Libertad… para saquear al pueblo trabajador

Por MARTIN SCHORR y FRANCISCO CANTAMUTTO

Han pasado ya los primeros 4 meses del gobierno de La Libertad Avanza, en los que ha actuado en abierta coalición con el PRO. Transcurrido este lapso, es posible establecer una caracterización del rumbo adoptado. Aunque claramente se inserta en el marco de las experiencias neoliberales que le precedieron, se les diferencia en un hecho relevante: el presidente electo hizo campaña señalando en forma explícita la necesidad de un ajuste fiscal feroz que limitara el accionar del Estado en la economía. Sin embargo, también insistió en que éste recaería sobre la llamada “casta”, compuesta ante todo por la elite política, pero expansible a empresarios prebendarios y sindicalistas, entre otros.

Habida cuenta de lo actuado en este tiempo, queda claro que anunció una verdad a medias: el ajuste fiscal efectivamente es feroz, como no hay antecedentes de igual magnitud, pero la mayor parte de la casta está de fiesta. Lo que se ha propiciado hasta el momento es una descomunal transferencia de ingresos desde la clase trabajadora y otros perceptores de ingresos fijos hacia núcleos muy concretos del gran capital. De hecho, parece que el poder económico concentrado ha incluso renunciado a un programa común, con chances de validación por legitimidad, optando en cambio por un esquema de saqueo mientras no haya alternativa.

Esto está ocurriendo mediante la intensificación de la recesión y la inflación que precedían a este momento. Sobre esto no hay mayor debate; la crisis es fenomenal. Pero a pesar de haberse endurecido severamente a partir de las medidas del gobierno actual, aún persiste en algunos sectores la interpretación de que se trata de medidas necesarias a cuento de desequilibrios previos. Esto permite sostener por algún tiempo más la gigantesca transferencia en curso. El gobierno, sus usinas mediáticas y su claque de exégetas han venido destacando el supuesto “éxito” de la política económica que, en su mirada, se manifiesta en tres aspectos: equilibrio fiscal, superávit comercial y desaceleración de la inflación. Más allá de la autocelebración oficial, queremos señalar las inconsistencias que existen en estos tres planos, que le ponen patas cortas a su esquema.

Drástico y regresivo ajuste fiscal

Milei pretende que los problemas del país tienen origen en un teórico exceso de gasto público, que generaría déficit, que se financia con emisión, lo cual induce a la inflación y desorganiza la economía como un todo. Cada tramo de esta cadena argumental está repleta de supuestos que fallan a la hora de la realidad. Pero aun así, permiten ver que atacar el gasto es, entonces, el centro de gravitación de su política. Y sobre esto ha actuado, en efecto, haciendo caer el gasto en cerca del 31% interanual para marzo de 2024. Esto le llevó a mostrar superávit primario e incluso financiero, según los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación.

Este “ahorro” se explica por un auténtico desplome de gastos muy sensibles socialmente. En primer lugar, de las jubilaciones y las pensiones, que se retrajeron alrededor del 31% el primer trimestre del año respecto de 2023, siendo un principal componente del gasto total. Las erogaciones de la obra pública (-85%) y las transferencias a las provincias (-83%) le siguen en relevancia por su brutal caída y peso en el gasto total. También disminuyeron los recursos destinados a financiar servicios públicos como la salud y la educación, que son también sostenidos por las provincias, de modo de conjugar una crisis general en estos sectores. De hecho, el sistema universitario –en boca de sus autoridades reunidas en el Consejo Interuniversitario Nacional– ha acusado una situación delicada, que compromete su propio funcionamiento. También se procede a una veloz licuación de la masa salarial. Y la virtual cesación de pagos en la que incurrió el Estado nacional con algunas empresas, como Cammesa (ligada a la distribución de energía eléctrica). Dicho de otra forma, se logra superávit dejando de pagar las cosas. Estos fueron los componentes del “ahorro”, mientras que la partida destinada al pago de intereses mostró un aumento del 7% interanual en el mismo período.

Esto está generando una caída en picada de los ingresos populares. Las jubilaciones cayeron un 32% entre noviembre de 2023 y febrero de 2024, mientras que los salarios de quienes trabajan en el Estado un 21% entre noviembre de 2023 y enero de 2024. Estas caídas, claro, continuaron en marzo y abril. Lejos de quedarse en el sector público, estos recortes pulverizan la demanda agregada, provocando una recesión generalizada, que impacta en el sector privado, cuyos salarios también cayeron en el orden del 20% en apenas dos meses. Aun así, el gobierno se niega a homologar paritarias entre privados que se acerquen a la inflación.

El Estado ajustó especialmente en aquellas políticas públicas que colaboran para reducir la desigualdad de género, así como también en otras ligadas a abordar problemáticas críticas (prevención del embarazo no intencional, atención a personas con enfermedades terminales, etc.). Las políticas sociales han sido tan recortadas que el propio FMI advirtió sobre sus efectos sociales en la última revisión del acuerdo que tiene vigente con la Argentina.

De modo que el ahorro fiscal ha sido descargado fundamentalmente sobre las personas que trabajan en el Estado, sobre las mujeres, sobre quienes perciben jubilaciones y pensiones, quienes utilizan la salud pública y se educan en la escuela pública, y quienes trabajan en la obra pública (las cámaras empresariales indican que en los primeros meses del gobierno se perdieron aproximadamente 100.000 puestos de trabajo en el sector).

Como contrapartida, el renglón del gasto que ha venido creciendo, y mucho, es el que se vincula con los pagos de la deuda pública o, dicho de otro modo, con garantizar la canalización de recursos del conjunto de la sociedad al capital financiero (local e internacional). Los datos existentes expresan de modo elocuente cuál es el orden de prioridades de los “libertarios”: a comienzos de este año los pagos de la deuda representaron el principal componente del gasto del Estado desplazando a las jubilaciones al segundo lugar.

Más allá de este sesgo social del ajuste, se trata de un proceso que se muerde la cola, que dinamita su propia lógica. La caída del gasto alimenta la recesión, lo cual hace caer la recaudación, anulando parte del “ahorro”. Así, se entra en una espiral descendente sin fin propio. Los números fiscales ya mostraron una caída en la recaudación de todos los impuestos ligados a la actividad doméstica, centralmente el IVA y el impuesto al cheque, tanto en febrero como en marzo. Si se avanza con el recorte, más cae la actividad, y más la recaudación, con lo que el perro se muerde la cola. Los impuestos que siguen aportando recursos son los que recaudan por comercio y operaciones con el exterior (incluyendo el impuesto PAIS), justamente aquellos que el gobierno pretendía eliminar. Más allá de los problemas de divisas que comentamos a continuación, el gobierno no puede desarmar los controles cambiarios y los impuestos al comercio exterior porque dinamitaría completamente el resultado fiscal. De modo que queda atrapado en una trampa que se tendió solo.

Fragilidad externa

El otro frente donde el gobierno pretende mostrar éxitos no es muy diferente. Se trata del balance cambiario, que pretende mostrar como “ganado” por la acumulación de reservas internacionales en el Banco Central. La realidad, sin embargo, es más compleja y da cuenta de una suerte de artilugio: se “acumulan” reservas, pero las reservas netas son negativas (por acumulación de deudas por parte del BCRA).

En lo que respecta al balance comercial, el cuadro de “holgura” se explica en parte por cierta liquidación de exportaciones (sobre todo del rubro energético) y, en lo sustantivo, por una acelerada caída de las importaciones. Esto último es efecto (previsible y buscado) de la recesión económica, lo mismo que por el manejo discrecional en el abastecimiento de divisas para los importadores. El desplome de la actividad significa menor inversión y pérdidas de empleo. Si para sostener este bajo nivel de compras al exterior solo se induce recesión, sin reemplazo de importaciones por producción local, se trata de un engaño. Apenas despuntara un atisbo de crecimiento, las importaciones reaccionarían, anulando el resultado. Por eso la recesión es funcional al esquema de ahorro externo, y no un efecto colateral. Es interesante porque la propia crisis de actividad e ingresos ha frenado en seco la compra de dólar ahorro minorista, e impulsó incluso su venta en el mercado ilegal, lo que frenó la fuga de capitales y disminuyó la brecha cambiaria. Insistimos, a base de crisis.

Por el lado de las exportaciones la situación es mejor que la de 2023, cuando la cosecha se vio pulverizada por una sequía histórica. Aun así, hay grandes dudas en las bolsas de valores locales sobre las cantidades y los precios internacionales, que vienen bajando. Esto abre dudas sobre cuánto será su aporte total en 2024, pero introduce además otro problema: la liquidación de las ventas por parte de las grandes acopiadoras será reducida al mínimo en el corto plazo, tratando de presionar por un nuevo salto en el tipo de cambio. Seguramente es por eso que los productores agropecuarios han venido jerarquizando la compra de silobolsas por sobre la renovación de los stocks de maquinaria agrícola. La prensa especializada indica que los productores esperan liquidar lo necesario para saldar deudas y reiniciar el ciclo productivo, el resto parece que esperará para ir al mercado.

El cuadro comercial señalado le permitió al Banco Central adquirir divisas los primeros dos meses de gobierno, aunque se estancó desde entonces. Ahora bien, el total de reservas acumuladas es menor a la deuda que acumuló con los importadores, a quienes en lugar de entregar dólares, les vendió unos bonos novedosos (los BOPREAL) bajo la promesa de entrega futura de divisas. Esto implica una exposición en moneda extranjera para el Banco Central en los meses que siguen, con el aditivo de que los tenedores de estos bonos pueden exigir su recompra en cualquier momento, obligando a su liquidación. Son instrumentos muy sensibles a la coyuntura financiera y cambiaria. Toda la acumulación de reservas ha sido por no pagar importaciones, y colocar en cambio deuda. No se trata de un esquema sostenible, a las claras.

Para poder sostener el resultado externo en esta situación, el gobierno ha dispuesto una batería de instrumentos para revitalizar la famosa bicicleta financiera, tratando de captar fondos especulativos, la especialidad del ministro Caputo. Se anunció un canje de deuda en pesos del Tesoro por el equivalente a 64.000 millones de dólares (la mitad está atada a la cotización del dólar), al tiempo que se autorizó a emitir nueva deuda por 12.000 millones de dólares y 5 billones de pesos. Y aunque la tasa de interés de referencia no logra cubrir la inflación nacional, supera la tasa esperada de devaluación: permite tener ganancia en dólares, aunque licúe los ahorros en pesos. Una vieja triquiñuela para sostener el ajuste, la de convocar fondos especulativos de corto y cortísimo plazo.

Hasta ahora, sin embargo, solo ha sostenido colocaciones locales, sin generar ingresos masivos de fondos. Y esto responde a la propia inconsistencia del planteo. Primero, si se espera una nueva devaluación, esta puede anular la ganancia en dólares, de modo que no se ingresarán las divisas si no hay expectativa de un tipo de cambio “planchado” a futuro. Segundo, Caputo ya hizo esto en 2016-2017, pero con un país menos endeudado, no como ahora que está al borde la crisis de pagos. Los fondos saben cómo terminó en 2018 y piden garantías. Tercero, para ingresar, exigen que se quiten los controles de cambios, para poder salir luego, pero estos no se pueden sacar… justamente porque faltan divisas para sostener el tipo de cambio. Cuarto, la inconsistencia del ajuste fiscal que sostiene la acumulación de reservas y su impacto social hacen que sea poco probable que se pueda sostener sin cambios mucho más. Por todas estas razones, la timba está propuesta pero los comensales aun no aparecen. Para lidiar con ello, Caputo salió de gira a Washington, renovando la misma propuesta de 2016: un nuevo blanqueo de capitales, esta vez más agresivo. Se repite el ministro, esta vez como grotesca farsa.

¿Inflación colapsada?

La inflación era la madre de las batallas para el ahora presidente. Y según sus dichos, se trataba de un problema meramente monetario. El argumento es que la suba de precios se asocia de manera unívoca con la emisión monetaria (resultante, a su vez, del déficit fiscal). En consonancia, lo que ha desplegado hasta aquí el gobierno es algo clásico para el enfoque monetarista: “déficit cero” (sobre las bases apuntadas más arriba) y desmonetización, esto es, una virulenta licuación del valor real de los pesos en circulación y en disponibilidad de las personas. Esto hace que no asocien la disparada de precios a la brutal devaluación de diciembre de 2023, la liberalización de precios, la autorización inicial de subas de la medicina prepaga y las escuelas privadas, el aumento de los combustibles o la suba de tarifas.

Y, sin embargo, en ese marco, el presidente y sus secuaces celebraron la inflación mensual de marzo del 11% como un éxito, de supuesto retroceso en esta dinámica. Omiten que diciembre de 2023, enero y febrero de 2024 fueron los meses de más inflación desde 1991, acumulando un 90% en los primeros 4 meses de gobierno. El gobierno asume que la inflación bajará, al galope de la recesión.

Pero las remarcaciones no han cedido en rubros sensibles al consumo popular, como los alimentos y los medicamentos, lo cual ha llevado al gobierno a hacer gala de un pragmatismo notable, al sentarse a negociar con grandes formadores de precios o alentar el ingreso de importaciones como vía para “disciplinar” a esos jugadores. La inflación era un fenómeno monetario en todo tiempo y lugar… hasta que toca gobernar y el “mundo real” no para de dar muestras de lo inconsistente del marco teórico “libertario”.

En esta línea de “contradicciones” se inscribe la reciente decisión de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que establece el reajuste de los valores de las cuotas de los planes de salud del oligopolio (cartelizado) de la medicina privada en función de la variación mensual de la inflación. Ello, luego de que el gobierno desregulara la actividad de ese oligopolio y diera rienda suelta a aumentos desmedidos por parte de las empresas, lo que desembocó en la proliferación de amparos y numerosos fallos judiciales a favor de los usuarios del servicio.

La continuidad en la reducción de la inflación (insistimos, aún a niveles récord) depende centralmente de la continuidad del ajuste fiscal y monetario, la recesión, la licuación de ingreso, pero también del ancla cambiaria. Se requiere que no haya abruptas nuevas devaluaciones. Para ello, es preciso que los acopiadores del agro empiecen a liquidar la cosecha, que ingresen las inversiones especulativas que referíamos antes, o que se establezcan condiciones para un nuevo ciclo de endeudamiento externo. Todo lo cual imprime un escenario de elevada precariedad económica que pone en duda la atracción de las divisas que se necesitan. Por estas y otras razones, la deriva del rumbo económico ha suscitado críticas incluso de parte de think tanks ultraortodoxos (como el CEMA).

Si el gobierno quiere que liquiden divisas los exportadores o que las ingresen los especuladores, debe volver a devaluar y sostener el tipo de cambio al nuevo nivel. Pero esto desatará otra ronda inflacionaria, que morderá las bases de su propio esfuerzo: la devaluación del 100% de diciembre ya está prácticamente liquidada por las subas de precio de 4 meses… ¿cuánto tiempo ganaría con una nueva devaluación? La experiencia reciente indica que muy poco, insuficiente para destrabar los problemas económicos locales pero fundamental para viabilizar un nuevo deterioro de los salarios y los ingresos.

Un plan de saqueo

Por todo lo planteado, aún es temprano para considerar que estamos viviendo un plan de estabilización. Como mucho, que no es poco, se está ante un drástico y profundamente regresivo reordenamiento de precios relativos, algo que suele preceder a los planes de estabilización. Tampoco ha logrado el gobierno pasar grandes reformas estructurales. Lo que sí está en curso es un severo proceso de ajuste fiscal, que muestra una distribución de resultados bien clara, sobre la cual se regodean con crueldad los fanáticos del gobierno.

Entre los ganadores de esas traslaciones de ingresos se encuentran el capital financiero, los sectores concentrados de la producción y la comercialización, algunos proveedores de servicios regulados y las compañías petroleras. Entre ellos, con todo, no puede alegarse la existencia de un programa común, coherente y con expectativas de legitimidad, como en su momento intentó representar Cambiemos. Por el contrario, se alienta la desesperación y la falta de alternativas como fundamento principal. Mientras se sostiene, cada grupo empresario parece estar saqueando lo que puede.

Entre los perdedores, está sin dudas en el primer lugar la clase trabajadora y todas las personas que viven de un ingreso fijo (jubilaciones y pensiones, planes sociales, etc.), en especial quienes están en posición de mayor vulnerabilidad. También están perdiendo gran parte de los segmentos empresarios que sostienen su acumulación en el mercado interno (pequeñas empresas y comercios, que ya están cerrando sus puertas). Con menos demanda y mayores costos, están viendo de manera acelerada una película que ya conocen.

Sobre esto último, todo indica que estamos frente a un inminente y nuevo industricidio en la Argentina, como ocurrió en la última dictadura cívico-militar, bajo la convertibilidad y en tiempos del macrismo. La industria está operando casi a la mitad de su capacidad instalada, valores solo comparables con el primer semestre de 2020 en plena pandemia de COVID-19. Básicamente, muchas empresas enfrentan (y afrontarán) serios problemas de sustentación ante la retracción del mercado interno, en un escenario muy complejo signado por la apertura comercial, la suba de costos (servicios públicos, logísticos, etc.) y la ausencia de políticas productivas en general, y de financiamiento en particular. Un combo que ya probó ser letal para buena parte de las industrias de nuestro país, en especial las ligadas a la micro, pequeña y mediana producción. Y que desembocó en situaciones críticas en muchos frentes, por ejemplo, en el laboral.

Hasta aquí el manejo de la economía ha probado ser eficaz para consumar un saqueo ostensible del pueblo trabajador. Lo que es cada vez más evidente es que ello es inconsistente en términos de la gobernabilidad social y política, así como de la plena vigencia de las libertades democráticas. Una cosa es asegurar rentabilidad extraordinaria para algunos pocos capitales concentrados y otra muy distinta es que ese proceso sea apoyado por los sectores que lo hacen posible merced a la degradación de sus ingresos y sus condiciones de vida. De allí que no sea casual que, en ese escenario, importantes actores del “círculo rojo” o de la “casta” (incluyendo, por caso, a Paolo Rocca del grupo Techint, el FMI, la embajada de EE.UU. y el propio Domingo Cavallo) han venido planteando advertencias de distinta índole sobre esta cuestión.

El programa económico del gobierno no es nuevo en su sentido, solo lo es en su intensidad y velocidad. También, por el momento, en la falta de consideraciones sobre su propia viabilidad social y política. Si las advertencias de sus afines ideológicos son certeras, su camino de ajuste nos lleva a un nuevo estallido económico y social. Nuevos ropajes para una vieja obsesión del poder económico: liquidar nuestras vidas. Por suerte, los procesos económicos son a la vez, y fundamentalmente, procesos sociales: la calle también habla e incide (o podría hacerlo) en el devenir de los acontecimientos.