¿Política social o timbear con el dinero de los pobres?

Por CLAUDIO LOZANO (economista y presidente de UP), NOEMI GIOSA ZUAZUA (economista, docente e investigadora, IPyPP, IEF CTA A) y ANA RAMERI (economista e investigadora del IPyPP, IEF CTA A)

El Gobierno Nacional, basado en una resolución de Macri de comienzos del 2019 (Res. 39/2019 ANSES), habilitó a los programas AUH, AUE, Progresar, Asignaciones Familiares y Programa Hogar el cobro a través de Mercado Pago. Una decisión que puede llegar a extenderse, según lo dispuesto en el DNU 70/2023, al cobro de los salarios y jubilaciones aunque todavía está pendiente la operativización por el BCRA. En el presente artículo indagamos qué significa que Mercado Pago, la principal billetera virtual del país, tenga la opción de gestionar la plata de los titulares de los principales programas sociales.

No hubo un anuncio oficial que acercara explicaciones sobre esta nueva opción sino una andanada de posteos en la red X, falsos y mal intencionados, del principal beneficiado de la disposición oficial, el CEO de Mercado Libre, y de funcionarios de alto rango como Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados.

Sería insensato negar ciertas ventajas y algunas facilidades operativas de la digitalización que suministra Mercado Pago o cualquier billetera virtual, incluyendo la posibilidad de acceder a cuentas remuneradas que, a diferencia de las cajas de ahorro bancarias, proporciona un interés sobre el saldo disponible compensando parte de la desvalorización provocada por la inflación.

Ahora bien, también emergen consecuencias vinculadas a la incorporación de un intermediario financiero en la cadena de actores involucrados en los programas de transferencia de ingresos que, en ausencia de un marco de regulación asertivo, puede trastocar la configuración actual de la política social. Está claro, sin embargo, que la intromisión de una de las empresas más importantes del país sin resistencia aparente, tiene de trasfondo múltiples vacancias del Estado en materia de protección social. Sin embargo, la mercantilización de las instancias de asistencia esta muy lejos de ser la solución que se precisa. Veamos a grandes rasgos algunas implicancias, para luego explicarlas más detalladamente ¿Qué significa esta novedad?

• La emergencia de un intermediario monopólico y millonario en la política social
• Multiplicación de los negocios para la Fintech de Galperín:
• Más dinero para invertir en especulación financiera
• Consolidación del monopolio de en el segmento de billetera virtual
• Monetización de los datos del padrón
• Multiplicación en el cobro de comisiones a comercios por la extensión de las compras de los nuevos usuarios
• Cobro de tasas de interés extraordinarias para el adelanto de dinero a los/as usuarios/as
• Incentivo al endeudamiento doméstico: la reconversión de titulares de prestaciones sociales en sujetos tomadores de deuda favorece al fenómeno de explotación financiera de los sectores populares.
• Severos riesgos de seguridad para los titulares

Lo primero que debe conocerse es que los programas de transferencia de ingresos incluidos en la disposición no contenían intermediación política sino que establecían una relación directa entre los/as titulares y el Estado, a través de ANSES. La AUH, por ejemplo, es una percepción monetaria que paga el Gobierno Nacional a través de ANSES de manera directa a la población desocupada o en situación de informalidad laboral para equiparar el derecho al salario familiar de los/as asalariados/as con hijos/as hasta 18 años. Desde que se implementó en el 2009, el organismo de la seguridad social hizo convenios con los bancos, públicos y privados para abrir Cajas de Ahorro sin costo a las personas beneficiarias, donde se deposita todos los meses la prestación. El banco otorga una tarjeta de débito, pudiendo utilizarse también la billetera virtual como sucede con las app del Banco Nación o el Banco Provincia.

Entonces ¿Quién es el puntero VIP que ahora pasa a incorporarse a la gestión de la política social? Marcos Galperín es el fundador y CEO de Mercado Libre -la empresa de mayor valor bursátil en la Argentina- y ocupa los primeros lugares de la lista de millonarios argentinos en el puesto 552 del ránking mundial (el año pasado ocupaba el puesto 764) con una fortuna valuada en 4.900 millones de dólares. Mercado Pago es la Fintech del grupo y es la billetera virtual que más usuarios concentra en el país -por encima de los 8 millones y más de 21 millones sumando a Brasil y México-.

Galperín cambió su domicilio legal a Uruguay para evadir impuestos en la Argentina con lo cual, a pesar de haber multiplicado por 3,5 veces sus ganancias durante la pandemia, no pagó el impuesto a las grandes fortunas. También disfruta de frondosos beneficios fiscales equivalentes a los 100 millones de dólares por la reducción del 60% del pago de contribuciones patronales y otras ventajas del Régimen de Promoción de Economía del Conocimiento.

Pero el poder de Galperín no es la creatividad ni la innovación, es el poder de la guita. El magnate no es el ejemplo vivo del emprendedor, al contrario, la clave de su éxito fue básicamente pertenecer a una familia de millonarios y haber logrado un importante convenio con eBay a partir de lo cual pudo, luego, comprar a su competidora DeRemate. La lógica de expansión en cada segmento siguió esta metodología, la de comprar empresas de la competencia.

La fintech de su imperio, MercadoPago, representa el 45% de los negocios. Según el reporte contable, los ingresos netos de la firma alcanzaron casi los USD 1,4 mil millones durante el primer trimestre del año 2023, un crecimiento del 40% en dólares por los negocios de los servicios de pago, inversiones y del negocio de crédito.

En este sentido cobra importancia resaltar que al “pac-man” de los negocios se le está regalando la multiplicación de la red usuarios que de máxima sería equivalente a la magnitud del padrón, 7 millones, aunque muchos de los cuales seguramente poseen cuentas con anterioridad, el número no deja de ser masivo. Asimismo, el volumen de ingresos para la timba financiera se acrecentaría en más de $3,5 billones considerando el presupuesto anual vigente de los programas en cuestión. No debe pasarse por alto que el receptor de este traspaso de millones de datos desde el Estado, es justamente una empresa propietaria de una infraestructura digital cuyo principal modelo de negocio es la Industria de Datos basada en la publicidad a partir de la extracción y apropiación privada de datos.

Esta enorme cantidad de dinero que entrarían en las cuentas personales de la app, representa una significativa masa de liquidez que le permite a Merca Pago mayor arbitraje en los mercados financieros y una ganancia adicional por la brecha de tiempo de dos semanas entre la liquidación del organismo estatal y la disposición en la cuenta del usuario.

Como señalamos anteriormente, a diferencia de las cajas de ahorro, las cuentas son remuneradas a partir de integrar un fondo común de inversión. El rendimiento que actualmente abona la startup a sus usuarios es del 62% lo cual permite suponer la fintech le traslada el rendimiento que ésta realiza en el BCRA en cuentas remuneradas (considerando la tasa actual del 70% menos el encaje e impuestos de aproximadamente el 10%). Pero la mayor liquidez les permite diversificar y no tener que invertir sólo en instrumentos de corto plazo. El descalce temporal y la inversión en activos más riesgosos es mayor a partir del aumento de volumen de negocios. Más aún, siendo los títulos públicos hoy uno de los instrumentos más atractivos en el marco del nuevo ciclo de endeudamiento público, es altamente probable que la fintech de Galperín “invierta” y preste al Estado Nacional con fondos públicos. Es decir, Galperín le prestaría al Estado Nacional su propia plata a cambio de un interés.

Por otra parte, esta medida consolida la generalización del sistema de QR en favor de Mercado Pago ya que es justamente esta fintech la que cuenta con la mayor red de comercio adherido. Con lo cual, si bien no cobrará comisión por cada cuenta de los titulares de los programas sociales, la ampliación de transacciones asociadas expandirá el cobro de comisiones a los comercios donde consumirán los titulares.

Otro aspecto de suma relevancia es la profundización del endeudamiento doméstico que trae aparejada la disposición que estamos analizando. Las finanzas a través de las fintech hace tiempo que han logrado penetrar en las economías de los sectores populares por efecto de la extendida informalidad combinada con la limitación de los instrumentos tradicionales del sistema bancario y el acelerado avance de la digitalización. No obstante, la decisión del Gobierno Nacional implica la directa incorporación en la política pública de un negocio privado de intermediación financiera poniendo en desventaja a las herramientas públicas de intermediación existentes -con una lógica alternativa a la apropiación monopólica de rentas- como lo era PIM del Grupo Nación Servicios que podría potenciarse aprovechando la magnitud de la red de los programas sociales.

Pero la financierización de la política social no es algo novedoso aunque sí lo es el devenir de la política social en explotación financiera. Es decir, la sustitución de los derechos sociales por deuda ya había tomado impulso con el Gobierno de Macri a través de los Créditos ANSES para perceptores de asignaciones, jubilaciones y pensiones en un contexto de caída de ingresos y aumento de la pobreza (en el año 2018 se habían otorgado más de 3 millones de créditos). Adicionalmente, como el 93% de las titulares de la AUH son mujeres y el 60% tienen entre 25 y 40 años, se verifica un rasgo adicional que es la feminización del endeudamiento, especialmente en cabeza de mujeres jóvenes. Un estudio de la CEPAL indica que, al año 2022, en los hogares con niños/as a cargo donde la mujer es la principal sostén, el 20 % tomaron crédito ANSES y el 23 % deuda por Billetera Virtual para financiar la compra de alimentos y necesidades básicas, o para pagar cuotas de deuda lo que, a su vez, indica la presencia del sobreendeudamiento doméstico vinculado a la reproducción social.

En definitiva, la gravísima condición de ingresos de los sectores populares viene encontrando en las finanzas respuestas frente al abandono de la política pública que ofrece alivios transitorios pero una permanente sujeción como contrapartida. Es decir, el comando del capital financiero sobre los tiempos, el trabajo y las economías de los sectores populares con el fin de cumplir sus compromisos de deuda y ahora, a partir de esta resolución, una sistemática punción sobre los fondos públicos y prestaciones sociales. Si los créditos ANSES ya implicaban la financierización de la política social, la suspensión del programa de créditos -con tasas subsidiadas- junto con la entrada de Mercado Pago implica la sustitución de un acreedor público por un acreedor privado que logra una importante rentabilidad. Concretamente, las tasas de los créditos de la app suelen duplicar las bancarias a razón del mayor riesgo que implica prestar a personas que no son sujetos de créditos para el sistema bancario. Sin embargo, lejos estamos de que esa sea la situación para quienes cuentan todos los meses con ingresos sociales conforme a ser titulares de derechos de alguna prestación. Es decir, sobretasa para Mercado Pago con garantía de reembolso, negocio redondo.

Por último, a pesar de que la billetera virtual ofrecería soluciones financieras a los titulares que hoy están siendo castigados por la política de ingresos, no son pocos los riesgos a los que se los expone. Por un lado, Mercado Pago no es una entidad financiera con lo cual los fondos acreditados no están garantizados conforme a la legislación, es decir, no cuentan con un sistema de seguro de garantía de los depósitos. Asimismo, al ser una app sin oficinas, los canales de reclamos son más complejos y opacos, cuestión que no es menor por la mayor exposición a las estafas virtuales conforme a protocolos de seguridad de menor calidad que los tradicionales. Tampoco tiene mecanismos de reversión de operaciones denunciadas por los usuarios propietarios de las cuentas. De hecho, diversos estudios dan cuenta que al menos un 20 % de usuarios en Argentina sufrieron hackeos de su billetera virtual.

En definitiva, soluciones financieras transitorias y problemas de mayor alcance para los/as titulares de programas sociales, delegación de facultades y responsabilidades del Estado a las Fintech, explotación financiera a los sectores populares y múltiples negocios millonarios para las corporaciones del rubro que quieran participar.