Levantamiento popular en Jujuy, dos voces desde el barro.
El gobernador saliente de Jujuy, Gerardo Morales, mantuvo una olla a presión, una “paz” sostenida en un Estado autoritario, con fuerte control policial de la población, para garantizar la avanzada extractivista en distintos órdenes, con la complicidad del PJ de la provincia. Ante el estallido social que a todas luces involucra sectores muy diversos que legítimamente protestan, tras una elección con bajísima asistencia ciudadana, la represión fue salvaje e ilegal, con todas las mañas paraestatales (autor sin patentes, civiles sin identificación, infiltrados, inteligencia sin orden judicial, etc.). El levantamiento jujeño logró, por el momento, alguna marcha atrás del gobierno de Juntos por el Cambio que, en los medios y las redes, se dedica a inventar conspiraciones y distribuir falsedades al mejor estilo trumpista o bolsonarista.
Entrevistamos a Esperanza Pereyra que se encuentra en San Salvador, del Movimiento Nacional Campesino Indígena en Jujuy, y a Miguel Ángel Serrano, de la Comisión Gremial Interna del Banco Credicoop y militante de la Bancaria Jujuy, para comprender la dimensión de la movilización contra un gobierno que pretende la suma del poder.
¿En qué momento comenzó para ustedes a percibirse esta avanzada autoritaria del gobierno de Gerardo Morales? ¿Desde cuándo comenzaron a organizarse y sumarse a la movilización general?
Esperanza: Como Movimiento Nacional Campesino Indígena, desde el momento en que supimos del intento del gobernador Gerardo Morales de reformar la Constitución provincial hace casi un año, comenzamos a trabajar para detenerlo. Hemos sido parte del Cabildo Abierto que se hizo aquí en la provincia de Jujuy, tratamos de todas las formas posibles de no llegar a esta instancia… Vimos cómo se adelantaron las elecciones provinciales y se incluyeron las listas de convencionales constituyentes, encabezadas por Morales. Cuando en un principio se habló de reforma constitucional, se metieron con el tema de la tierra, que para nosotros es muy importante. Creemos que estas leyes que están saliendo ahora no solo no nos brindan más derechos, sino que nos los quitan. Aparte de meterse con la stierras y la educación criminalizan la protesta social con el eslogan de la “paz social”.
Miguel: La lucha de los docentes comenzó a principios del mes de junio, por una cuestión salarial, a la cual se van sumando los otros actores, que son los trabajadores de la salud, los municipales y el resto de los trabajadores estatales… Hay una precariedad muy grande, porque en el caso de los trabajadores municipales hay compañeros que trabajan con planes que pasan a la dependencia como contratados donde adquieren obra social, pero ganan peor aún. Entonces, el conflicto tiene que ver con los salarios y en el medio aparece este intento de reforma de la Constitución. Ese proceso que tenía que haber sido extenso, con consultas a los distintos actores, con participación popular, no se hizo así. Esta reforma de la Constitución cercena el derecho a reunión, el derecho a manifestarse… establece pautas para las manifestaciones o para poder hacer una huelga, para visibilizar conflictos o expresar ideas pidiéndole permiso al Estado. Y los trabajadores advirtieron el riesgo para su libertad. Pero se sumó mucha gente distinta del pueblo jujeño, incluso las mujeres que vienen reclamando por el esclarecimiento de distintos femicidios que quedaron impunes durante los gobiernos de Morales.
¿Cómo se componen las organizaciones tan temidas por el gobierno de la provincia de Jujuy del refrendado Morales? ¿Cuál es el tipo de “terrorismo” que practican?
Esperanza: En Jujuy tenemos un equilibro entre organizaciones sociales, comunidades originarias y organizaciones tanto rurales como urbanas. La injusticia que hace siete años y medio hay en Jujuy nos ha ido uniendo. Entre las organizaciones hay unidades productivas que trabajan en la parte textil, en la parte de huertas, también merenderos y comedores, así como la parte frutihortícola y ganadería. Es una parte de la economía de la provincia que nace de las organizaciones de la economía popular y comunitaria. También los estudiantes organizados dentro de las universidades resisten.
Miguel: También es muy importante la participación de las comunidades originarias, que empiezan a llegar desde lugares muy alejados, incluso más de 300 kilómetros… organizando el Tercer Malón de la Paz (habiendo sido el primero en 1946, durante la primera presidencia de Perón). Manifiestan su derecho a la posesión de sus tierras ancestrales, que con esta reforma no está garantizado. Dice que se garantizan sus saberes, su cultura, pero no la tierra. Ahí donde ellos viven, cultivan y crían sus animales como método de subsistencia, hay litio y oro. Eso es lo que despertó la codicia de quienes gobiernan que se asocian con las empresas que pretenden hacer las explotaciones.
¿Las protestas actuales, tienen relación con los levantamientos que tuvieron lugar en la década del 90? ¿Qué cambió en cuanto a la organización social, por un lado, y los métodos de la clase política y empresarial, por otro?
Miguel: Es cierto que en los años 90 nosotros hemos tenido situaciones de mucha conflictividad social, dificultando la gobernabilidad[1], llevándose puestos gobernadores, en parte por los bajos salarios de los trabajadores, pero en ese momento sin una red de contención. Hoy en día, se moviliza un pueblo pacífico cuya única arma era una bandera y fue violentamente reprimido, se atacó a los movimientos sociales y a los compañeros de los gremios, que ni siquiera les permitieron llegar a la Legislatura, donde se juró la Constitución en un trámite exprés a espaldas del pueblo. No se debatió ni una semana, fue un trámite de escribanía, se leyeron solamente los artículos y los aprobaron por unanimidad. Es un momento muy triste porque además se produjeron las detenciones de muchos compañeros y no sabemos ni la identidad de todos, ni a dónde se los llevaron. Aparte de todos los compañeros heridos por la balacera con balas de goma ordenada por el gobierno de la provincia. Se realizó una caza de brujas y se detuvo y mandó a prisión a cualquier persona que circulaba por la calle. Hoy, mientras te respondo, una madre buscaba desesperada a sus hijas a las que había mandado a dejar un encargo de maicena y les detuvo la policía… Esa es la situación a la que nos somete el gobierno de Morales.
De alguna manera sus proyectos y militancia tiene que ver con una forma de vivir, de entender la economía y la producción… ¿Cómo es la política de Morales, si pudiéramos establecer una comparación?
Esperanza: La política del gobierno es totalmente contraria… por ejemplo, hay una empresa que se llama Xuma creada por el gobierno de la provincia (financiada por Agua Potable Sociedad del Estado) que nos vende nuestra propia agua de los manantiales en botellitas, cuando en las comunidades muchas veces no tenemos acceso al agua, ni para la producción ni para tomar nosotros… incluso hay escuelas rurales sin agua. Otro caso, que fue fundamental para Morales en su primer mandato, es el de la empresa Cauchari, a la que le autorizaron un préstamo desde un banco chino (por 331 millones de dólares) solo para hacer un negocio para ellos (https://jujuydice.com.ar/noticias/jujuy-3/parque-solar-cauchari-la-gran-estafa-jujenia-47369). También está la situación de Cannava, la empresa de explotación de cannabis que significó que Morales le autorizó a su propio hijo un préstamos de 26 millones de dólares (https://www.eldisenso.com/politica/jujuy-morales-le-autoriza-a-su-hijo-26-millones-de-dolares-del-presupuesto-2021-para-ampliar-su-cultivo-marihuana/). Para sacar adelante esa empresa privada pretenden desalojar a 450 familias productoras frutihortícola en la zona de la finca El Pongo, cuyas frutas abastecen la zona de los valles. Por otro lado muchas veces se intenta desalojar a familias para hacer negocios inmobiliarios o directamente para liberar tierras y rematar nuestros recursos naturales. En el fondo la idea que tienen es la de desarticular a las organizaciones sociales y las comunidades originarias, que dejen de existir
¿En qué medida el encarcelamiento de Milagro Sala, llevado adelante por un poder judicial modificado por el propio Morales –con dos nuevos miembros en la Corte provincial que cuando legisladores votaron la ampliación y después ellos mismos ocuparon esos lugares– y seguido de una campaña mediática muy fuerte tiene relación con lo que pasa hoy? Da la impresión de que tanto esa detención política, como la absurda versión que hace correr el ex gobernador saliente, según la cual Milagro Sala financia desde la cárcel un levantamiento a todas luces genuino, heterogéneo (incluso con participación de gente enfrentada a Milagro Sala) y de carácter popular, forman parte de un proyecto que apunta a la suma del poder.
Esperanza: Sabemos que Milagro Sala es una presa policía, que primero fue criminalizada como lo están haciendo con nosotros, pero todavía no pueden meternos presos así nomás. Creemos que la reforma es lo que le va a permitir detenernos arbitrariamente y quitarnos nuestros derechos legítimos a marchar, hacer huelgas o protestar. Después de la detención de Milagro Sala se dio una cacería por parte del gobierno de Morales contra las organizaciones sociales y quienes estamos dentro de la economía popular, social y comunitaria, a quienes trabajamos en las huertas o en la ganadería. Hay una persecución constante, hubo allanamientos y nos decían que no nos podíamos organizar… Es una ridiculez, hoy nos organizamos además entre vecinos, en centros vecinales, clubes y otros espacios. Nos genera mucha desilusión que esta cacería se pueda llevar adelante así nomás… somos trabajadores independientes, muchas de nosotras trabajan en tierras campesinas y tierras indígenas que son parte de la cultura y de la historia de esta provincia, Pero se ve cada vez más claro cómo quieren alejarnos de nuestros territorios, de nuestros pueblos, de dejarnos solo la posibilidad de trabajar en una empresa como mano de obra barata. Eso no lo queremos y trabajamos día a día en los barrios, en las comunidades, en los campos, para reunir un poder popular que nos ayude a contribuir a la provincia, porque todo lo que producimos es siempre para el bienestar de nuestro pueblo.
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[1] Según el investigador Adrián Pablo Berardi Spairani sobre las protestas de mediados de los noventa, “dos hitos marcaron esas protestas: 1) La Marcha de la Dignidad, que unió la ciudad de San Salvador con La Quiaca el 12 de junio en 1996 (allí se leyó un pliego de reivindicaciones que incluía, entre otras, la creación de un fondo de desempleo, que se frenen los despidos y se paguen los salarios en tiempo y forma) (Kindgard, 2009); 2) cortes de ruta masivos9 entre los meses de mayo y junio de 1997, donde la principal característica fue la unidad entre la figura del desocupado y la lucha de los trabajadores ocupados (Valerdi, 1998 y Rodríguez Blanco, 2002 y 2011).” (Nota de Coyunturas)
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