La disputa del salario
Por ANA RAMERI y CLAUDIO LOZANO
El programa económico del gobierno de Milei no necesita de la Ley Ómnibus y prescindiría también del DNU para alcanzar el principal objetivo que consiste en conformar primero, para luego consolidar con el proyecto dolarizador, un nuevo escalón más agravado de la desigualdad. Basta con la botonera, siempre disponible para las administraciones de gobierno, para reconfigurar por completo los precios relativos de la economía, esto es, el valor de mercado que se le reconoce a la función de cada actor y sector de la sociedad. Poco queda de la teoría de los precios y su pretensión de cientificismo cuando el mercado toma la forma de una sala de reunión en un palacio de Estado en el que sólo ingresa la parte glotona de la relación comercial (más de las veces, relación social devenida en comercial).
En los primeros dos meses de gobierno quedó en evidencia la inexistencia de un blindaje institucional que impida que en poco tiempo se pueda poner en peligro de vida a grandes sectores de la población. La capacidad de daño que estamos asistiendo por parte la política de económica, no sólo es la medida de la perversidad de quien ocupa hoy la autoridad pública, sino que también es la vara de la vulnerabilidad de los acuerdos, mediaciones e instituciones que la democracia conformó durante los últimos 40 años de vida en democracia.
Luego de la devaluación de más del 100% en diciembre, la espiralización inflacionaria completaría en marzo el traspaso total a los precios. Pero esa indexación de precios casi automática, que en los términos del libertarismo vernáculo, simboliza una liberalización de los valores de mercado tiene en su reverso una completa represión, la contención salarial que devela una liberalización selectiva y el verdadero objetivo del programa de gobierno de trastocar los precios relativos para defender las relaciones de poder a favor de los propietarios de todas las formas del capital. Relaciones de poder que, por otra parte y quizá sea lo más curioso de este tiempo, hace mucho tiempo que no están en peligro de ser modificadas.
La ofensiva contra el trabajo tiene varios capítulos en la historia económica reciente y quizá lo distintivo en esta oportunidad sea su velocidad. El gobierno de Milei, al menos en este aspecto, no es una novedad, sino que se inscribe en una genealogía de programas de ajuste estructural, privatizaciones y reformas del Estado. El momento fundacional, el dictatorial, se cobró el 17,8% del salario del obrero industrial gracias a la licuación experimentada por el Rodrigazo. Antes de la nueva avanzada neoliberal de los ´90, el período alfonsinista y la hiperinflación desatada a partir de febrero 1989, cuya génesis nada tuvo que ver ni con el déficit fiscal ni la emisión monetaria, sino con comportamientos especulativos del bloque de poder local e internacional en torno al dólar para conducir al gobierno a una situación de estrangulamiento externo, también derivó en un deterioro considerable de los ingresos laborales.
La década de los ´90 y la solución monetarista para la alta inflación, sin embargo, no trajo una solución para el poder adquisitivo de los salarios, en todo caso cristalizó los niveles mínimos establecidos en 1991. La salida devaluadora del 2002 sí concluyó la etapa con un colapso de salarial que en toda la década significó haber rebanado el salario industrial en un 22%. La tercera vez que la conducción del Estado encabeza un programa deliberado de ajuste fueron los cuatro años macristas y le valió al conjunto de los salarios (incluyendo los no registrados y al sector público) una pérdida del 25%.
Nuestro presente parece catalizar este ciclo histórico, pero en pocas semanas, teniendo en cuenta que en los primeros 20 días de gobierno, el “Caputazo”, catapultó los precios y deprimió a los salarios en -13,2%, perjudicando aún más a la mitad de la fuerza de trabajo que está en situación de informalidad laboral (caída del 14,2%) y a quienes desempeñan funciones laborales en el ámbito que Milei denomina “la casta”: los/as trabajadores/as estatales perdieron en menos de un mes el 16%.
Es evidente que el instrumento ya clásico de la devaluación sumado al disciplinamiento por la amenaza del desempleo son suficientes para que los programas de este tipo puedan alcanzar rápidamente sus metas. Secuela del capítulo oscuro de nuestra historia, el terrorismo económico, nunca ha dejado de asechar, lo que nos lleva a una pregunta bastante intuitiva: ¿por qué hasta el día de hoy no hay representación del Trabajo -en el sentido más amplio posible- en el directorio del Banco Central de la República Argentina? Máxime en un país cuya experiencia parece indicar el hecho de que, más que la devaluación afecte al salario (obvio y evidente), es a través de la política cambiaria como se establece el valor del salario, al menos en las condiciones actuales.
En definitiva, el ajuste del salario equivale a una transferencia brutal de ingresos del trabajo al capital concentrado, que considerando las referencias de precios que en los últimos dos meses aumentaron por encima del promedio general, equivale a una ampliación de los márgenes de ganancia del oligopolio petrolero, del sector minero, el agronegocio, los laboratorios, supermercados y las grandes productoras de la industria alimenticia. Y, claramente, los acreedores de la deuda pública representan el bloque que extrae ventajas del feroz ajuste fiscal que en enero de este año evidenció un recorte real del gasto público primario de más del 30% interanual (los intereses de deuda crecieron en este mismo período un 140% real).
El empobrecimiento, en alcance y en profundidad, es evidente, aunque a nadie se le escapa que la situación era grave con anterioridad a esta nueva política de rapiña. Veamos un poco los números oficiales para comprender el punto de partida. Hace pocos días el INDEC publicó la última base de ingresos del tercer trimestre del año pasado, es decir, en el contexto de las P.A.S.O., cuando asomó el volumen electoral de Milei y Massa concedía una devaluación al FMI del 22% para luego otorgar unas cuantas compensaciones a los salarios y jubilaciones, pero bastante poco a los amplios sectores naturalizadamente excluidos. Así, la pobreza quedó clavada en torno al 41% pero la indigencia no paró de crecer y escaló del 7,8% al 11,5%.
¿Podía empeorar? Sí y paradójicamente, incluso con cierta legitimidad social porque al malestar general que no encontraba respuesta ni solución, se le ofreció una explicación y una salida: el problema se lo ubicó en la emisión monetaria y la solución fue la motosierra y el ajuste por todas las vías que existan. Engaño, claro, que omite que en esta reconfiguración económica no se sabe precisar tasas positivas de crecimiento económico, por el contrario, se avizora un tiempo prolongado de estanflación (con una fuerte depresión de la economía que se estima entre el 3% y 5% para el año corriente) porque la salida exportadora es la elegida y, de llegar un plan de estabilización, éste consolidará un salario en dólares similar al de la salida de la Convertibilidad.
Efectivamente, el mes de enero fue testigo de la caída del consumo, especialmente del masivo, que como tal es reflejo del poder de compra de los sectores medios y populares. Según la CAME, las ventas minoristas cayeron 28,5% interanual y la estimación de las ventas de los supermercados fue del -11%. La recaudación de IVA, en su calidad de impuesto a los bienes y servicios al consumidor final, también cayó en términos reales un 15,4%. Y la recaudación de aportes a la seguridad social, el descuento legal al salario que realizan los/as trabajadores/as registrados al sistema de seguridad, cayó en un -25,5% reflejando el colapso salarial. Considerando este panorama y la magnitud de la regresión de los gastos de los hogares que reflejan los datos anteriores, es posible estimar sobre la base de la relación que en los últimos tres años se verificó entre la tasa de pobreza y los ajustes del poder adquisitivo, que la incidencia de la pobreza se ha expandido considerablemente en los últimos dos meses. De esta manera, al mes de enero el escenario más moderado indica que como mínimo la tasa de pobreza se ubicaría en el 49% y en el más agravado, en un 62% pero en conjunto, considerando los valores intermedios, el porcentaje de personas con ingresos que insuficientes para acceder a una canasta básica sería del 56%.
Tomando los valores promedio, lo que surge es que de aquel 41% oficial alcanzado en las PASO 2023, el comienzo del nuevo programa de ajuste estructural hizo saltar este indicador al 48% en diciembre del año pasado para ubicarlo cercano al 56% en enero 2024, según estimaciones propias (IPyPP). Esto implica que en tan sólo 50 días Milei logró lo que a Macri le llevó cuatro años en términos de aumento de la pobreza.
El horizonte está lejos de ser alentador. Las instancias de recomposición colectiva de los salarios vienen siendo despreciadas a la luz de las decisiones reciente del gobierno. Quedó en evidencia ante el rechazo de convocar a la Paritaria Nacional Docente, la retención del envío de fondos del FONID y el fracaso en la negociación del salario mínimo en el Consejo Salarial. Hace tiempo, desde nuestros espacios, venimos diciendo que esas instancias y otras, se presentaban insuficientes para dar respuesta al heterogéneo y fragmentado conjunto de la fuerza de trabajo. Pero lamentablemente el rumbo del oficialismo fue en sentido inverso a la idea de reactualizar ampliando las instituciones en el marco de las nuevas relaciones de trabajo en la contemporaneidad. El centro del ataque es, efectivamente, a la organización de quienes viven de su trabajo (sindicatos, obras sociales, movimientos sociales, etc); minar los espacios de dialogo porque tienen claro que la colectivización de los intereses de muchos que en la relación de poder suelen ser la parte débil, puede sumar fuerza de disputa y resistencia.
