gravedad de la situación Argentina obliga a interpretar esto como un grito de alerta que nos obliga a poner en marcha un proceso que sea capaz de superar la confusión y la falta de motivación de la militancia. Que exige hacer a un lado a aquellos referentes que han perdido el norte del porqué de su militancia en tanto representantes de la comunidad. Hay que poner en marcha un proceso de intervención política que nos permita, en un escenario de necesidades sociales que se han multiplicado, frenar el desaliento y el desánimo del pueblo.

Ya no sirve el planteo de la herencia maldita para hacer oídos sordos ante los reclamos de los más postergados. Ni tampoco el tradicional fundamento de la “correlación de fuerzas” cuando el dominio sobre el Estado Nacional por parte del Frente de Todos no fue puesto al servicio de la construcción de poder y de la organización popular. Frente a la situación planteada necesitamos una autoconvocatoria para repensar la democracia e intervenir de otro modo. Encontrarnos entre las organizaciones políticas y sociales del movimiento popular, de todos los territorios y sectores, con el objeto de identificar las problemáticas históricas y actuales, las propuestas que se llevaron a cabo o que siguen pendientes. Apostamos a la construcción de una Plataforma Ciudadana del Movimiento Popular que convoque construyendo un lugar enunciativo por fuera de los aparatos, las rencillas y el internismo que está carcomiendo el sistema político argentino.

En un mundo donde la guerra es una confesión de que las contradicciones han llegado a un punto de estallido y explosión, donde la restauración del capitalismo en Rusia y China (fruto de la globalización) desata nuevos y feroces antagonismos, el horizonte nos depara nuevas crisis financieras por el exceso de endeudamiento junto a nuevos y graves problemas sanitarios y climáticos. En ese marco, América Latina atraviesa una nueva posibilidad democratizadora que genera un desafío para que la región deje atrás su histórica desigualdad y pueda avanzar en un proceso integrador y emancipador. Argentina no debe interrumpir ese proceso, tenemos la responsabilidad, habiendo sido de los primeros en expulsar al neoliberalismo, de reinventarnos e insistir en la senda de la emancipación.