¿Otra vez reforma laboral?.

Por ANA C. RAMERI –

1. ¿Es necesaria una reforma laboral en Argentina? ¿Por qué?

Ante la pregunta de si es necesaria una reforma laboral, lo primero que hay que distinguir es el para qué, es decir, qué preocupaciones son las que agitan esa necesidad, o más precisamente, cuál es el diagnóstico sobre la crisis del mercado de trabajo que sostiene como salida una reforma laboral.

A nadie se le escapa que la visión dominante, aquella que se repite al unísono en los principales medios de comunicación, asume un sentido favorable a flexibilización de las leyes laborales. Pero lo que se omite, toda vez que la presentación del debate es sesgada, es que existen otras perspectivas que son capaces también de reconocer la crisis laboral actual pero cuyos diagnósticos y salidas se le oponen diametralmente. Para ponerlo en pocos términos lo que está en juego es una disputa entre un proyecto que busca extender y consolidar las prácticas de flexibilización y uso precario de la fuerza de trabajo y otro -aquel que corre en los márgenes y cuyo crecimiento ha generado la sobrereacción de los factores de poder- que reclama por nuevas instituciones y regulaciones que sean capaces de mediar en la relación capital-trabajo contemporánea, asumiendo las transformaciones experimentadas.

El argumento del proyecto flexibilizador es bastante básico. La idea general es que las razones que explican la escasez de oportunidades de empleo son las rigideces de la normativa laboral, los marcos regulatorios actuales “asfixiantes”, los límites para despedir libremente y las responsabilidades de la parte empleadora para la protección social de sus trabajadores/as. La salida, concluyen sus defensores, es alcanzar una normativa laboral adaptable a los ciclos económicos y una reducción del costo laboral para que además pueda competir con la inexorable automatización del trabajo.

Abundan los puntos débiles. Por un lado, la historia reciente ofrece testimonio sobre la escisión entre el comportamiento de la macroeconomía y del empleo respecto de las leyes laborales. El último período de mayor generación de ocupaciones asalariadas formales se dio entre el año 2005 y el 2008 (medio millón de puestos de trabajo creados por año), bajo la misma legislación que operó durante el período 2016-2019, en la administración de Macri, durante la cual se perdieron 220.000 puestos de trabajo. Asimismo, la introducción de grados de flexibilización desde el año 1991 con la modificación de la Ley de Empleo para comenzar a remover la idea de una relación salarial por tiempo indeterminado y la incorporación de contrataciones flexibles, entre otros aspectos, lejos de tener un efecto virtuoso en el empleo, convivió con la expansión del desempleo y la escalada de empleos precarios.

Pero las refutaciones no sólo pueden encontrarse fronteras adentro. Sin ir más lejos, la reforma brasilera del 2017 que promovió los acuerdos individuales para fracturar la negociación colectiva, extendió la jornada laboral, redujo responsabilidades patronales entre otros aspectos, no evitó que el desempleo siguiera subiendo al año siguiente en más e 3 millones al tiempo que cayeron los puestos formales en 2,7 millones y aumentaron en 2 millones los empleos informales.

Por otra parte, la discusión conocida como el futuro del trabajo se presenta como una trampa. Puesto generalmente en términos de competencia, la fuerza de trabajo vs la automatización del trabajo, la robotización y la inteligencia artificial (hoy es furor por la salida reciente del Chatgpt), plantea una encerrona. Primero la plena sustitución es improbable, la historia de la automatización es vieja y el fantasma ya estaba presente con la incorporación de la maquinaria en la gran industria del siglo XIX. Lo que ha venido pasando es que el mapa de funciones del trabajo se reconvierte frente al avance tecnológico, pero no se elimina, se vuelve más cognitivo y se complejiza. Pero más allá de esto lo que conviene tener presente es que, por un lado, no podría nunca estimarse el precio de la fuerza de trabajo en términos de costo de oportunidad respecto al uso de tecnología porque tendería a cero, y ello resulta civilizatoriamente imposible. Y, por otra parte, debe considerarse que la tecnología no necesariamente se opone al trabajo humano sino que depende de cómo se la gestione. Es decir, el mayor rendimiento productivo que permiten las nuevas tecnologías podría servir, por ejemplo, para financiar una garantía de ingresos que permita reducir la jornada laboral. Así, en lugar que generar desempleo, sobreempleo o más precariedad sería posible diseñar esquemas de menor tiempo de trabajo, más formación o bienestar si se regula con otros criterios. En definitiva, lo que quisiera resaltar es que el argumento del cambio tecnológico para incorporar pedidos de flexibilización laboral no es verdadero.

En este sentido, una reforma laboral está muy lejos de ser necesaria. No lo es ni siquiera para los grandes modelos de negocios del nuevo siglo basados en una organización técnica en red que ya han instalado en la práctica la regla de la subcontratación directa de fuerza laboral. Es el paso de la forma salario a la forma factura como forma dominante de explotación de la fuerza de trabajo que viene operando en los hechos, sin que haya mediado una reforma. La necesidad, en realidad, tiene que ver con otro tipo de batalla, con una lógica de acumulación de poder del Poder (con mayúscula). Éste, a diferencia de lo que comúnmente se cree -por ser quien concentra riqueza- no es quien más produce, sino que tiene la principal función destructiva en una sociedad porque es un gran productor de crisis (función que desempeña por excelencia, el establishment financiero). Y son justamente las crisis las que generan condiciones de posibilidad para relanzar nuevos cercamientos de los patrimonios, territorios y espacios comunes. Algo de esto entiendo que ocurre con la instalación de la reforma laboral: no se trata de reducir los costos laborales ya en descenso, o de acelerar el proceso precarizante en curso del trabajo y la vida, sino de rebanar un patrimonio común simbólico que resulta amenazante para sus intereses. Me refiero a la herencia de un reservorio de lucha social, cristalizado en parte en la legislación laboral, que tuvo como objetivo político la autovalorización del trabajo y la independencia del salario respecto a los criterios de producción capitalista hasta mediados de los ´70. La idea de la reforma en clave de acentuar la descolectivización de una clase ya fragmentada custodia, de alguna manera, las nuevas subjetividades políticas que actualmente buscan nuevos modos de articular lo disperso, como los feminismos y diversos movimientos sociales, que disputan riqueza por fuera de los mecanismos tradicionales.

2. ¿Cuáles deberían ser los ejes centrales para repensar el mercado laboral?

Si buscamos, entonces, cuáles serían los ejes para repensar el mercado laboral desde otra perspectiva, la reforma que reclama por nuevas instituciones y regulaciones que sean capaces de mediar en la nueva relación capital-trabajo del siglo XXI, es aquella que entiende que el régimen de empleo asalariado formal está en crisis, que nos debemos una debate sobre la concepción restringida de la categoría trabajo -hoy asociada solo al empleo-  y que la figura del capital presente en la legislación laboral actual ha mutado y se ha alejado de esa idea de patrón industrial que existía en épocas anteriores.

Para precisar un poco más. La crisis del régimen de empleo implica que a partir del cambio del régimen de acumulación y del quiebre de la Argentina industrial, la inserción asalariada (formal) deja de ser la relación de trabajo dominante. En los últimos 50 años, 7 de cada 10 personas que ingresaron a la población económicamente activa fueron a parar a la desocupación o a la informalidad laboral. No obstante, el sueño reindustrializador en una economía globalizada, financierizada y bajo los esquemas y criterios organizativos neoliberales, vuelve improbable la restauración de una sociedad salarial, que luce nostálgica cuando se la compara con el cuadro laboral actual pero que había sido resistida desde distintos sectores (estudiantes, mujeres y el movimiento obrero radicalizado) en su momento apoteótico.  

En segundo lugar, la discusión sobre el trabajo involucra el reconocimiento de actividades humanas que son socialmente útiles, generan riqueza social e incluso, producen valor económico porque participan en la formación de la tasa de ganancia de distintos modelos de negocio contemporáneos. Sobre este aspecto, debemos atender lo que nos dicen los feminismos -y actualmente el feminismo popular- cuando vuelven a discutir la categoría de explotación en el capitalismo actual que, a través de la extensión del endeudamiento doméstico, traduce en renta financiera el conjunto de esfuerzos, actividades y economías que pertenecen a la esfera de la reproducción social. El capital en general, no sólo el financiero, ha encontrado el modo de sacar provecho del saber social colectivo que en el marco de las TIC´s se vio potenciado, y se convierte en principal fuerza productiva.

En tercer lugar, vinculado a lo anterior, esta mutación del capital, alejada de la imagen típica de patrón, nos obliga a repensar las mediaciones e instituciones que el Estado tiene para regular al capital y, más específicamente, para lograr una captura pública del producto social.  El razonamiento es bastante evidente: si el capital logra explotar la vitalidad social y los tiempos que exceden la jornada laboral, debemos entonces problematizar el hecho de que los mecanismos de distribución de los ingresos y provisión de derechos y garantías sociales estén centrados sólo en ámbito laboral. Ello no implica devaluar la normativa vigente sino ampliarla y reforzarla incorporando, por ejemplo, esquemas que tengan eje en la universalización y la democratización (de ingresos, de formación y capacitación, de cuidados, de derechos, etc). Universalización y democratización que, inclusive, son condiciones necesarias para que todo cambio de carácter progresivo en la norma escrita, tenga vigencia en la práctica. El ejemplo es sencillo, si se estipula una reducción de la jornada de trabajo sólo por ley, ésta no tendrá efecto en la mitad de la fuerza de trabajo, si no se implementa junto a la garantía de un ingreso de calidad para que los/as trabajadores/as puedan prescindir de realizar jornadas extenuantes. Mientras para el segmento formal, la democracia y libertad sindical permitiría fortalecer la capacidad de negociación para adecuar el actual esquema sindical por rama de actividad a la luz de los procesos de integración, diversificación, conglomeración, cambio tecnológico y deslocalización de la producción actual.

3. Entre las propuestas planteadas por los partidos políticos y el empresariado argentino, ¿hay algún punto que considere alarmante?

Hay dos ideas preocupantes que están presentes en los discursos públicos del sector más reaccionario del sistema político y del empresariado que son: el intento por naturalizar los despidos como un derecho del empleador y la búsqueda por legalizar el fraude laboral que implica la tercerización del trabajo.

El primero, hace rato que viene dando vueltas de la mano de diferentes propuestas como lo fue hace un tiempo el debate sobre la “mochila austríaca” que sería el modo de reemplazar las indemnizaciones por una especie de fondo individual financiado con un aporte del salario. Un proyecto similar llamado Fondo de Cese Laboral presentó Lousteau en el 2021 que, de algún modo, también busca desvincular o aliviar la responsabilidad del empleador cuando termina una relación de trabajo. Lo grave de ello es que se pierde el efecto disuasivo que tiene la indemnización para resguardar el empleo.

Y, en segundo lugar, el lobby feroz de las grandes empresas, en especial las grandes corporaciones tecnológicas, propietarias de las infraestructuras digitales cuyo modelo de negocios recurre a una ultraflexibilización del trabajo camuflada en un formato de “economía colaborativa”. Sobran los estudios que demuestran que estamos ante un flagrante fraude laboral. Pero el problema no es demostrar lo evidente, sino que esta batalla la tienen que dar Estados debilitados (endeudados diríamos en nuestro caso) frente a las corporaciones más monopólicas de la historia del capitalismo. Mayor asimetría todavía se produce si se trata de Estados provinciales, como es el debate actual en la legislatura bonaerense para avanzar en una regulación a las app de delivery. Sin volumen político, esa disputa abre la puerta para que, como decía, el pasaje del salario a la forma factura signifique la concreción una devaluación del estatuto social del trabajo y una ruptura radical al verificarse que, por primera vez en la historia, la subsistencia de la fuerza de trabajo deja de ser un problema del empleador.

* Publicado en versión papel en la revista Malas palabras

Foto:  Reforma laboral, fuente El Pais