“Hoy empieza nuestra segunda oportunidad”. La Colombia de Petro y Márquez…

Por JUAN DAVID AVENDAÑO AMAYA  (Miembro del Espacio de Narración y Memoria Contarnos Colombia, docente en la Universidad Nacional de la Matanza).

Para pensar en el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez al año de iniciado, es importante comprender que se trata de un proyecto integral que está articulado en torno a un principio: devolver la dignidad a la población. Y devolver la dignidad al pueblo solo es posible eliminando todas las formas de violencia.

Por eso es necesario que retomemos la expresión “Paz Total”, que puede parecer difusa, pero adquiere algo más de sentido si intentamos comprender que, para el gobierno Petro-Márquez, la “Paz Total” no se reduce al fin de la lucha armada. Consiste en la eliminación de la desigualdad, en la construcción de la segunda oportunidad de los pueblos macondianos que estuvieron condenados al olvido por siglos. Por lo tanto, lo que nos interesa es hacer un balance en esa dirección, en materia de avances y en materia de sostenibilidad del proyecto.

El diagnóstico es que en Colombia se ha establecido una institucionalidad que facilita, promueve y premia la improductividad de sectores privilegiados con mentalidad feudal, y ese se ha convertido en el principal escollo para el desarrollo y la distribución de las riquezas. Por lo tanto, lo que plantea el Gobierno es que sólo a través del trabajo, de su ampliación y formalización, las personas pueden desarrollar su proyecto de vida y acceder a condiciones de vida digna. Siguiendo esta línea de ideas, sólo haciendo partícipe a la población de los procesos de producción de valor (tanto en el esfuerzo laboral como en los beneficios que genera), pueden satisfacerse las necesidades sociales generadoras de la violencia y sólo así podemos arrebatarle los jóvenes a los promotores de la guerra. Solamente si se reemplaza la economía de la ilegalidad por la economía del crecimiento y la inclusión nacional, gestionada por el Estado, es posible lograr la “Paz Total”.

Este conjunto de ideas vendrían siendo simplemente un resumen de los presupuestos que maneja el Gobierno. Ahora bien, hacerle seguimiento a cada uno de los factores que limitan su realización, y por lo tanto son considerados frentes de acción, es difícil y excede los límites de este análisis. En cada uno de los territorios afectados por el abandono centenar del Estado, hacen falta carreteras, puentes, centros de acopio, colegios, hospitales, infraestructura en servicios públicos, universidades, notarías, entidades de gestión agraria, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, por el momento podemos destacar algunos hitos que permiten visualizar la concreción de sus bases materiales.

En primer lugar, el gobierno se ha destacado por el desempeño de la economía: creación de más de un millón de empleos (en su mayoría formales), excelente desempeño fiscal enfocado en implementar impuestos a las grandes fortunas, es el segundo país con mayor revaluación de la moneda, y ha aumentado sustancialmente la inversión en salud, educación y carreteras para conectar los sectores excluidos de los circuitos comerciales.

Así mismo, en materia de reforma agraria, ya es el gobierno que más tierras fértiles a campesinos ha entregado en este siglo. El aparato para la implementación de la reforma agraria se robusteció, articulando diversos proyectos entre los cuales se encuentran los procesos de la Sociedad de Activos Especiales para entregar las tierras incautadas a mafiosos a las comunidades afectadas, el reconocimiento formal de las Zonas de Reservas Campesinas a las organizaciones peticionantes, la formalización de las zonas de reincorporación de los firmantes de paz desmovilizados para que puedan reconstruir su vida en torno a la economía campesina, y la compra de tierras improductivas para favorecer a las víctimas del conflicto.

 Adicionalmente, los logros legislativos, que empezaron con la aprobación de la reforma tributaria, primer puntapié para generar una transferencia de riquezas del poder concentrado a la población excluida, han tocado áreas diversas a pesar de las trampas y “jugaditas” de los partidos tradicionales. Estos avances abarcan desde la consolidación de marcos legales para la protección de los recursos naturales, pasando por la protección animal con la prohibición del uso de animales para la represión, hasta la transformación del horizonte político con el reconocimiento de los derechos del campesinado como sujeto político, la aprobación del Ministerio de la Igualdad y del Plan Nacional de Desarrollo.

Participación ciudadana como eje del cambio

Pero la primera respuesta otorgada por el gobierno, que ha mantenido a lo largo de todo el año, es articular todo el proyecto en torno a una política de participación ampliada y con diferentes frentes de acción. Por eso el gobierno Petro-Márquez inaugura su gestión anunciando los 50 diálogos regionales, encabezados por funcionarios de alto nivel y con una duración de tres días cada uno. Estos encuentros serían la piedra angular para el Plan Nacional de Desarrollo, aprobado en mayo del presente año.

Pero esos 50 diálogos regionales no han sido el único mecanismo de participación directa que ha fomentado el Gobierno Nacional. Recientemente, entre junio y septiembre, como resultado de los diálogos con el ELN se consolidó un nuevo proceso de participación directa: El Comité Nacional de Participación, integrado por más de 3.000 delegados. Tomando lecciones del proceso anterior, los equipos negociadores han aplicado la tesis de entregar el poder de decisión a las comunidades marginalizadas. Al día de hoy los protocolos para tal efecto fueron concertados y firmados, así como la distribución de las mesas de negociación en seis regiones de paz, y los delegados de la población civil fueron suscriptos al proceso.

Hay un tercer elemento de la dinámica de participación para planificar, ejecutar y ajustar la política pública: una agenda orientada a la presencia constante en los departamentos con protocolos de diálogo y espacios de encuentro con procesos sociales diversos. Es un gobierno que en algunos momentos llega a visitar hasta 4 departamentos por día y que genera constantemente instancias especiales de diálogo. En algunas etapas han intentado generar la dinámica de una visita semanal a un territorio históricamente abandonado, bajo el emblema “Gobierno Escucha”, para tener un diálogo ampliado con la población de esa zona, como ocurrió con San Andrés, Quinchía (Risaralda), Ciénaga de Oro (Córdoba), Sevilla (Valle del Cauca), Soacha (Cundinamarca) y Paz de Río (Boyacá), entre otros. La comitiva que acompaña al Presidente en estos casos está compuesta siempre por varios ministros y ministras, y por el equipo de Colombia Hoy Radio, programa creado por la presidencia para divulgar las acciones de Gobierno y divulgar las propuestas y avances de los diferentes ministerios, que en estos eventos asume la función de abrir los micrófonos a líderes, lideresas, artistas y gestores de paz de los territorios visitados.

Un caso destacado fue el viaje al departamento de la Guajira, afectado por el mayor índice de mortandad infantil, límites estructurales para el acceso agua potable, ausencia de escuelas y universidades y una crisis de hambruna sostenida por varias décadas. El dispositivo armado para afrontar la situación fue más radical, debido a la gravedad de la situación en el departamento: movilización de la totalidad del Gabinete durante una semana, un paquete de decretos de emergencia para generar soluciones inmediatas y a largo plazo, la construcción de colegios, universidades y hospitales (con presupuesto ya aprobado en el congreso), concreción de acuerdos para el desarrollo de energías limpias basadas en el viento y el sol con inversión pública, soberanía de las comunidades, gestión popular-privada y acuerdos para la transferencia de saberes y tecnología a las comunidades soberanas. Esta última iniciativa, sin embargo, seguramente será un escenario de lucha abierta a largo plazo, que además requiere la refrendación jurídica en el congreso, puesto que es necesario consolidar un marco constitucional que dictamine que los recursos energéticos son propiedad de las comunidades que habitan el territorio explotado.

Un último aspecto a destacar en materia de participación es el protagonismo de Francia Márquez como gestora de paz, inclusión social y cultura. Desarrollar los detalles que la gestión de Vicepresidencia merece un análisis aparte pero mencionaremos tres aspectos en los cuales se ha destacado: 1. Ha fungido como promotora de iniciativas culturales asentadas en la cultura ancestral de las comunidades indígenas y afrodescendientes, 2. Ha promovido la ampliación de espacios de participación permanentes, y 3. Ha avanzado en la construcción del Ministerio de la Igualdad que centralizará los esfuerzos institucionales para la implementación local y sectorial de los programas de gobierno orientados a eliminar la desigualdad estructural.

Los retos: acoso mediático, continuidad del conflicto y enquistamiento burocrático.

Ninguno de los tres factores es una sorpresa. Los dispositivos de lawfare, que articulan a los medios de comunicación privados, propiedad de los mega-empresarios beneficiados por el modelo y sectores poderosos de la rama judicial, es un procedimiento que las oligarquías regionales han utilizado en toda la región para bombardear, debilitar y expulsar del Estado las iniciativas democráticas. La inercia de un Estado estructurado para ocultar la verdad, saquear la economía y aislar a las mayorías no se transforma en un año. Y el arraigo de la violencia dispersa y con múltiples actores no se reduce por efecto de la voluntad de cambio.

En el plano mediático, las críticas han sido tan absurdas como constantes. El principal vector para la gestión del enojo ha sido la “impuntualidad”. Desde las primeras semanas de gobierno, se empezó a enfatizar el disgusto de “los asistentes” a algunos eventos a los cuales el gobernante llegó tarde. Por supuesto que estas noticias nunca estuvieron balanceadas con relatos (y datos de los resultados) de los múltiples encuentros, viajes, reuniones de gabinete, espacios de negociación en los que participa a diario el Presidente.

Pero como una operación mediática no puede ser tan básica por un principio sencillo de credibilidad, recientemente le dieron tres giros de telenovela: Petro es alcohólico, Petro es drogadicto, Petro no cuenta con las capacidades mentales, y por eso llega siempre tarde. Esta ha sido la operación protagónica, pero por supuesto no la única: 1. tiene problemas de carácter por eso no dialoga con nadie, 2. dialoga con todos por lo cual es sospechoso, 3. No comunica sus avances, 4. abusa de twitter para comunicarse, 5. no gobierna sólo twittea, 6. incluye en su gabinete a los partidos tradicionales, así que debe ser más de lo mismo, 7. rompe acuerdo con partidos tradicionales porque no sabe negociar, 8. seguramente va a obstruir la justicia para defender a su hijo, 9. es un mal padre por no obstruir la justicia para defender a su hijo ¿cómo confiar en él si traiciona a su propio hijo.

Por otro lado, la inercia institucional es uno de los mayores límites del Gobierno. Cada uno de los proyectos requiere que múltiples agentes del Estado realicen variadas tareas orientadas a la consecución de los recursos y la implementación efectiva en cada una de sus etapas, no sólo en el área ejecutiva, sino en las ramas judiciales y legislativas. La evidencia más notoria de estos condicionamientos, son las negativas del Fiscal Barbosa (excompañero de Universidad y amigo del expresidente uribista Iván Duque), a brindar informes de las investigaciones realizadas a grupos al margen de la ley para avanzar con la negociación o sometimiento (según corresponda). Pero este problema incluye a cada funcionario de carrera ideologizado cuya intervención directa es requerida para que las cosas pasen.

Por último, la continuidad del conflicto es en realidad el factor más preocupante. Más allá de la negociación con el ELN y las disidencias de las FARC, la violencia armada es una criatura con múltiples cabezas en Colombia: los carteles narcotraficantes de Colombia, México y Venezuela, el reagrupamiento de grupos paramilitares y las bandas criminales de alcance municipal fortalecieron su control territorial durante el Gobierno de Iván Duque, motivo por el cual el cese de hostilidades con el ELN y las disidencias no es suficiente. Las extorsiones, los secuestros, los atentados contra líderes sociales y candidatos locales simpatizantes del gobierno continúan siendo el pan de cada día. Adicionalmente, en los últimos días circuló una carta que habría sido firmada por Fedegan, institución agraria asociada a la creación de grupos paramilitares, en la cual invita a los sectores rurales a rearmarse para “proteger la propiedad privada”. Pero no es tan sólo un escándalo comunicacional. Las acciones de hostilidad contra las instituciones orientadas a gestionar la reforma agraria ya empezaron a acentuarse. En la madrugada de este domingo 10 de septiembre amanecieron destruidas las instalaciones del Banco Agrario en el Municipio de Jambaló, Cauca. Según la denuncia presentada por la congresista indígena del Cauca, Aida Quilcué, la población también fue hostigada con armas de fuego durante la madrugada.

En definitiva, la violencia política armada continúa siendo el mayor límite para el desarrollo de la Paz Total y la dignificación de los pueblos de Colombia. La mayor incertidumbre a la que se enfrenta el Gobierno y el pueblo colombiano está asociada al tiempo que pueda tomar erradicar la violencia armada como práctica política y como forma de enriquecimiento.

Procesos electorales 2023 y ampliación de los frentes de transformación

Este año se escogen gobernadores(as), diputados(as) de asambleas departamentales, alcaldes(as), concejeros(as) municipales, y ediles. Como el proyecto nacional de eliminar la desigualdad tiene un enfoque territorial se trata de asegurar que todos los territorios del país que han sido postergados tengan instituciones judiciales, médicas, educativas, acceso a servicios públicos y comunicación con el resto del país, los gobernantes locales tienen una función vital. Es su responsabilidad facilitar los procesos y brindar viabilidad, tanto en las instancias de diálogo como en las instancias de implementación. Por eso es fundamental obtener resultados contundentes en este proceso electoral.

Por fortuna, el fervor del 2022 continúa activo en todas las regiones, y los congresistas del Pacto Histórico, la coalición de gobierno, han ocupado un rol protagónico en la gestión y consolidación de las listas locales. En especial en departamentos como la Guajira, Nariño y el Cauca que cuentan con referentes como Martha Epieyú, Aida Quilcué, Juan Pablo Salazar, Roberto Daza y Jorge Bastidas, que tienen un vínculo estrecho con las redes de solidaridad y resistencia de sus departamentos de origen. El despliegue de estos y muchos otros congresistas haciendo presencia principalmente en sus territorios ha servido de enclave para reconocer los liderazgos históricos en todos estos y concertar candidaturas convocantes. Tener unas elecciones nacionales cuando los elementos del conflicto continúan activos, representa un riesgo para los candidatos y candidatas del campo popular, que en muchos reciben amenazas de muerte y atentados, pero la conciencia de un pueblo comprometido con la transformación se hace evidente en las movilizaciones masivas en apoyo a los candidatos en todo el país. Estará por verse hasta dónde llega la movilización social y hasta qué punto el pueblo logra apropiarse de las causas y los procesos para asegurar la viabilidad del proyecto de cambio.