Condiciones: ¿Llega la dolarización? ¿Se viene el estallido? ¿Llega el gobierno al final del mandato?

En la última reunión de Coyunturas en el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas  participaron Claudio Lozano, Ana Rameri, Tomás Raffo, Horacio Fernández, Marisa Duarte, Alejandro López Mieres, Agustina Haimovich, Rubén Ciani, Jaime Farjii, Noemí Giosa Zuazua y Ariel Pennisi.

El encuentro arrojó algunas definiciones e hipótesis sobre el horizonte dolarizador, los conflictos internos al bloque de poder, el comportamiento del sector agroexportador, el rol de Techint en este proceso político y, fundamentalmente, las dificultades y desafíos de los sectores populares y otros actores hoy asediados por el plan de gobierno…

El disparador inicial fue la pregunta por las condiciones reales de una dolarización o pseudo-convertibilidad en el corto plazo. No necesariamente por darle crédito a la frase del día del ex panelista que ocupa la presidencia de la nación o a los dichos del trader que conduce la cartera de Economía. Sino porque, realidad o verso, aparece como la única bisagra posible para un proyecto como el del actual gobierno. Es decir, conjeturamos que llegará el momento en que, o bien el desborde social termina de desarmar la estrategia maltrecha del gobierno, o bien quienes gobiernan (autoridades institucionales y cabezas del poder económico) gastan su última bala de plata… siempre acompañada por balas de goma y plomo que la ministra de seguridad de tinte fascista destinará a quienes se atrevan a manifestarse democráticamente en forma de protesta.    

Mientras el gobierno y el espectro financiero festejan en su burbuja el coyuntural superávit fiscal conseguido en enero a fuerza de licuación de ingresos y ahorros de las personas comunes (¿gente de bien o qué?), ajuste salvaje a los jubilados y pensionados, retención de los envíos correspondientes a las provincias, ataque a los ingresos docentes; mientras se jactan también de una cuenta positiva en la balanza comercial, producto de la caída brutal del consumo (y con ello de las importaciones), es inevitable preguntarse por la sostenibilidad de semejante navajazo de mono. Por otro lado, hay un criterio de colocación de deuda del tesoro a los bancos para conseguir financiamiento neto positivo y con eso recomprar deuda del Tesoro por parte del BCRA para capitalizarlo. En estas condiciones, con los pasivos remunerados a manos de los bancos, el gobierno vuelve a hablar de dolarización. En este momento (febrero de 2024) la base monetaria es de alrededor de 10 billones de pesos, mientras que los pasivos remunerados son de alrededor de 29 billones de pesos. Son 39 billones de pesos que a un dólar promedio de $1.000 implicaría la necesidad de cerca de 40.000 millones de dólares para lograr esa dolarización total de la economía. Esta cuenta es posible desarmando los pases pasivos[1] de los bancos con el Banco Central. ¿Cómo es el mecanismo? Con ese desarme, los bancos suscriben en estas colocaciones primarias bonos del Tesoro (títulos públicos en manos de los bancos, a plazos más largos); el excedente respecto a lo que se vence[1] es utilizado por el Tesoro para recomprar deuda en manos del BCRA y así capitalizarlo en una especie de rulo… ¿Por qué los bancos toman ese riesgo? El Banco Central les ofrece una posibilidad de venta de esos bonos cuando se les ocurra. Esto constituye una bomba de tiempo, ya que ante una eventualidad macroeconómica que cambie las condiciones (como puede ser una corrida cambiaria), toda esa masa de opción de venta por parte de los bancos se puede transformar en liquidez futura en alrededor de 10 billones de pesos, es decir, una base monetaria nueva como la actual. Por lo tanto, a la base monetaria y a los pasivos remunerados habría que sumarle este pasivo contingente de unos 10 billones de pesos, lo que llevaría la masa monetaria dolarizar a 50 mil millones de dólares, complejizando aún más las condiciones para dolarizar. Teniendo en cuenta que amén de la destrucción de la actividad, a costa de la cual el BCRA viene comprando dólares, la recomposición de reservas es débil, ya que nos encontramos con reservas netas en el orden de los 5.500 millones de dólares negativos.

[1] El desarme de los pases pasivos refiere a una forma de esterilización o absorción del dinero circulante de la economía por parte del BCRA, tomado día a día, pagándole una tasa de interés a los bancos privados. Es una forma de esterilizar el dinero circulante.

Luego, y relacionado en cierta medida con esa descripción, nos preguntamos por el ingreso de dólares, por la capacidad de obtención de dólares por parte del gobierno… Por ejemplo, ¿Qué va a pasar con los dólares generador por el sector agroexportador? Qué se espera de la cosecha 2023/2024 y qué podemos esperar del comportamiento de los actores más pesados del sector en cuanto a la liquidación de esos dólares. En ese sentido, algunas variables nos llaman la atención:

1. No sólo no tendremos una cosecha récord como se llegó a decir, sino que, más allá de la evidente recuperación tras la peor sequía en 50 años, hay una merma por la irregularidad climática respecto de las expectativas.
2. En el orden mundial, los precios de los principales granos presentan una baja interanual del 25.8%. (como se refleja en los datos publicados en el mes de febrero 2024 del Índice del Precio de los Granos -GOI-, elaborado por el Consejo Internacional de Cereales -IGC-). Los detalles se pueden ver en el siguiente documento preparado por Rubén Ciani (VER)
3. ¿Cuánto liquidarán los exportadores del agro? Respecto del ingreso de divisas desde noviembre hasta enero, meses en los cuales se comenzaba históricamente a negociar la nueva cosecha, ingresando divisas en forma anticipada, muestran un sensible retraso para esas operaciones con respecto a lo sucedido en temporadas previa, según datos de CIARA – CEC
4. La situación que le permite a un grupo reducido de productores pesados dosificar sus ventas y especular frente a la debilidad del Estado en un contexto de restricción de divisas sigue siendo una de las claves para pensar la liquidación de las exportaciones. En ese sentido, Si el mercado retorna a la estacionalidad de comercialización de los productores y liquidación de divisas, es decir a la traza a la curva de liquidación de dólares en 2021 y 2022 (momento previo al cimbronazo de la guerra en Ucrania), podemos estimar para el trimestre marzo/mayo un ingreso de dólares de la cosecha del orden de los 8600/9600 millones de dólares. 

Surge el interrogante por la inminencia o no de una devaluación que seguramente influirá en el timing del sector agroexportador a la hora de liquidar divisas que, por cierto, resultan fundamentales para la estrategia del gobierno. Ahora bien, hablar de una estrategia momentánea no significa reconocer un plan económico que, de hecho, parece brillar por su ausencia. En todo caso, en un contexto de deterioro en tiempo récord del salario y de las condiciones de vida de los jubilados, la clase trabajadora y los que se encuentran por debajo de la línea de pobreza según los indicadores oficiales, aparece la pregunta por la dolarización como salida política y económica al mismo tiempo. ¿No fue al comienzo de la década del 90 lo que ocurrió con la Convertibilidad? Es decir, parado sobre el trauma hiperinflacionario, el gobierno de Menem logró disciplinar a parte de la clase trabajadora con ayuda de la CGT, generó ilusiones en una clase media aspiracional y selló su alianza con los sectores más concentrados del capital a costa de un industricidio que completó la obra de la dictadura genocida. ¿Hay condiciones hoy de una nueva aventura en la misma dirección? ¿Será la dolarización la operación concreta de ese significante vaciado que es el “cambio”? ¿Será un manotazo de ahogado ante un derrumbe inevitable de la economía y la situación social? ¿Será humo bajo el agua? En principio, la dolarización supondría una contradicción mayúscula respecto de los ideologemas que esputa el presidente como personaje salido de un precario manual de economía libertario, ya que no deja de repetir que el Estado no puede fijar ningún precio (excusa perfecta para jugar en favor de las patronales a la hora de la discusión por los salarios). Pues bien, con la dolarización se establecería un “ancla” para uno de los “precios” fundamentales de una economía en los hechos bimonetaria como la nuestra: el dólar.

¿Qué condiciones hay o podría haber para una eventual dolarización?

En cuanto a la evolución de las reservas internacionales, el comportamiento esperado de la cuenta corriente del balance de pagos es una tendencia a su gradual incremento. Por un lado, la recesión motivada por el ajuste fiscal y sus consecuencias, la caída del poder adquisitivo de la población, la consecuente caída del consumo interno y de la producción destinada al mercado interno, impactarán (ya están impactando) en una disminución de las importaciones. Por el otro lado, la mejora de la cosecha gruesa en comparación con el año anterior (como decíamos más arriba) y el previsible aumento de las exportaciones de commodities energéticas y mineras, preanuncian un aumento de las exportaciones (lo que iba a suceder de todos modos más allá de quién gobernara). Si bien no se han reducido los derechos de exportación tal como esperaban los operadores, la fuerte devaluación actúa como principal incentivo a la liquidación de divisas en la plaza local… y una posible inminente segunda devaluación jugaría en favor de esa posibilidad (al mismo tiempo que profundizaría la herida social).

En cuanto a la evolución de la circulación monetaria, la estrategia del Banco Central (nada “independiente”, por cierto) de endeudarse en dólares, y la del Tesoro de endeudarse en pesos para rescatar las letras colocadas en períodos anteriores al BCRA tiende a una gradual pero continuada disminución de la base monetaria.

Entonces, preventivamente en la conversación se plantearon tres escenarios posibles de dolarización, según el modo de alcanzarla: o bien un formato supuestamente “racional”, o bien un modo, digamos, despeinado y cachivachesco fiel al estilo del presidente y, finalmente, una posibilidad intermedia.

En el escenario “racional” el gobierno privilegiaría la generación de condiciones recesivas de “estabilidad” (estilo paz de los cementerios) por sobre el dogmatismo ideológico. Si puede continuar por un tiempo prolongado con la disminución gradual de la circulación monetaria y con el aumento gradual de la disponibilidad de reservas internacionales, (es decir con el ajuste, la recesión, la reprimarización productiva y la integración subordinada al mundo mediante exportaciones de bajo valor agregado) tomará la decisión de dolarizar cuando el tipo de cambio de la dolarización (aplicable a la conversión de los saldos en pesos del sistema financiero por su equivalente en dólares) implique un salto no explosivo en términos inflacionarios y no genere una “evaporación” de los ahorros. En ese caso, el límite no sería económico sino social y político.

En el escenario “despeinado” el gobierno privilegiaría el dogma por sobre las condiciones objetivas, no siendo capaz de frenar la presión de sus sostenes económicos y financieros, y pretendería imponer una suerte de dolarización con un desequilibrio muy grande entre el valor de las reservas internacionales y la circulación monetaria. El tipo de cambio de la dolarización, en ese caso, sería tan elevado que, al no atreverse a establecerlo el propio gobierno, lo más probable sería una “libre” circulación de ambas monedas sin que ninguna autoridad fije la paridad, quedando librado al “mercado”, es decir, al arbitrio de los actores más poderosos. Lo más probable es que quienes tienen saldos en pesos en el sistema financiero intentarían cambiarlos por dólares a cualquier precio, y que quienes tienen saldos en dólares intentarían retirarlos del sistema ante el temor de no poder rescatarlos. Los bancos no podrían sostener la demanda de sus ahorristas de pesos o de dólares. La presión de la sobredemanda de dólares y de la sobreoferta de pesos llevaría la paridad de mercado a niveles muy superiores, incluso, a la equivalencia técnica reservas/circulación. No sería descartable que en estas condiciones se produjeran cierres generalizados de bancos, confiscación o evaporación de ahorros. Se rompería toda coordinación y unificación de los mercados financieros. Las provincias deberían emitir cuasimonedas para continuar funcionando. El desenlace de este escenario es imprevisible y el límite sería económico, político, social…

En el escenario “intermedio”, el gobierno intentaría “manejar” sus diferencias entre dogmáticos y técnicos, así como las presiones encontradas de sectores del capital, tanto dolarizadores y como no dolarizadores. Trataría de alcanzar en el menor tiempo posible una paridad razonable para dolarizar recurriendo a mayores niveles de endeudamiento externo, a fin de incrementar las reservas internacionales hasta los niveles deseados, inalcanzables sólo con la cuenta corriente del balance de pagos. Cualquier cimbronazo en los mercados financieros internacionales (llámese aumento de las tasas de interés de los bonos del tesoro de los eua) que desplace en cortos plazos importantes volúmenes de financiamiento externo hacia otros mercados provoca una crisis de deuda como las ya conocidas en otros momentos de nuestra historia económica y no logra alcanzar la estabilidad pero en cambio deja una bola de nieve de deuda para el futuro.

Más allá del hipotético avance de un plan dolarizador y de su modalidad, en cualquier escenario la dolarización implica: la renuncia del Estado a tener política monetaria, es decir, a los instrumentos de ésta (emisión y absorción monetaria, regulación de tasas de interés para fomentar el ahorro y el crédito en general, y específicamente para determinadas actividades que se consideren de interés social o estratégico); la destrucción de la ya mancillada estructura industrial; la cristalización d la brutal desigualdad social y la condena a un número impredecible de personas a la pobreza o la emigración; la subordinación definitiva del conjunto de los ciudadanos a los dueños de los dólares; la facilidad para la instalación definitiva del narcotráfico a escalas que nunca conocimos. La dolarización, en el fondo, significaría la clausura de un esquema de reparto del poder y de las instituciones. (VER)

Por otro lado, recuperamos un trabajo de Claudio Lozano del año 2000, en coautoría con Eduardo Basualdo, en el que se describía con precisión el conflicto entre entre dolarizadores y devaluadores de entonces, es decir, en la antesala del derrumbe de la Convertibilidad. ¿Cuáles son las continuidades y las discontinuidades respecto de aquella puja del final de la convertibilidad? El trabajo titulado “Entre devaluadores y dolarizadores…” cuya versión facsimilar compartimos en los documentos de discusión de Coyunturas (VER), fue contrastado por el propio Lozano con la situación actual.

En aquel momento, fue un sector del empresariado el que logró imponer, en el marco del cuestionamiento general de la sociedad al rumbo de la convertibilidad, la salida devaluacionista (2002). La devaluación permite a aquellos sectores productivos con menor nivel de competitividad en el mercado mundial, resolver su situación vía la modificación del tipo de cambio. Para aquellos grupos que venden en dólares y pagan sus costos en pesos la devaluación significa la posibilidad de incorporar ganancias por vía especulativa. Son algunas de las razones que podría explicar el interés de algunos grupos económicos locales en la devaluación o su reticencia al plan dolarizador. Sin embargo, en este momento, más allá de los conflictos que subsisten en el interior del bloque dominante, pareciera que, a diferencia de lo que ocurría entre 2001 y 2002, hoy existen consensos en ese espacio que por entonces no eran tales. El contexto internacional, con el conflicto entre China y EEUU, la guerra entre Rusia y Ucrania y el conflicto en la franja de Gaza, se exacerba la demanda de alimentos, minerales y energía, lo que genera en las clases dominantes en Argentina la expectativa de consolidar un modelo de acumulación basado en la sobreexplotación y el saqueo de nuestros recursos naturales, que son parte de nuestros bienes comunes, con bajísimo contenido industrial.

Hoy en el gabinete de Javier Milei conviven representantes del sector financiero, como el ministro de economía Caputo, o su socio, el presidente del Banco Central, Bausili (ambos representando intereses de parte de la banca internacional y fondos de inversión); con representantes de Techint, de la Corporación América, entre otros. Pero, en comparación al momento del derrumbe de la convertibilidad, algunos grupos empresarios devaluacionistas de entonces han apostado fuertemente a la reprimarización de nuestra economía, tomando posiciones sobre parte de los recursos naturales de nuestro país, y consecuentemente miran con mayor beneplácito la perspectiva de la dolarización. En ese sentido, el caso de Techint es emblemático, avanzando sobre el marcado hidrocarburífero (pretende quedarse con la mayor parte de Vaca Muerta) y del gas no convencional, cuando además el gobierno de Milei le entregó el control de YPF. Ocurre también con Blgueroni y Panamerican Energy o con Eurnekian (anterior empleador de Milei) con la Compañía General de Combisdtibles, entre otros.

De acuerdo con este análisis, a diferencia de aquella puja en el interior del bloque dominante que inclinó la balanza en favor de la devaluación, hoy no es por ese lado que pueda esperarse la resistencia a la dolarización. La pelota queda del lado de la clase trabajadora y precarizada, los sectores populares en general, las PyMES…      

En cuanto a la voluntad de avanzar en un plan vertiginoso por sus consecuencias sociales, el bloque de poder ya demostró en otro momento histórico hasta dónde fue capaz de llegar para defender sus privilegios y ampliar sus condiciones de dominio: una dictadura genocida. En algunos casos se trata de los mismos nombres que entonces. Pero no se trata de una mera denuncia, sino de un dato, es decir, si fueron capaces de acompañar, financiar y operar desde dentro de un Estado terrorista, ¿por qué no serían capaces de ir a fondo con un personaje autoritario y disparatado hasta las últimas consecuencias?

Ante el acuciante escenario, con o sin dolarización en el horizonte, nos preguntamos de dónde podrían venir los límites a los abusos y la violencia de este gobierno. Vimos el rol del parlamento y de los gobernadores en acción con la caída de la Ley “ómnibus” y las rispideces públicas. La actitud de la oposición colaboracionista no parece depender de mandatos electorales o de ideas, ni mucho menos de una apuesta ético política, sino de negociaciones que se dan a espaldas de la ciudadanía, de rencillas mezquinas e intereses particulares. Recordamos también las declaraciones de Rosatti, el presidente de la Corte Suprema quien, en plena campaña electoral, cuando comenzó a crecer la propuesta dolarizadora advirtió que la dolarización es inconstitucional. ¿Pero es el poder judicial un límite real o fiable?

El descrédito de las instituciones políticas les resta capacidad para poner límites o incluso, ante un eventual desmadre de la situación de reencauzar en un sentido distinto el proceso político. De hecho, la institucionalidad en argentina es mayoritariamente conservadora, basta repasar los actores con poder de negociación institucional: gobierno, oposición colaboracionista (Pro, UCR, PJ ortodoxo, etc.), poder judicial, gobernadores, intendentes, la CGT, incluso los medios masivos de comunicación.

Entonces, la pelota vuelve a quedar del lado de los sectores más dañados por el ajuste, con toda su heterogeneidad a cuestas. Desde clase media, hasta clase trabajadora organizada, pasando por el amplio mapa de la precariedad y la pobreza socioeconómica. La orfandad es tan evidente como poco conveniente el retorno a una paternidad conductora. Es decir, nos preguntamos por la posibilidad de una conducción política, pero inmediatamente nos invade la afirmación que acabamos de hacer: la institucionalidad y, finalmente, la gobernabilidad conservadores.

¿Qué otras imágenes de organización son posibles? ¿Qué imaginarios asociados a una indispensable militancia territorial? Por un lado, los radares puestos en el modo en que la propia sociedad empuja, en germinaciones que podemos estar desconociendo. Por otro, la necesidad de construir de otro modo, para que, en todo caso, si la irrupción viene desde abajo nos encuentre permeables y disponibles. No podemos volver a encorsetar lo que haya de dinámico en la sociedad. Como tampoco podemos hacernos los zonzos ante tanta servidumbre voluntaria, ante el modelo de la obediencia que avanza. Hace ya un tiempo sostenemos que lo único radicalizado en nuestro país es la derecha. Como producto de esa radicalización se elaboró en espejo, como proyectando su propio extremismo en la construcción de un enemigo, la imagen del mal colectivista, un comunismo alucinado por el sector que gobierna, como si se tratara de una etapa superior de lo que la derecha más tradicional llama “populismo”. Más allá de la ausencia total de basamento histórico y conceptual, de la brutal ignorancia respecto de sus propios enunciados, hay efectos y podrían alimentarse de nuevas fuentes por nosotros desconocidas. Pero el desconocimiento que, esta vez, nos cabe a nosotros mismos es estructural. Tal vez ahí nos topamos con nuestra mayor limitación, pertenecemos a otro tiempo, habitamos el otro lado de la derrota. Y, sin embargo, a pesar de todo, no vivimos la política ni la vida misma con derrotismo.  

A la necesidad de estrategias ligadas al protagonismo social y su relativa autonomía, incorporamos una hipótesis de articulación con una estrategia que incluye lo electoral. El gobierno de la provincia de Buenos Aires tiene una posibilidad importante de ofrecer políticas capaces de confrontar con el planteo del gobierno nacional pero no desde lo enunciativo, sino desde una praxis con resultados concretos. En ese sentido, la opción Kicillof está sujeta a la necesidad de una audacia colectiva. Si su gobierno hace la plancha esperando el desplome de la estrategia del gobierno nacional, si se dedica a reproducir los clisés de los gobiernos provinciales, no vemos un desenlace prometedor. En el fondo, cabe preguntarse: si de parte nuestra (pensando en un “nosotros” bien amplio y desde abajo) esperamos el mejor Kicillof posible, ¿obtendremos que el posibililismo de siempre?  Es necesario dejar de pensar en la instancia electoral como la meta en función de la cual se encauza toda una construcción política; de lo que se trata es de construir de otro modo, de priorizar los procesos, de movilizarnos de manera participativa y encontrar con creatividad y pragmatismo la medida entre verticalidad y horizontalidad. De ese modo, la instancia electoral no será esa meta a la cuál llegar, sino la candidatura una máscara más o menos adecuada a un proceso desde el cual plantear la estrategia para las elecciones.

Más posibilismo o nuevos posibles, parece ser la cuestión. Contamos con una multiplicidad de actores que es riqueza antes que división, existen nuevas instituciones y la posibilidad de crear formas de democratización de lo común. Con el Estado, pero sin dependencia de las instituciones desgastadas, vaciadas de su potencia originaria. Lo público, en el fondo, no es equivalente al Estado y mucho menos puede disolverse en el mercado. Lo común, lo que nos pertenece a todos, siempre en tensión, al calor de un desacuerdo que no es posible ni deseable liquidar, es lo que verdaderamente está siendo atacado por el neofascismo de un gobierno que también es máscara, pero de poderes económicos que, amén de los nombres repetidos, en el fondo no tienen rostro.

Finalmente, teniendo en cuenta la historia reciente, cabe preguntarse si el gobierno estará en condiciones de completar su mandato institucional. Por el modo en que alimenta la conflictividad social apostando a la represión, por lo que viene ocurriendo en las discusiones con sus propios socios y aliados circunstanciales, da la impresión de promover condiciones de ingobernabilidad que lo alejan de la posibilidad de llegar a concluir su mandato. 

[1] Absorción de dinero circulante por parte del BCRA, tomado día a día, pagándole una tasa de interés a los bancos privados. Es una forma de esterilizar el dinero circulante. Si se tiene en cuenta que la base monetaria cuando asumió Milei era de 10 billones de pesos y que en el escaso tiempo de gobierno la inflación sobrepasó el 50%, se tiene una medida.

Imagen: Valerio Bispuri