El decálogo de Milei, el de Cristina y ¿el nuestro?

Por JAIIME FARJI  (Economista especializado en administración y finanzas públicas)

Milei, Cristina y Moisés

En su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación del 1° de marzo de 2024[1], el presidente Javier Milei hizo una convocatoria a gobernadores, expresidentes y líderes de los principales partidos políticos, a deponer intereses personales y a encontrarse el próximo 25 de mayo en la provincia de Córdoba para la firma de un nuevo contrato social llamado pacto de mayo: un contrato social que establezca los 10 principios del nuevo orden económico argentino[i].

Llama la atención (o tal vez no tanto) que el presidente no haya convocado a una negociación, sino a la firma de un contrato que ya tiene nombre, fecha, lugar y contenido.

También le puso condiciones. Sin importar quienes sean, de donde vengan, ni qué ideas hayan defendido, el presidente indicó en su discurso que había instruido al Jefe de Gabinete, al Ministro de Economía y al Ministro del Interior a que, como primer paso antes de firmar el Pacto de Mayo, convoquen a los gobernadores de todas las provincias argentinas a la Casa Rosada para firmar un preacuerdo y sancionar tanto la ley bases como un paquete de alivio fiscal para las provincias.

En esos términos, el presidente está dispuesto a “perdonar” la historia previa de los que firmen el nuevo contrato social (que no somete a debate), pero les exige, en particular a los gobernadores, que disciplinen a sus diputados y senadores para que voten favorablemente la segunda versión de la ley ómnibus si quieren algún tipo de alivio fiscal. Una pretensión propia de quien se cree dueño de la razón y del poder absolutos.

Para un dirigente que cree que “las fuerzas del cielo” son más importantes que el número de personas que eventualmente rechacen sus ideas resulta inmediata la relación entre “las 10 políticas de estado” y “los 10 mandamientos” de la tradición judeocristiana. Avalando esta comparación podemos recordar que el presidente se comparó con Moisés en su cuenta de la red social X, cuando asimiló la eventual segunda remisión al Congreso del proyecto de ley ómnibus con el pasaje bíblico en el que Dios le ordena a Moisés volver a redactar los 10 mandamientos luego de haberlos destruido en un arrebato de ira.

Los Diez Mandamientos[ii] son principios morales y religiosos, y no pretendemos asimilarlos a los principios económicos del llamado Pacto de Mayo. Al solo efecto de poner de relieve una cuestión que creemos importante, nos limitaremos a comparar el 1er Mandamiento con el primer punto del Pacto de Mayo:

1er Mandamiento: Yo soy el Señor, tu Dios, que te ha sacado de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás escultura ni imagen alguna ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni les darás culto (Ex 20, 2-5).

1er punto del pacto de mayo: La inviolabilidad de la propiedad privada.

No es antojadizo afirmar que el lugar que la tradición judeocristiana le asigna a Dios se corresponde con la propiedad privada en el “catecismo” de Javier Milei. Según ese credo particular, la propiedad privada está por encima de cualquier cosa del cielo, la tierra o el subsuelo, es el principio y fin de todo.

Pero Javier Milei es el presidente de un estado de derecho que tiene (¿por ahora?) a la Constitución Nacional en la cima de la pirámide normativa. Su artículo 17 dice que la propiedad privada es inviolable, pero que una persona puede ser privada de ella por sentencia basada en ley anterior, con indemnización, y por causa de utilidad pública. Por lo tanto, si bien la expropiación es la excepción, y la inviolabilidad es la regla, nuestro ordenamiento constitucional consagra a la utilidad pública como un principio superior a la propiedad privada[iii].   

Es preocupante que el presidente pretenda firmar, junto con todos los gobernadores, un pacto sobre el principio de inviolabilidad de la propiedad privada omitiendo deliberadamente una parte fundamental de la correspondiente redacción constitucional. En caso de que finalmente se suscriba, un compromiso semejante no será inocuo, incluso si la doctrina jurídica se inclinara unánimemente por la supremacía del texto constitucional.

El problema planteado no es jurídico, sino político: estamos ante un intento de ignorar la Constitución Nacional en los hechos, o peor aún, de modificarla tácitamente mediante un procedimiento que la avasalla: una suerte de modificación extemporánea de los “pactos preexistentes”. La justificación de este sinsentido, llegado el momento, le será requerida al escriba de turno[2].

Cabe recordar que el primer párrafo del artículo 36 de la Constitución[iv] dice que ésta mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático, y que estos actos serán insanablemente nulos. Entendemos que suscribir el artículo 1ro del pacto de mayo según la propuesta del presidente encuadrará a todos los firmantes dentro de los alcances de este artículo.

Para completar el panorama de propuestas recientes, Cristina Fernández de Kirchner hizo público el 14 de febrero un documento titulado “Argentina en su tercera crisis de deuda. Cuadro de situación”[3], en cuyas conclusiones aparecen iniciativas comparables, en algunos temas, a las del Pacto de Mayo[v].

Existen esperables diferencias de contenido entre las propuestas de Cristina y las de Milei. Menos esperables (o no tanto) son las coincidencias parciales que tienen en muchos aspectos.

• Propiedad privada: no hay un “principio supremo” en el documento de CFK, como sí lo hay, ya comentado, en el de Milei.
• Déficit fiscal y endeudamiento público: en cuanto al tema que en cada caso se presenta como “el problema principal” (punto 2 del Pacto de Mayo y punto 1 y de las conclusiones de CFK), la discrepancia es fundamental. Para Cristina es la deuda, cosa que compartimos. Para Milei es el déficit fiscal. En otros trabajos[4] ya se ha abordado este tema y se ha demostrado que en los últimos 20 años la deuda ha sido la causa principal de a) el déficit financiero de la administración por los pagos de intereses y b) de la nueva deuda pública por el “rollover” de las amortizaciones de capital. Si bien CFK identifica el problema de la deuda como el principal, en las conclusiones de su documento no menciona la posibilidad de una suspensión de pagos de la deuda, ni siquiera como medida transitoria mientras se investiga, cosa que tampoco propone, ni mucho menos reivindicar la doctrina de la “deuda odiosa” para el caso argentino, ni alternativas imaginativas ventajosas para su renegociación.
• Límite al gasto público: Milei propone una reducción al gasto público hasta el 25% del PIB (se entiende que se refiere al gasto público consolidado de Nación, Provincias y Municipios), mientras que CFK, sin referirse expresamente a un tope, propone analizar y controlar la correcta asignación de recursos para poder corregirla, en caso de ser necesario. Una obviedad con la que nadie puede discrepar, pero que carece de contenido.
• Reforma tributaria: ambas propuestas son vagas. La de Milei sugiere más de lo que dice. Propone una reducción de la presión impositiva, la simplificación del sistema y la promoción del comercio. Eso significa que los grandes capitales paguen menos, que haya menos gravámenes al comercio exterior y que no se haga ningún esfuerzo por la equidad tributaria. Cristina también propone la simplificación, pero le añade la progresividad y la eliminación de gastos tributarios, cosa que no hizo cuando era presidenta, pese a que, en el tratamiento parlamentario de los presupuestos anuales, Claudio Lozano y otros diputados lo propusieron, prácticamente con iguales argumentos que los de su documento actual.
• Coparticipación federal: Milei propone un cambio del sistema actual, al que considera extorsivo. Cristina no propone nada al respecto.
• Explotación de los recursos provinciales: el punto 6 del Pacto de Mayo procura un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales que son de su propiedad según la Constitución Nacional. En este caso, y al servicio de los grandes intereses del capital global, Milei busca un método para intervenir en la gestión de una propiedad ajena, privatizarla o permitir su explotación por parte de intereses privados. Cabe destacar que las provincias ya lo están haciendo sin restricciones a la voracidad de los mencionados capitales. El documento de CFK no aborda este tema.
• Reforma laboral: Milei propone una “reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal”. Esa vaguedad no admite críticas, si no supiéramos cuáles son los objetivos que están detrás del término “moderna”. La propuesta de Cristina parece coincidir en algunos de los aspectos que Milei no especifica: una actualización laboral que brinde respuestas a las nuevas formas de relaciones laborales (¿más flexibles?), la revisión de las formas de contratación laboral ya incluidas en nuestro sistema legal, la actualización de los convenios colectivos de trabajo (¿no es eso objeto de negociación entre partes?). Si bien estas actualizaciones deben respetar los derechos conquistados por los trabajadores, agrega una enigmática sentencia: “el ejercicio de un derecho sin el cumplimiento de sus obligaciones correlativas no es ni más ni menos que un privilegio”. Teniendo en cuenta que el incumplimiento de las obligaciones de las partes es un tema que se dirime en los tribunales laborales, la afirmación de Cristina apunta indudablemente a cambios en la protección legal del trabajador, lo cual es preocupante viniendo de quien viene.
• Reforma previsional: Milei propone una reforma que le “dé sustentabilidad al sistema”, lo que implica que se financiaría exclusivamente con los aportes del personal y las contribuciones de los empleadores. Toda vez que eso no es factible en las condiciones vigentes del mercado de trabajo y con la esperanza de vida actual, debe complementarse con la segunda definición: “que respete a quienes aportaron y aporten”. Eso significa que serán separados del sistema aquellos que obtuvieron su beneficio acogiéndose a alguna moratoria previsional, disminuyendo drásticamente el número de beneficiarios y el gasto. Esto afectaría derechos adquiridos y generaría numerosos juicios contra el estado. La tercera definición es “que permita a quienes prefieran, suscribirse a un sistema privado de jubilación”. Un sistema que permita la opción entre la jubilación pública y la privada no está contemplado en nuestro ordenamiento constitucional. En efecto, el artículo 14 bis de la CN dice que el seguro social obligatorio “estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes”. Surge del texto constitucional que no puede haber una jubilación privada en lugar de la pública (seguro social obligatorio), ni tampoco además de la pública, ya que no puede existir superposición de aportes. La reforma podría habilitar, teniendo en cuenta que ya ha sucedido en el pasado con el fallido régimen de AFJP, que entidades privadas participen administrando recursos de un sistema público, pero en ese caso las entidades no estarían administradas (de verdad) por los interesados, lo cual nos lleva al punto cero. La propuesta de CFK no incluye este tema.
• Reforma política: Milei propone una reforma política estructural “que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados”. No se sabe realmente qué es lo que pretende con esa definición. La propuesta de CFK no incluye este tema.
• Apertura de la economía: el Pacto de Mayo incluye, como punto 10, la apertura del comercio internacional “de manera que la Argentina vuelva a ser un protagonista del mercado global”. El concepto de “protagonista” debe entenderse como que se incrementen los flujos de bienes y servicios con el exterior sin ningún tipo de protección para la producción y el trabajo locales, y sin ningún tipo de restricción para la exportación de materias primas sin valor agregado. Cristina aborda este punto con la idea de “aceptar el incentivo a las grandes inversiones” (que, a buen entendedor, se sabe que serán de capitales extranjeros y que vendrán a explotar las materias primas agrícolas, mineras y energéticas). La condición es que agreguen valor y transfieran tecnología, a diferencia de la liberación plena que propone Milei. Por otra parte, CFK va más allá al hablar de “incentivos” para capitales que no los necesitan.
• Seguridad: No encontramos en el Pacto de Mayo ninguna referencia al tema de la seguridad, cosa que sí encontramos en el documento de CFK. Cristina hace una importante concesión al enfoque punitivista del gobierno actual al proponer que “hay que abandonar el consignismo”. Coincidimos en que el debate no puede basarse en argumentos que se anulan mutuamente: “con la desigualdad social por un lado o el gatillo fácil por el otro, no puede elaborarse ningún plan de seguridad”. Sin embargo, su propuesta prioriza el enfoque sobre el instrumento represivo del estado (inteligencia criminal, policía de proximidad, conducción política de las fuerzas para evitar su autonomización, combate a la corrupción en las fuerzas como si fuera un hecho independiente del sistema político y económico). La comunidad, principal víctima del delito, está ausente.
• Salud: CFK plantea la necesidad de replantear el actual sistema público de salud, cuya descentralización (entre Nación, provincias y municipios), fragmentación (entre los subsistemas público, de obras sociales y prepagas) y mala regulación, han ido provocando su debilitamiento y, fundamentalmente, su inequidad e ineficiencia en términos de asignación de recursos. No propone nada en concreto. Milei no incluye este tema.
• Educación: CFK propone pensar cuál es la razón por la que parte de los sectores medios y medios bajos hacen un esfuerzo para enviar a sus hijos a escuelas de gestión privada para que tengan clases todos los días. Una poco sutil crítica a los sindicatos docentes, sin propuesta. Milei no incluye este tema.
• Empresas del estado: CFK propone, si bien no hizo nada al respecto cuando fue presidenta, la integración de la empresas del estado tanto por vía de la participación del capital privado como de las provincias, en el caso de que sus recursos estén afectados a la explotación económica de aquellas, como así su cotización en bolsa para agregar valor y eficiencia bajo la forma de una asociación pública y privada virtuosa. Este último tema: la transformación de las empresas públicas en sociedades anónimas es una coincidencia disimulada con la propuesta de Milei.

Por un decálogo alternativo

Luego de considerar las propuestas de Milei y de Cristina, señalando sus puntos fuertes y débiles, sus similitudes y diferencias, entendemos que sería deseable someter a la discusión pública otro decálogo, uno que realmente refleje las prioridades de la comunidad. Lo que sigue es sólo un primer borrador:

1. Organización política: El pueblo es el único soberano. No existe ningún poder por encima de la soberanía popular. El pueblo vive en comunidad, y mediante procesos democráticos de participación, representación, deliberación y decisión, se organiza política, social y económicamente. Esa organización es cambiante a lo largo del tiempo: hubo etapas de nuestra historia en las cuales no regía la soberanía popular, pero han sido definitivamente superadas, de modo tal que nuestra comunidad vive en un Estado de Derecho. El principio básico del Estado de Derecho es que todas las personas, humanas o jurídicas, independientemente de su condición económica, social, religiosa, cultural, de género, etc., están sometidas a la ley. Las leyes fundamentales de esta comunidad son la Constitución Nacional y las constituciones provinciales. La Constitución Nacional en todo el país, y las constituciones de las provincias, en sus territorios, son la cúspide de la pirámide normativa de la que se derivan las leyes, decretos y reglamentos que regulan la vida social. Esas constituciones establecen que la Nación Argentina y las provincias adoptan la forma de gobierno republicana, representativa y federal, como así también los derechos y garantías fundamentales, incluyendo los derechos políticos, económicos y sociales. Este ordenamiento normativo establece asimismo las modalidades bajo las cuales se modifica la organización política, económica y social vigente. Fuera de la ley y de la voluntad popular, no existe ninguna posibilidad de hacerlo salvo por la fuerza.
2. Organización socioeconómica: De acuerdo con la Constitución, la propiedad privada es inviolable, salvo por razones de utilidad pública, mediante sentencia fundada en ley previa y con indemnización. Además de la propiedad privada están reconocidas la propiedad estatal y la propiedad comunitaria, que se ejercen a través de diferentes formas de organización (entes públicos no estatales, sociedades civiles sin fines de lucro, cooperativas, mutuales, etc.). Existen bienes y servicios privados, bienes y servicios públicos, bienes y servicios meritorios y demeritorios, y bienes comunes como el aire, los cursos de agua, el medio ambiente, etc. La diferente naturaleza de los bienes y servicios exige diferentes formas de organización para su aprovechamiento, preservación y explotación. Los bienes y servicios satisfacen necesidades individuales y sociales. Todos los individuos tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades individuales, y la comunidad en su conjunto tiene derecho a la satisfacción de sus necesidades sociales. El derecho al disfrute de bienes y servicios se corresponde con la contribución del esfuerzo individual o colectivo para su producción. Para producir bienes y servicios se desarrollan actividades lícitas en forma individual o colectiva. De acuerdo con la naturaleza del bien o servicio producido, y de la organización productiva de la que se trate, los bienes y servicios producidos se intercambian en mercados, mediante transacciones voluntarias, o en sistemas no mercantiles de distribución, mediante decisiones democráticas de los involucrados. Si los bienes y servicios se intercambian en los mercados, éstos deben ser competitivos. Si ninguna de las dos formas mencionadas fuera posible, los bienes y servicios deben ser distribuidos por organizaciones estatales, operadas por una burocracia profesional y dirigidas por funcionarios idóneos. Las prácticas monopólicas u oligopólicas perjudican a la comunidad y deben ser limitadas. Si existe un monopolio natural o técnico como única forma de producir un bien o servicio, éste debe ser administrado por organizaciones estatales con control comunitario.
3. Organización estatal: Todas las organizaciones de la Administración Pública deben funcionar según “las tres E”: economía (satisfacer necesidades sociales), eficacia (establecer y cumplir objetivos) y eficiencia (operar con una relación razonable entre los medios aplicados y los servicios prestados). Todos los funcionarios deben rendir cuentas del modo en que aplican los recursos que la comunidad les confía. La normativa vigente ya consagra estos principios, pero la sociedad no cree en su efectivo cumplimiento. Existe un sistema de control político (el Congreso controla al ejecutivo), control técnico (los organismos de control tienen competencia para ejercer su función en todo el ámbito de la administración) y control judicial (los funcionarios públicos están sometidos a los jueces). No obstante, los resultados no han sido satisfactorios hasta la fecha, con resonantes casos de corrupción y apropiación de estructuras estatales por intereses privados o corporativos. Es necesario, en consecuencia, incorporar mecanismos de control concomitantes, a cargo de los usuarios de los servicios públicos y de la comunidad en general, con capacidad de denuncia y legitimidad para ser parte en procesos judiciales. Regulación e implementación de carreras para los empleados públicos, que garanticen la profesionalización de la función pública, la promoción por idoneidad y formación, la igualdad de derechos, el principio de igual retribución por igual trabajo sin discriminación de género o ámbito geográfico de trabajo. Regulación de la posibilidad de remover a los funcionarios políticos del poder ejecutivo por iniciativa de los usuarios y de la comunidad en general.
4. Tratamiento alternativo e integral de la deuda pública: El pago de los intereses y las amortizaciones de capital de la deuda pública hacen insostenibles los presupuestos. Los intereses son la fuente de la mayor parte de los sucesivos déficits financieros. La renovación de los vencimientos de capital son la fuente de la mayor parte de los incrementos anuales de la deuda pública. En comparación con estas dos cuestiones, el funcionamiento de la Administración origina una parte menor del déficit y del nuevo endeudamiento. Esto no es lo mismo que decir que no exista ineficiencia o despilfarro de recursos, principalmente originados en transferencias a empresas privadas, o sobreprecios de contrataciones pagados a empresas que han capturado al aparato estatal para sus intereses, en complicidad con un sistema perverso de financiamiento de los aparatos políticos de los sucesivos gobiernos. La carga de los servicios de la deuda pública no permite financiar adecuadamente los sistemas de salud pública, educación pública y previsional. En el mundo actual no es esperable tener un sistema previsional que se autofinancie, ni es posible ni eficiente entregar la salud y la educación al sector privado. Por lo tanto, los problemas de financiamiento del sistema previsional y de los sistemas de salud y de educación públicos no pueden resolverse exclusivamente dentro de esos mismos sistemas. Deben ser financiados, al menos parcialmente, por un sistema tributario progresivo. Por otra parte, la génesis y el desarrollo a modo de “bola de nieve” de la deuda pública argentina, está asociado a ilícitos que datan de la época de la dictadura militar, sus negocios armamentistas, su captura por parte de lo que se dio en llamar “la patria contratista”, y posteriormente, ya bajo gobiernos constitucionales, las renegociaciones sin investigación previa, la conversión del capital adeudado y los intereses capitalizados en títulos negociables en los mercados financieros del mundo sin solución de continuidad. Todo ello nos ha traído a la situación actual, en la cual se ha perdido toda relación entre el origen de la deuda y su monto actual. La sociedad argentina, toda su dirigencia, debe afrontar de una vez por todas, mediante un gran acuerdo, la suspensión del pago de la deuda pública hasta tanto sea investigada y depurada de la parte ilícita. Frente a la posibilidad de que algunos tenedores actuales de la deuda ilegítima lo sean de buena fe, la Argentina debe invocar, ante los tribunales internacionales y las organizaciones del sistema de las naciones unidas, la doctrina de la deuda odiosa. Sólo así se harán cargo de ella los verdaderos responsables: empresas multinacionales con filiales en nuestro país, bancos nacionales e internacionales, organizaciones multilaterales de crédito, fondos buitre, ex funcionarios del banco central, y un largo etcétera.
5. Reasignación del gasto público a las prioridades sociales: La liberación de recursos públicos originada en la depuración, desconocimiento de la parte ilegal y reprogramación a largo plazo del pago de la parte legal de la deuda pública, permitirá la reasignación del gasto a las prioridades sociales. Se propone un pacto de estado a favor de la niñez, la juventud y la tercera edad. Garantizar los servicios de la educación pública primaria, secundaria, terciaria y universitaria, con gestión a cargo de escuelas, institutos y universidades públicas, privadas, cooperativas y comunitarias, administradas con participación de la comunidad educativa (padres, alumnos, docentes), y con programas educativos unificados para todo el país. Reestructuración del sistema de salud pública, con una adecuada integración geográfica y financiera en la que tengan participación los presupuestos públicos nacional y provinciales, las obras sociales y las empresas de medicina prepaga, bajo los principios de solidaridad contributiva, cobertura universal y no discriminación en la prevención y atención. Fortalecimiento del sistema previsional por la vía del aumento de los recursos contributivos por efecto de la mejora en la actividad económica, del empleo formal y del aumento de los recursos presupuestarios por la reasignación del gasto que se dejará de destinar al servicio de la deuda.
6. Sistema tributario simplificado y progresivo: El sistema tributario debe refundarse sobre la base de tres impuestos directos y las rentas de aduana. Los impuestos directos son: a) sobre los ingresos netos de las familias, b) sobre los beneficios netos de las sociedades, y c) un impuesto real sobre los bienes personales que grave exclusivamente a las grandes riquezas. Las rentas de aduana se componen con d) los aranceles de importación y e) los derechos de exportación. Los impuestos sobre los ingresos y los beneficios netos deben ser muy progresivos, elevando las tasas más altas y los mínimos imponibles. Otros impuestos, que proporcionan una elevada recaudación con una fácil administración, tales como el IVA, los créditos y débitos bancarios, y otros indirectos, deberán subsistir, pero como anticipos a cuenta de los impuestos a los ingresos de las familias y a los beneficios de las empresas. Este diseño redundará en un fuerte incentivo para que los contribuyentes efectúen correctamente sus declaraciones juradas. Los aportes y contribuciones al sistema previsional completarán el nuevo sistema tributario. La progresividad, la simplificación, la universalidad del nuevo sistema, y una eficaz administración, mejorarán sensiblemente los ingresos públicos en comparación con la situación actual.
7. Relación Nación Provincias: Todo Estado federal implica la existencia de un territorio nacional dentro del cual están los territorios de las entidades estatales menores, y en esa superposición territorial existen facultades exclusivas del estado nacional, facultades exclusivas de los estados subnacionales, y facultades concurrentes. La constitución del 94 asignó la exclusividad de determinados recursos a las provincias, y en la actualidad esos recursos son codiciados por entidades trasnacionales con capacidad de presión muy superiores a estados provinciales, incluso a estados nacionales. Aparte de ese escenario económico conflictivo, existen numerosas cuestiones en las cuales nación y provincias tienen competencias sobre los mismos objetos materiales o sociales. Las dificultades del diseño político-territorial de nuestro país sólo se pueden resolver por la vía del diálogo y la negociación, en ámbitos que se crean y funcionan a tales efectos como los Consejos Federales y similares. En cuanto al federalismo fiscal, en el marco del sistema tributario propuesto, la discusión puede resolverse minimizando los conflictos sobre la base de indicadores objetivos de población, desarrollo económico y social, fuentes y capacidades de recaudación, prestación de servicios por parte de la administración nacional y de las administraciones provinciales en los respectivos territorios.
8. Reforma política: La única forma de recuperar la relación entre la sociedad y las organizaciones políticas es reconstruyendo su legitimidad en tanto que mediadoras entre la base social y las instituciones del Estado. Ello implica una amplia participación social, pretensión impracticable en la actualidad, y una profunda democratización de las organizaciones políticas, objetivo que no se logra mediante ninguna clase de ingeniería normativa. Proponemos construir una relación virtuosa entre la comunidad y las organizaciones políticas mediante su refundación. Refundar las organizaciones políticas de la comunidad no es volver a afiliar y a elegir autoridades de acuerdo con las formas conocidas, sino fomentar la reunión y la asociación popular, la creación de la mayor cantidad y variedad de organizaciones comunitarias, respetando sus propios criterios, metodologías, tradiciones, confiando en que al final de ese proceso quedarán establecidas, tanto las nuevas instancias de mediación con las instituciones estatales, como seguramente también una nueva institucionalidad propia del común, que tome decisiones que no dependan del estado. Ese sería el máximo nivel de organización política alcanzable. En ese proceso, las instituciones estatales y las mediaciones conocidas (la dirigencia y los partidos políticos actuales) deben aportar, con grandeza, todas sus capacidades para facilitar ese desarrollo. Eliminación de número de afiliaciones mínimas para crear una organización, eliminación de instancias electorales proscriptivas como las PASO que exigen mínimos de votos para presentarse a elecciones generales. Financiamiento transparente, procedente de personas humanas y no de personas jurídicas, campañas transparentes de recaudación de fondos. Prohibición de que una misma persona financie a más de una organización política. Procedimientos democráticos de decisión, elección de autoridades y control. Representación de las minorías.
9. Modelo industrial con sustitución de importaciones, exportaciones no tradicionales, y agregación de valor a las materias primas agrícolas, energéticas y mineras: La integración del aparato productivo argentino a las corrientes comerciales y financieras mundiales no se puede encarar a partir de la apertura del comercio exterior, sino de una discusión democrática del sistema productivo. Proponemos que el eje articulador de ese sistema sea un modelo industrial, orientado a la transformación de las materias primas disponibles, incorporándoles trabajo y tecnología local, regional y nacional. La historia nos demuestra que no existe un sólo ejemplo de desarrollo económico con bienestar social sin desarrollo industrial. Ese modelo cuyos ejes articuladores son la industria, la ciencia y el trabajo nacionales, no puede lograrse al margen de la región. Requiere la verdadera integración productiva y comercial con los países del Mercosur y de América del Sur. El sector financiero debe estar al servicio de la producción y del consumo internos. La canalización del ahorro social a la inversión real interna debe considerarse un servicio estratégico y regularse como tal: respetando la propiedad y la libre empresa, pero financiando las necesidades sociales, que no son las necesidades de un gobierno o de un conglomerado empresario trasnacional. La cuenta corriente del balance de pagos y la inversión extranjera directa en proyectos productivos proporcionan las divisas necesarias para la importación de bienes de capital y las transferencias de tecnología. Para que esas divisas no se fuguen con maniobras como subfacturación de exportaciones, sobrefacturación de importaciones, y préstamos inflados de casas matrices a subsidiarias locales, se requiere una nueva ley de entidades financieras y sistemas eficientes de control de comercio exterior, incluyendo la conformación de empresas mixtas con participación estatal al estilo de la República Popular China. Diversificación del uso de monedas para el comercio exterior para no depender de las fluctuaciones de la política de la Reserva Federal de los EUA.
10. Reglamentación y aplicación de todos los derechos constitucionales: proponemos la inmediata reglamentación, o el cambio de la reglamentación vigente por ser inadecuada, para que resulte efectivo el ejercicio de derechos constitucionales consagrados en el artículo 14 bis tales como la participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección, la organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial, la seguridad social de carácter integral e irrenunciable, la administración de las entidades prestadoras por los interesados, el acceso a una vivienda digna, y otros.

Notas

[1] Fuente: https://www.infobae.com/politica/2024/03/02/el-discurso-completo-de-javier-milei-en-la-apertura-de-sesiones-ordinarias-en-el-congreso/

[2] De hecho, el actual procurador del tesoro, Rodolfo Barra, oportunamente elaboró la argumentación para fundamentar la posibilidad, inconstitucional, de un tercer mandato presidencial consecutivo de Carlos Menem.

[3] https://drive.google.com/file/d/105VPqeekJYuciGXuxDJedUMep3UON9xQ/view

[4] https://coyunturas.com.ar/la-deuda-como-causante-del-deficit-fiscal/

^[i] Las 10 Políticas de estado del Pacto de Mayo

• La inviolabilidad de la propiedad privada;
• El equilibrio fiscal innegociable;
• La reducción del gasto público a niveles históricos en torno al 25% del PIB;
• Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, que simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio;
• Rediscutir la coparticipación Federal de impuestos y terminar para siempre con el modelo extorsivo actual;
• Un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país;
• Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal;
• Una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, que respete a quienes aportaron y aporten y permita a quienes prefieran suscribirse un sistema privado de jubilación;
• Una reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados;
• La apertura de comercio internacional de manera que la Argentina vuelva a ser un protagonista del mercado global.

[ii] Los 10 Mandamientos de acuerdo con el Catecismo de la Iglesia Católica:

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Diez_Mandamientos

• «Yo soy el Señor, tu Dios, que te ha sacado de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás escultura ni imagen alguna ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni les darás culto» (Ex 20, 2-5).
• «No tomarás en falso el nombre del Señor tu Dios» (Ex 20, 7; Dt 5, 11).
• «Recuerda el día del sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día séptimo es día de descanso para el Señor, tu Dios. No harás ningún trabajo» (Ex 20, 8-10; cf Dt 5, 12-15).
• «Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor, tu Dios, te va a dar» (Ex 20, 12).
• «No matarás» (Ex 20, 13).
• «No cometerás adulterio» (Ex 20, 14; Dt 5, 17).
• «No robarás» (Ex 20, 15; Dt 5,19).
• «No darás testimonio falso contra tu prójimo» (Ex 20, 16).
• «No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva» (Ex 20, 17).
• «No codiciarás […] nada que […] sea de tu prójimo» (Ex 20, 17). «No desearás su casa, su campo, su siervo o su sierva, su buey o su asno: nada que sea de tu prójimo» (Dt 5, 21).

[iii] Artículo 17 de la Constitución Nacional

Artículo 17.- La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Sólo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el Artículo 4º. Ningún servicio personal es exigible, sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ley. Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley. La confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal argentino. Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones, ni exigir auxilios de ninguna especie.

[iv] Artículo 36 de la Constitución Nacional

Artículo 36.- Esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Estos actos serán insanablemente nulos.

Sus autores serán pasibles de la sanción prevista en el Artículo 29, inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos y excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de penas.

Tendrán las mismas sanciones quienes, como consecuencia de estos actos, usurparen funciones previstas para las autoridades de esta Constitución o las de las provincias, los que responderán civil y penalmente de sus actos. Las acciones respectivas serán imprescriptibles.

Todos los ciudadanos tienen el derecho de resistencia contra quienes ejecutaren los actos de fuerza enunciados en este artículo.

Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos.

El Congreso sancionará una ley sobre ética pública para el ejercicio de la función.

[v] Documento de Cristina Fernández de Kirchner. Argentina en su tercera crisis de deuda. Cuadro de situación.

CONCLUSIONES

1. Tal cual lo hemos desarrollado y comprobado en este documento de trabajo, Argentina está atravesando la tercera crisis de deuda incubada en el gobierno de Mauricio Macri por el brutal endeudamiento contraído con fondos de inversión, agravado por el retorno del FMI a nuestro país con un préstamo de volumen y condiciones inédito y escandaloso. Es necesario señalar que este proceso no ha alcanzado aún su clímax. De la experiencia histórica analizada en este documento, surge claramente que dichos procesos se desarrollan durante años para finalmente desencadenar en una crisis con derivaciones que ya hemos conocido en 1989 y en 2001, pero que nunca son iguales por el contexto histórico, político e institucional. Va de suyo que las medidas adoptadas por el gobierno que se inició el 10 de diciembre de 2023, lejos de evitarlo podrían acelerar este proceso.
2. El presente documento de trabajo no pretende desconocer la legitimidad de la que está investido el presidente Javier Milei en virtud del 56% de los votos obtenidos en el balotaje. Pero esto exige algunas precisiones.
3. Es cierto que Milei obtuvo el 56% de los votos en el balotaje que definía quién sería el Presidente de la República, pero en la elección general que se vota la representación parlamentaria, sólo obtuvo el mismo tercio de votos que había logrado en las PASO. Se conformó de esa manera un Poder Legislativo fragmentado donde el peronismo es la primera minoría en ambas cámaras. La legitimidad de origen que da el voto popular no debe hacerle perder de vista al actual mandatario la legitimidad de ejercicio en la gestión de gobierno, que sólo podrá ser lograda a partir de mejorar la calidad de vida de los argentinos. En este sentido, cabe recordar que otras fuerzas políticas, en distintas etapas, que obtuvieron fuerza propia que los insuflaron de aires fundacionales no pudieron terminar sus mandatos cuando no lograron darle a la sociedad la calidad de vida que los argentinos demandan.
4. Todas las medidas adoptadas hasta el momento son repeticiones de políticas ya ejecutadas en el pasado, inclusive algunas de ellas aplicadas con el Parlamento cerrado por la dictadura. Todas fracasaron estrepitosamente provocando sólo pobreza y dolor. En el mismo sentido, la presencia de funcionarios que también fracasaron durante la presidencia de Mauricio Macri, en áreas de vital importancia, ponen en contradicción un principio básico por el cual Javier Milei logró el apoyo de la sociedad ante la lógica implacable de que con los mismos de siempre los resultados no pueden ser distintos. Entonces, ¿cuál es la lógica de repetir como Ministro de Economía a Luis Caputo? ¿Por qué ahora va a hacer bien las cosas si, en su momento, lo tuvieron que echar por haber fracasado? En este sentido el presidente Javier Milei debería analizar seriamente que quienes fueron los amplios derrotados en los últimos comicios presidenciales intentarán condicionarlo desembarcando en las principales áreas de gobierno e incluso tomar el control político y desplazarlo del manejo del Poder Ejecutivo si lo consideran necesario.

Reciclar funcionarios fracasados para reeditar políticas fracasadas, sólo puede conducir a malos resultados. Cuando estaba finalizando este documento surgieron declaraciones del Presidente en relación a una nueva alianza de gobierno con la incorporación orgánica del macrismo en el ámbito legislativo y ejecutivo, confirmando lo expresado en la primera parte de este párrafo. Cualquier periodista utilizaría la calificación de “noticia en desarrollo”. Nunca se debe perder el sentido del humor, aún en los momentos más difíciles. De confirmarse la noticia estaríamos en presencia de la cuarta coalición de gobierno por la fusión de Macri y Milei.

5. Estamos de acuerdo en que la Argentina debe revisar la eficiencia del Estado, y que no basta con la consigna del “Estado presente” para resolver los problemas del país, que son demasiados. Se debe analizar y controlar la correcta asignación de recursos para poder corregirla, en caso de ser necesario.
6. Sin embargo, no compartimos su diagnóstico en cuanto a que el déficit fiscal es la única razón de la inflación y de la crisis argentina. Como desarrollamos en el presente documento, la escasez de dólares es la que tensiona la economía y dispara la inflación. Pruebas el canto, además del análisis de los hechos en nuestro país, una vez más traemos a colación la publicación de The Economist en relación a los principales indicadores económicos de 43 países, entre los que se encuentra la Argentina junto a los más desarrollados de todas las regiones del mundo. Como ya dijimos, de esos 43 países sólo 3 tienen superávit fiscal, sin embargo, 23 tienen superávit en la cuenta corriente. Además, de los 43 países, 33 tienen tasa de interés de referencia de un solo dígito, sólo 4 países la tienen fijada en dos dígitos y Argentina es uno de los 3 países sin datos. Igualmente todos sabemos que tenemos una tasa de interés de referencia de 3 dígitos. La tasa de interés es uno de los cuatro precios fundamentales de la economía, que según se acomode en relación al dólar permite el carry trade, licuar ahorros y pasivos o definir el patrón de acumulación, entre otras tantas cosas.
7. Por eso el endeudamiento desmedido en dólares es veneno para nuestra economía bi-monetaria. Y en el caso del préstamo del FMI es más grave aún; no sólo por el volumen en dólares inédito que significó sino por el condicionamiento permanente que implica para la política económica del país. Por eso no estamos de acuerdo con la derogación de la Ley de Sostenibilidad de Deuda que establece que el endeudamiento de la Argentina en moneda extranjera, bajo ley extranjera y con prórroga de jurisdicción requiere autorización del Congreso de la Nación, ni con la modificación de la Ley de Administración Financiera del Estado en cuanto establece que en el caso de reestructuración de deudas se debe mejorar monto, plazo y/o intereses. No deja de resultar contradictorio y muy sorprendente que quien quiere cerrar el Banco Central para que los “políticos ladrones” no emitan más pesos porque cree que la única causa de la inflación es la emisión de pesos para hacer frente al déficit fiscal -o sea a la deuda en pesos del Estado- al mismo tiempo pretenda eliminar todas las restricciones que tiene el Estado para emitir deuda pública pero… ¡en dólares!, y para eso lo convoca como Ministro de Economía al endeudador serial de Macri que trajo nuevamente al FMI, Luis Caputo.
8. Sí nos parece fundamental discutir un sistema tributario simplificado con pocos impuestos en cantidad -para ordenar y facilitar la vida, en especial de las PyMES que por lo general llevan una contabilidad muy doméstica y son las principales generadoras de trabajo en la Argentina- pero muy estricto en su cumplimiento con normas que aumenten la percepción de riesgo por elusión y evasión. Debe tratarse de un sistema progresivo que no solo contemple los flujos, sino también el stock y revise los gastos tributarios que expresan excepciones, exenciones y alícuotas quebradas a distintos grupos y sectores de la economía. Otra noticia en desarrollo que prueba el escándalo de la evasión y la elusión, en esta oportunidad, a través de la emblemática cerealera Vicentin llevada a cabo por Diaz y Forti SA, que operaba las plantas en 2020/21: Exportó durante un año sin liquidar las divisas, que ingresaban por vía paralela, evadió 700 millones de dólares, pero solo pagará una multa de 2 millones de dólares. Argentina nunca deja de sorprender.
9. Por su parte, sostenemos la necesidad de replantear el actual sistema público de salud, cuya descentralización (entre Nación, provincias y municipios), fragmentación (entre los subsistemas público, de obras sociales y prepagas) y mala regulación, han ido provocando su debilitamiento y, fundamentalmente, su inequidad e ineficiencia en términos de asignación de recursos. Todo ello en un país que tiene uno de los mayores niveles de inversión en salud de toda Latinoamérica. A ello se le agrega que la expansión del complejo médico-industrial (nuevos medicamentos, nueva tecnología, nuevas enfermedades y nuevas prácticas), sin una revisión del sistema, se torna imposible de financiar. Mientras tanto, los “tiempos de acceso” (esperas por turnos, trabas burocráticas, autorizaciones, etc.) se alargan cada vez más tanto en hospitales y salitas como en el sector privado también, condenando al pueblo a una peregrinación sanitaria indigna y a los profesionales de la salud a una tensión que quiebra la relación médico-paciente.

10.Resulta ineludible discutir seriamente un plan de actualización laboral que brinde respuestas a las nuevas formas de relaciones laborales surgidas a la luz de los avances tecnológicos y de una pandemia que trastocó todos y cada uno de los ámbitos de la vida de las personas. Teletrabajo y plataformas digitales, que intermedian entre oferta y demanda, son algunas de las modalidades que se deben amparar normativamente. Sin embargo, las formas de contratación laboral ya incluidas en nuestro sistema legal también deben ser revisadas, mediante la actualización de los convenios colectivos de trabajo -muchos de los cuales datan de décadas atrás- teniendo en cuenta las nuevas realidades antes mencionadas. Estas actualizaciones deben respetar los derechos conquistados por los trabajadores, pero también deben realizarse bajo el concepto de que una vez consagrados, los derechos acarrean obligaciones que deben cumplirse. De lo contrario, el ejercicio de un derecho sin el cumplimiento de sus obligaciones correlativas, no es mas ni menos que un privilegio.11.También creemos que levantar la escuela pública de la que somos hijos significa pensar cuál es la razón entonces por la que parte de los sectores medios y medios bajos hacen un esfuerzo para enviar a sus hijos a escuelas de gestión privada para que tengan clases todos los días.12.También queremos discutir la integración de la empresas del estado tanto por vía de la participación del capital privado como de las provincias, en el caso de que sus recursos estén afectados a la explotación económica de aquellas, como así su cotización en bolsa para agregar valor y eficiencia bajo la forma de una asociación pública y privada virtuosa.13.Estamos dispuestos a discutir un régimen de incentivo a las grandes inversiones pero que agreguen valor y transfieran tecnología. Lo contrario sería reprimarizar nuestra economía y condenarnos al extractivismo.14.En materia de seguridad debemos abandonar el consignismo. Con la desigualdad social por un lado o el gatillo fácil por el otro, no puede elaborarse ningún plan de seguridad. Que no nos vengan a correr los que durante la gestión de Macri designaron a cargo de la escuela de inteligencia del Ministerio de Seguridad a una Miss Argentina. Se debe desarrollar más inteligencia para desarmar la criminalidad organizada y policía de proximidad para la prevención. En este sentido, la video vigilancia puede ser un método eficaz en el marco de las nuevas tecnologías (drones de vigilancia, cámaras operadas con inteligencia artificial, anillos de seguridad, entre otros). Existen experiencias provinciales y municipales para tomar como referencia. Un plan de seguridad exige una conducción política que apunte a la transparencia y combata la corrupción de las fuerzas de seguridad, al tiempo que también evite la autonomización de las mismas.