Del lado correcto: hacia la huelga social.

Por COLECTIVO EFFIMERA

“Estoy orgulloso de que hoy 20 millones de italianos puedan circular libremente porque el derecho de huelga de una minoría no puede socavar el derecho al trabajo de la mayoría”

Matteo Salvini, vicepresidente de Italia, elogioso del fascismo histórico.

El cielo, ya sombrío estos días, se oscurece un poco más, revelando una especie de diseño trágico. Tras el decreto Rave (que prohíbe las fiestas ‘rave’), tras el decreto Cutro (que recorta derechos a los inmigrantes), tras la represión de los eco-activistas condenados en Padua, tras las decisiones de las prefecturas (por mandato del ministro del Interior Piantadosi) de anular el registro de familias homoparentales, llega la detención de la Comisión de Garantías[1] y la limitación de la huelga general, convocada para el 17 de noviembre por la CGIL (Confederación General Italiana del Trabajo) y la UIL (Unión Italiana del Trabajo), contra la maniobra financiera del gobierno Meloni[2]. Mientras el gobierno recorta los servicios esenciales, aumentando las desigualdades sociales, mientras Meloni publica videos propagando vergonzosas reformas institucionales, Salvini se pone gustosamente la chaqueta de gendarme de la orden del capital neoliberal contra los trabajadores y las trabajadoras, contra las familias empobrecidas y precarias. Frente a la «derecha social» y las risibles promesas electorales, frente a toda la retórica populista de la derecha, supimos desde un comienzo que nos encontraríamos ante el régimen más proclive a los dispositivos autoritarios del sistema socioeconómico que domina esta Europa de las finanzas. La economía de guerra no hace concesiones y las bombas sociales llueven tierra adentro, mientras que un poco más allá se cuentan los muertos de las bombas que apuntan a los hospitales y los frentes se hacen más fuertes, graníticos y terribles.

Nos viene a la mente un viejo eslogan: «El proletariado no tiene nación». En estas semanas, parece más pertinente que nunca.

Píldoras de historia de un derecho y el intento de enterrarlo

Así pues, merece la pena detenerse en el derecho de huelga, que tiene una larga historia en Italia.[3] Recorrámosla rápidamente para comprender cómo el pasado oscurantista y dramático presiona para hacerse presente de nuevo. Tras la unificación de Italia, en virtud del código penal sardo de 1859, que se extendió por la fuerza a todo el territorio nacional, la huelga era un delito y, como tal, estaba sujeta a penas de prisión y multas. Tras la entrada en vigor del código Zanardelli en 1889, esta concepción penal de la huelga se atenuó y asistimos a la afirmación de una actitud menos represiva del Estado frente a las abstenciones colectivas de los trabajadores, con la única excepción de la «huelga violenta». Quién sabe si la huelga de Bava Beccaris en 1898 formaba parte de esta excepción.[4]

Recién la entrada en vigor de la Carta Constitucional en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial sancionó expresamente el reconocimiento de la huelga como derecho, superando la concepción del período anterior que seguía considerándola un delito civil. La Constitución y su artículo 40 consagran su derecho y alcance: «El derecho de huelga se ejerce en el marco de las leyes que lo regulan».

En los años 60 y 70, la huelga, como derecho individual antes que sindical, se convirtió en el icono de la protesta y la emancipación de la clase trabajadora. Pero a partir de los años 80, derrotados los movimientos obreros de la década anterior, comenzaron a registrarse los primeros intentos de regular y limitar el derecho de huelga, gracias al Protocolo Scotti de 1983 (el que introdujo la primera figura atípica en el derecho laboral italiano, el contrato de formación y trabajo, precursor de la creación de las posteriores figuras precarias), con las llamadas «cláusulas de tregua sindical» que prohibían a los sindicatos cuestionar los contratos antes de su vencimiento.

Camino hacia la contención y luego el vaciamieto progresivo del derecho de huelga tenemos también el Protocolo de 23 de junio de 1993 en el que, además de un reparto más claro de las competencias entre los distintos niveles contractuales, se estableció expresamente que durante el llamado período de «reflexión» –entre los tres meses anteriores a la expiración del contrato y el mes siguiente– las partes no podían recurrir a iniciativas directas, es decir, a la huelga, so pena de anticipación o aplazamiento de la paga de vacaciones.

Pero volviendo a los límites introducidos por etapas al derecho de huelga y con ello a las libertades de los trabajadores, llegamos al Acuerdo Marco del 22 de enero de 2009 y luego al Acuerdo Marco Interconfederal de aplicación del 15 de abril de 2009. Con estos textos, por una parte, se amplió el período de enfriamiento (léase, de no huelga) previsto para la negociación nacional (que ahora coincide con el período comprendido entre seis meses antes de la expiración del contrato y el mes siguiente a la expiración del contrato, o en cualquier caso igual a un período de siete meses calculado a partir de la fecha de presentación de las propuestas de renovación); por otra parte, se introdujo un periodo de enfriamiento adicional para la negociación descentralizada, que va desde dos meses después de la fecha de presentación de las propuestas de renovación hasta el mes siguiente a la expiración del contrato o, en cualquier caso, igual a un periodo total de tres meses. Además, se eliminó la previsión del cambio de la indemnización de las vacaciones contractuales en caso de incumplimiento de estas obligaciones, previendo en tal caso únicamente la posibilidad de solicitar la revocación o suspensión de la medida unilateral aplicada. Es evidente que la crisis de la negociación colectiva va de la mano de la ampliación de los supuestos en los que peligra el derecho de huelga. Un aspecto, este último, que valdría la pena reconsiderar a la luz de la actual situación de dumping salarial.

Estas intervenciones no han anulado el derecho de huelga, pero han limitado su aplicación en determinados momentos (decisivos) de la negociación. En cambio, la intervención en el ámbito de la huelga en los servicios públicos esenciales fue diferente. La intervención legislativa en 1990 con la Ley nº 146 reguló la nueva normativa sobre huelgas. Esta disposición, originalmente destinada a regular el ejercicio del derecho de huelga en los servicios públicos exclusivamente en el ámbito del empleo subordinado, fue modificada por la Ley 83/2000, que amplió su ámbito de aplicación a la abstención colectiva del trabajo de los trabajadores autónomos, profesionales y pequeños empresarios cuyas actividades estuvieran en cualquier caso vinculadas a la prestación de servicios públicos esenciales (por ejemplo, los abogados). Y es en base a estas disposiciones relativas al respeto de los tiempos, convocatorias y formalidades para declarar una huelga que hoy, en este triste país, se reduce la legitimidad de un derecho tan fundamental como el de huelga.

La “imparcialidad” de la Comisión de Garantías

Hoy, ante la actuación de Salvini, que por primera vez en la historia de la República adelanta los requerimientos a los principales sindicatos italianos, sí podemos añadir que esta fase de la historia no nos está ahorrando nada. Recordemos, entre otras cosas, que es la Comisión de Garantías, órgano compuesto por cinco miembros elegidos entre expertos del sector por indicación de los presidentes de la Cámara y del Senado (Ley nº 146 de 12 de junio de 1990), expresión por tanto de la mayoría parlamentaria, y nombrada por decreto del presidente de la República, la que decide si se puede llevar a cabo una huelga, y de qué manera.

Pues bien, la actual Comisión de Garantías está compuesta por Peppino Mariano, abogado que fue asesor en materia laboral de Giorgia Meloni cuando fue ministra de Juventud entre 2008 y 2011, y Luca Tozzi, abogado y ex asesor jurídico del actual presidente de la Cámara de Diputados Lorenzo Fontana cuando fue ministro de Familia entre 2018 y 2019. La actual presidenta de la comisión es Paola Bellocchi, profesora de Derecho del Trabajo (que nunca ha ocultado sus simpatías por la derecha), y los otros miembros son el profesor universitario Federico Ghera y el economista Paolo Reboan, que fue director general del Ministerio de Trabajo y antes asesor de ministros de Trabajo como Roberto Maroni y Maurizio Sacconi.

No es difícil advertir la clara alineación política de los miembros de este órgano, un vulnus para una autodenominada Comisión de Garantías que debería tener un enfoque «super partes». La decisión de no reconocer la huelga del 17 de noviembre aparece aquí viciada de origen por un posible sesgo ideológico en defensa de la actuación del Gobierno. Estamos, en definitiva, en buenas manos.

Con una maniobra de pinza (poco importa cuál fue primero: estaban claramente pactadas), el vicepresidente y ministro de Transportes Salvini dio curso a los requertimientos, de ahí las sanciones de hasta cien mil euros a los sindicatos promotores y las sanciones tanto disciplinarias como pecuniarias a trabajadores individuales, mientras la Comisión reducía la huelga de transportes de 8 a 4 horas (debilitando así la huelga general). Para llegar a esta conclusión, la Comisión tuvo que recurrir a un forzamiento lógico y político: afirmó que la huelga, al ser nacional pero articulada, no podía calificarse de general, sino que debía recalificarse como multisectorial. No podía intervenir, ni siquiera en los transportes, si era general, es decir, como se proclamaba; pero pensó que podía intervenir sectorialmente gracias a este artificio. Esto no había ocurrido nunca. La ley no contiene ninguna definición limitativa de la huelga general; la Comisión llega a ella por vías que define como interpretativas y que, en cambio, son constitutivas. Se trata de un paso más en el camino de la deslegitimación autoritaria: un órgano administrativo de garantía promulga nuevas normas sobre un tema de importancia constitucional. Lo hace invocando, además, una inexistente directriz consolidada de la Comisión que sería irrelevante, en cualquier caso, pero que no existe.

¿Qué sentido tiene una huelga?

Por último, queremos señalar las declaraciones de Matteo Salvini, que invoca y justifica sus requerimientos porque “no es aceptable bloquear todo el país durante 24 horas”. Añadió que «su trabajo es garantizar la movilidad de 60 millones de italianos y que le pagan por ello» (https://www.ilsole24ore.com/art/sciopero-affondo-lega-cgil-non-conosce-regole-replica-e-legittimo-AFLXejbB).

La idea de que una huelga, es decir, la suspensión del trabajo, no debe crear trastornos y perjuicios excesivos en las actividades cotidianas de los ciudadanos se ha convertido en un lugar común. Y es en referencia a este principio que la Comisión de Garantía considera inadmisible la huelga general de 24 horas en algunos sectores (como los transportes y los servicios públicos en general) por considerarla lesiva para los derechos de los demás.

Nos gustaría recordar lo fundamental, a saber, que la huelga tiene su origen en el conflicto capital-trabajo como arma para boicotear la producción. El trabajo, al abstenerse de producir, golpea en carne viva la ganancia del productor. La huelga siempre tiene un costo, y la tradición mutualista de las formas sindicales surgió y se desarrolló precisamente para paliar los problemas que suponen para el trabajo los recortes salariales que conlleva la huelga, para conseguir el objetivo de perjudicar los intereses de la patronal.

Hoy, por supuesto, en una realidad de producción y explotación que ha desbordado los límites de la fábrica y se ha generalizado, infiltrándose en todos los recovecos de la vida humana, el instrumento de la huelga debe ser repensado y adaptado a los nuevos retos a los que nos enfrentamos. Debemos añadir que queremos la huelga general y algo más. Que la huelga general no se toca, que hay que defenderla y que hay que adherirse a ella, pero que tal vez no sea suficiente. Lo que hace falta es una huelga social, una huelga precaria, una huelga biopolítica, es decir, una huelga más amplia que tenga en cuenta el tejido que inerva la reproducción social, que hoy también se hace explícitamente productiva.

En definitiva, estamos por esta huelga, no sólo para defender la historia de los trabajadores y de todos los que «no tienen parte» (de las que, como generaciones precarias, formamos parte), no sólo porque este es un momento sombrío que hace necesario confrontar y converger frente a los ataques a las libertades y derechos básicos garantizados por la Constitución, sino porque nos gustaría entenderla como el inicio de algo más amplio, de movilizaciones que continúan, que no se detienen, capaces de hablar a segmentos de la población que no tienen representación, de animar procesos multitudinarios, mestizos, feministas, de hacernos encontrar la pasión común por la acción sindical y política en defensa de nuestras existencias. Dentro y fuera del trabajo. Pensamos, al decir esto, en las grandes luchas compuestas que nos ha dado Francia en los últimos años.

Contra la política marcadamente antisocial de Meloni y Salvini, desde el salario mínimo a la renta básiva, pasando por la defensa del Estado del bienestar, hay temas fundamentales. Contra la prohibición de la huelga, tenemos que estar del lado correcto.

Publicado por Effimera. Critica e sovversioni del presente, 16 de noviembre de 2023 / https://effimera.org/dalla-parte-giusta-di-effimera/

Traducción y notas: Ariel Pennisi

[1] La Comisión para garantizar la aplicación de la ley sobre huelgas en los servicios públicos esenciales es una autoridad administrativa independiente creada por la ley del 12 de junio de 1990, n. 146, y posteriores modificaciones y adiciones, con la misión de garantizar el justo equilibrio entre el ejercicio del derecho de huelga y el goce de los derechos constitucionales de la persona, enumerados en el artículo 1, párrafo 1, de la citada ley. (https://www.cgsse.it/)

[2] Movilización masiva en las principales ciudades italianas contra el presupuesto de recortes planteado por el gobierno. Los sectores más importantes que convocaron a la huelga fueron sanidad, transportes y educación…

[3] Algunas noticias fueron tomadas de https://www.wikilabour.it/dizionario/sciopero/regolamentazione-del-diritto-di-sciopero/

[4] Huelga en Milán reprimida salvajemente, con consecuencias mortales para los trabajadores, a cargo del general Fiorenzo Bava Beccaris.